Transcripción de la entrevista con Ángel Arellano
El sábado pasado, durante una rapiña a un supermercado en la zona de La Blanqueada, Christian Pastorino, alias Kiki, mató por la espalda a Florencia Cabrera, una de las cajeras. La noticia provocó conmoción. Más todavía cuando se supo que en diciembre el Kiki había matado también a su pareja, Alison Pachón. Pero Florencia y Alison no fueron sus únicas víctimas.
José Enrique Sánchez era guardia de seguridad en el mismo supermercado donde murió Florencia. Estaba en el suelo, sin posibilidades de atacar al asaltante. Sin embargo, el Kiki le disparó a quemarropa cuando ya estaba yéndose del local. La bala se le alojó en la médula. El hombre sobrevivió y hoy se encuentra internado en el CTI de una institución médica privada, se encuentra en estado reservado pero estable, mientras se teme que no pueda volver a caminar.
Se trata de un inmigrante venezolano llegado a Montevideo hace apenas tres meses.
En estos días circuló en redes sociales el rumor de que Sánchez trabajaba en negro para una empresa perteneciente a la familia de un importante dirigente frenteamplista fallecido. Varios oyentes nos consultaron si eso era cierto. La producción de En Perspectiva se comunicó con el doctor Roberto Gossi, abogado de Sánchez, quien aseguró que el guardia era empleado del propio supermercado Super Vero, el comercio donde resultó herido.
(Audio Roberto Gossi)
"Es la razón social de la empresa. No hay nada de eso que dicen por ahí, que está tercerizado. Directamente es funcionario de la empresa".
(Fin audio)
Paralelamente, la firma que había sido aludida en los mensajes de WhatsApp, la firma Vector Seguridad, dio a conocer información al respecto. Es más, difundió una denuncia presentada en la policía, en la seccional 14. Dice:
“El que suscribe, Bruno Tagliabue, titular de la cédula de identidad 2.014.027-5, en calidad de director de la empresa de seguridad Fabamor SA, nombre fantasía Vector Seguridad, se presenta ante usted con el fin de denunciar el siguiente hecho.
En el día de ayer, el suscrito tomó conocimiento, por parte de un funcionario de la empresa que dirige, que se estaría difamando e injuriando a la misma a través de las redes WhatsApp y Facebook mediante información falsa. Inmediatamente se pudo establecer que [nombre], bajo el nombre de [nombre], circuló un mensaje falso y agraviante respecto a la empresa y a sus integrantes. Para mayor ilustración, se adjunta copia, un mensaje que ya ha tomado estado viral.
Dicho mensaje resulta absolutamente falso, dado que debe expresarse enfáticamente que el guardia de seguridad que fuera baleado el día 17 de febrero de 2018 en el supermercado Super Vero no es actualmente ni ha sido en el pasado empleado de Vector Seguridad, por lo que se desconocen todas las irregularidades que se denuncian en torno a la falta de registro ante los organismos públicos. Por ende, dicha persona no trabaja ni trabajó en Vector jamás.
Asimismo, resulta enteramente falso que Vector haya pertenecido a Eleuterio Fernández Huidobro en el pasado y que actualmente pertenezca al hijo de dicha persona y al edil Varela del Frente Amplio. Todo es enteramente falso y destinado únicamente a generar daño a esa empresa”.
Luego sigue con consideraciones a propósito de la campaña de la que esa empresa de hecho ha terminado siendo víctima, y por eso solicita a la policía “que se investigue el hecho a fin de determinar los responsables de esa difusión y se ponga en conocimiento de la justicia, a fin de que se sancione a los mismos por configurar la figura penal establecida en el artículo 333 del Código Penal, el delito de difamación”.
Por un lado, entonces, parece claro que el guardia de seguridad no pertenecía a la firma Vector, trabajaba para el supermercado. Pero ¿en qué situación se encontraba en el supermercado? Consultamos al abogado del guardia, el doctor Gossi:
(Audio Roberto Gossi)
"Él trabajaba allí y ahora estamos viendo la documentación que tenía, porque está inscrito en el BPS en forma muy simultánea al accidente. Pedí que me trajeran toda la documentación y estoy esperando para reunirme con el propietario del local y con la familia, esperando un poco que pase este shock emocional que están viviendo. A partir del lunes, ya vamos a empezar a ver en forma jurídica todas las posibilidades que tienen. Incluso los reclamos que a nivel judicial eventualmente se presenten".
(Fin audio)
Ante las dudas que expresaba el abogado sobre la fecha de inscripción de Sánchez en el BPS, la producción de En Perspectiva se comunicó con Fabio Riverón, presidente del sindicato Fuecys (Federación Uruguaya de Empleados de Comercio y Servicios). Riverón informó que el guardia fue anotado el mismo día en que fue baleado, y como el trámite puede hacerse por internet, en el gremio se sospecha que se lo registró después de que fuera herido por el Kiki.
A la espera de que este asunto se esclarezca, y de las actuaciones judiciales que la familia del guardia está preparando, vale la pena de todos modos partir de esta situación para examinar un panorama más amplio. El caso de José Enrique Sánchez de hecho le dio mayor visibilidad a la presencia fuerte de inmigrantes venezolanos en Uruguay.
Vale la pena conocer cómo es la situación laboral de ese colectivo que ha ido creciendo tanto en los últimos años. Según estimaciones que maneja la propia comunidad, basadas en datos del Ministerio de Relaciones Exteriores, hay casi 6.000 venezolanos con residencia legal en nuestro país, y el 70 % de ellos llegaron después de abril de 2015. La Cancillería espera que otros 2.000 más accedan a la residencia legal en el correr de este año y que la tendencia se mantenga en 2019.
Para profundizar en esta situación, visitó el estudio de En Perspectiva Ángel Arellano, venezolano de 27 años, que vino a Uruguay para cursar un doctorado en Ciencias Políticas en la Udelar en 2015. Proviene de Clarines, un pequeño pueblo ubicado a unas cuatro horas de Caracas. Allá era profesor universitario, aquí trabaja en una empresa de telecomunicaciones. Es uno de los integrantes del directorio de la ONG Manos Veneguayas.
