Por Fernanda Boidi ///
En 1964, un juez de la Suprema Corte de Justicia estadounidense, Potter Stewart, acuñó una frase que describe a mi juicio lo que sucede con la corrupción ante los ojos de la mayoría de los ciudadanos. El juez Stewart tenía que dilucidar en un caso si una película debía considerarse o no obscena, y se le dificultaba mucho encontrar la definición y los parámetros para tal determinación. Stewart escribió que si bien no podía definir qué era pornografía, él, al igual que cualquier otra persona, “lo sabía cuando lo veía”. Desde entonces, esta expresión ha sido utilizada a menudo para referirse a temas o problemas difíciles de definir o delimitar desde lo conceptual, pero que a todos resultan evidentes cuando están en su presencia.
Me parece que con la corrupción pasa lo que con la pornografía. Tal vez la mayoría de los ciudadanos no la pueda precisar con palabras, pero sabe claramente cuándo está frente a ella. Para los análisis empíricos, la corrupción se define frecuentemente como el uso de recursos públicos para la obtención de un beneficio particular. Sin embargo, prácticas que van más allá de esta definición y que implican comportamientos deshonestos o ilegales, especialmente vinculados al abuso del poder (político o económico) en órbitas públicas o privadas, son también consideradas corruptas por la mayoría.
Por estos días, el debate del Presupuesto puso en la agenda de modo inesperado el tema de la corrupción en Uruguay. Al discutir los artículos que refieren a loterías y quinielas y a la posibilidad de ampliar la oferta de juegos vinculados a los deportes, los diputados Darío Pérez y Jorge Gandini denunciaron, cada uno por su lado y ambos sin eufemismos, la influencia del poder económico en la política a través de distintas formas de presión (desde el financiamiento de campañas hasta las amenazas), se refirieron a cómo los agentes de lotería y quiniela constituyen un monopolio de grandes ganancias que ha sido históricamente beneficiado por las políticas en la materia, y denunciaron la existencia de negocios ilícitos en torno a juegos de azar. Se habló, en suma, de varias prácticas que ante los ojos de los ciudadanos suenan a “corrupción”.
Uruguay es uno de los países de las Américas con los niveles más bajos de victimización por corrupción y de percepción de corrupción entre sus gobernantes* con valores ínfimos cuando se compara con otros países de la región. Sin embargo, en los últimos tiempos casos como los de Pluna, Ancap y ahora esta denuncia vinculada a los juegos de azar –pero que implica prácticas que indudablemente trascienden el rubro– cuestionan aquella excepcionalidad uruguaya en la materia.
A nivel de la opinión pública, las experiencias directas con la corrupción son nocivas para el apoyo al sistema democrático (aquellos a los que un funcionario público les pidió una coima, por ejemplo, tienden a confiar menos en las instituciones políticas y a estar menos satisfechos con el funcionamiento de la democracia), pero las percepciones también importan. Con independencia de los niveles reales de corrupción en un país, y con independencia de si las denuncias sobre corrupción terminan con procesamientos judiciales o no, los ciudadanos que creen que hay corrupción en sus países también tienden a desconfiar de sus instituciones y a apartarse de las mejores prácticas democráticas.
Seamos claros, el apoyo ciudadano de los uruguayos a su sistema democrático no está en riesgo, es uno de los más altos de la región. Pero, los hechos y las denuncias sobre corrupción empiezan a hacer ruido y a cuestionar el lugar que Uruguay ocupa en el pedestal como el campeón de la transparencia. Mi intención no es señalar el riesgo que las denuncias como las de los diputados Pérez y Gandini representan para el imaginario sobre la excepcionalidad uruguaya; más bien todo lo contrario.
Estas denuncias ponen –otra vez– el tema sobre la mesa, y me parece que eso es buena cosa. Que sean formuladas desde el Parlamento, desde el corazón mismo del sistema democrático, ofrece una gran oportunidad para discutir en serio, y para tomar medidas en serio a fin de evitar que las prácticas corruptas y las creencias (acertadas o no) en torno a la corrupción comiencen a tener los efectos realmente perversos, quizás irreversibles, que hemos observado en realidades no tan lejanas.
* Ver capítulo 5 del reporte del Barómetro de las Américas.
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Emitido en el espacio Tiene la palabra de En Perspectiva, lunes 19.10.2015, hora 08.05
Sobre la autora
Fernanda Boidi es doctora en Ciencia Política por la Vanderbilt University, EEUU, directora de Insights Research & Consulting y coordinadora regional para el Proyecto de Opinión Pública de América Latina (LAPOP). Integra de La Mesa de Politólogos de En Perspectiva.
