Las tarifas de la electricidad, el agua y la telefonía fija aumentaron ayer lo que disparó críticas de varios dirigentes de la oposición, que consideraron se trata de un ajuste fiscal encubierto. En diálogo con
EN PERSPECTIVA
Miércoles 13.01.2016, hora 7.49
ROMINA ANDRIOLI (RA) —Este miércoles comienza con aumento de tarifas de las empresas estatales de electricidad, agua y telefonía fija.
El ajuste de UTE es de 9,85 % a partir de hoy para todas las categorías tarifarias, el de OSE es de 9,85 % con vigencia al 1º de enero y el de Antel, que no ajustaba desde 2005, es de entre 9,4 % y 9,5 % en promedio, según informa hoy El País.
En el caso de UTE el ajuste es unas décimas de puntos porcentuales superior a la inflación de 2015, que fue de 9,44 %. Las autoridades indicaron en el comunicado que eso permitirá mantener la solvencia económica y financiera de la empresa, cubrir el costo de abastecimiento proyectado para este año, mantener un plan de inversiones adecuado y asegurar el pago de los gastos de operación y mantenimiento necesarios para el nivel de actividad previsto para 2016.
Con este incremento primó la visión del Ministerio de Economía (MEF), dado que el presidente de UTE, Gonzalo Casaravilla, había afirmado que la suba de la tarifa no superaría la inflación, como venía sucediendo desde 2010, esa era una política del Gobierno.
Ayer ni bien se conoció el anuncio oficial del incremento de UTE, los demás los informa hoy el diario El País, se dispararon comentarios y críticas sobre todo en las redes sociales y de actores políticos que ahora están con baja actividad pero se mostraron muy interesados en el tema.
NICOLÁS BATALLA (NB) —Sí, por ejemplo estoy mirando la cuenta de Twitter del diputado del Partido Nacional Jorge Gandini, quien escribió: “UTE Premia en diciembre y castiga en enero. Prometieron rebaja, pero sube por impuesto encubierto. ¿Ahora quien fue, el mujiquismo, el astorismo?”. También tuiteó el senador del Partido Colorado Germán Cardoso: “Gran decisión de nuestro director de UTE, José Amy, votando en contra del aumento del 10 % de la tarifa propuesto por el Gobierno. No+tarifazo”. Mientras otro diputado del Partido Nacional, en este caso Pablo Abdala, sostuvo: “Otra vez el gobierno utiliza a UTE para recaudar: 9.85 % de aumento, por encima de los costos del ente. Ajuste fiscal a través de las tarifas”.
RA —Con él, con el diputado [Pablo] Abdala, estamos en línea en este momento.
¿Cómo vio este incremento, por qué cuestionó el ajuste tarifario establecido por UTE ayer?
PABLO ABDALA (PA) —Yo creo que se reedita una situación que ya vivimos el año pasado. El ajuste de las tarifas es un acto complejo porque implica la voluntad del ente por un lado y la del Poder Ejecutivo por otro, particularmente la del MEF concomitantemente con el Ministerio de Industria. Yo tengo la impresión, y fueron las versiones que se conocieron en los últimos días, de que claramente esta decisión [de ajuste] está muy por encima de las necesidades de UTE en cuanto a lo que usted recién reseñaba: el costo de abastecimiento y la actualización de determinadas variables.
RA —¿Por qué dice eso? ¿Maneja información de que el ajuste estaría muy por encima de las necesidades de la empresa?
PA —Por lo pronto hace pocos días se dijo que UTE estaba manejando el eje del 7 % como un ajuste suficiente para satisfacer sus necesidades, actualizar sus costos y hacer frente a la proyección económico-financiera del año que empieza. Yo no tengo los números, los vamos a recabar en la Comisión Permanente, pero es claro que la capacidad de generación de UTE está en su mejor momento, por las razones obvias vinculadas con la situación climática y lo que ha llovido en la zona de las represas. Por algo se dice en el lenguaje oficial que esto obedece a un acuerdo entre el planteo de la empresa y el Poder Ejecutivo, entiendo que hay un componente vinculado con las necesidades fiscales del gobierno. Además cuando hace pocos días esto tomó estado público en una nota muy concreta en el diario El Observador nadie se encargó de desmentirlo.
Nosotros en la sesión de la Cámara de Diputados del día 2 de enero, cuando se trató la ley de capitalización de Ancap, empezamos diciendo que desde nuestro punto de vista estaba en marcha un ajuste fiscal a través de las tarifas. Esto en lo que concierne a UTE y a esta decisión que se tomó ayer, pero también a que el gobierno no va a bajar los combustibles a pesar de que el petróleo se ha seguido derrumbando -claramente desde el punto de vista de los costos exógenos habría margen para bajar las tarifas en enero, deberían bajar y no van a hacerlo-, y a que ha hecho otros anuncios que van en la misma dirección y componen un paquete de medidas vinculadas con el propósito de generar determinadas consecuencias fiscales. Entre estos anuncios está que se avanzará en una definición de tarifas diferenciales para el supergas y el agua potable. En el caso del agua creo que, por la poca información que tengo, no vino en la decisión de ayer, podrá venir más adelante.
RA —El diario El País cita el incremento del agua, maneja un aumento de 9,85 %, y anuncia que se establecen además nuevos cargos fijos para clientes residenciales, comerciales e industriales.
PA —Exacto. Yo mucho me temo que ese diferencial que se nos anuncia para dos elementos de indispensable consumo y acceso popular, como son el agua potable y el supergas -que es el combustible utilizado para cocción y para calefacción por parte de la gente más humilde en invierno-, termine en una suba casi generalizada de este combustible para la enorme mayoría de la población. Pero ha habido medidas también del tipo tributario, creo que no podemos sacarlas de este contexto, vinculadas por ejemplo con la liquidación del IRAE (Impuesto a las Rentas de las Actividades Económicas) que se conocieron en los últimos días de 2015 o los primeros de 2016.
RA —Si, la eliminación del ajuste por inflación que se anunció sobre el 29 de diciembre e hizo cambiar de planes a varias empresas.
PA —Exactamente. Además tiene que ver, no sé si usted lo recuerda, con una discusión que tuvimos con el equipo económico en el ámbito de la Comisión de Hacienda y Presupuesto cuando se trató el presupuesto nacional porque el germen de este tema ya venía allí. Si bien se hacía uso de una facultad legal que existía de antes y que se estableció en la ley de reforma tributaria, ya en la ley de presupuesto se introdujo la eliminación de la opción que tenían los contribuyentes del IRAE de actualizar las deducciones por el índice de inflación o el de inflación mayorista según la que le correspondiera. Eso se eliminó, cuando nosotros lo denunciamos como una alternativa para que los contribuyentes terminaran pagando más IRAE se nos dijo que no, que eso no estaba en los planes sino que simplemente eran medidas de administración tributaria vinculadas con la liquidación del impuesto. Ahora nos encontramos con que la idea del gobierno era en los hechos incrementar el impuesto que pagan las empresas por la renta que obtienen por su actividad económica, así ha quedado demostrado.
Creo que todo eso forma parte de un conjunto de medidas que hay que ubicar en el contexto, obviamente, de la desaceleración económica, la caída de la recaudación y las perspectivas de un menor crecimiento. Ayer se conoció un dato muy relevante que es la caída de la producción industrial que, excluyendo Montes del Plata, UPM y la refinería, fue de 5 % [en noviembre en la medición interanual], y se suma a las anteriores que ya el ministro [de Economía, Danilo] Astori había reconocido cuando vino a presentar la ley de presupuesto en setiembre a la Cámara de Diputados. Obviamente esto no hay que descontextualizarlo de una realidad fiscal compleja, que se agrava por las promesas electorales que el gobierno se ve en la necesidad de enfrentar y por las cuales hizo determinados incrementos presupuestales -pienso básicamente en el compromiso del 6 % para la educación, en el sistema de cuidados-. Se agrega a este relato, inexorablemente, la decisión que se acaba de tomar: la capitalización de ANCAP, que aunque se la quiera minimizar implica que el gobierno central resigna o resignará US$ 622 millones por la vía de esta capitalización de los cuales US$ 70 millones tenía previsto cobrarlos en una cuota que vencía en los próximos días de enero.
NB —Volviendo al caso concreto de UTE, fuentes del gobierno que menciona hoy El País sostienen que el aumento se decretó porque el ente tiene una parte importante de sus costos en dólares. Cita el caso de la energía eólica y de la biomasa generada por privados, cuyos contratos están en esa moneda, y que el tipo de cambio aumentó más que la inflación. Además, negaron que el ajuste haya sido definido para combatir, justamente, el déficit fiscal. Usted no cree en esta explicación, le parece que no es suficiente para la decisión que se tomó.
PA —A la luz de los razonamientos que hemos formulado, de las versiones que se conocieron y que nadie desmintió y de la circunstancia, no menor, de que el incremento termina siendo superior a la inflación, y en un contexto en el que es evidente que UTE goza de una salud económica y financiera de la que no goza ANCAP, por ejemplo -porque es una empresa fuerte y desde el punto de vista de la generación hidráulica estamos en un momento óptimo, no estamos en una situación ni de crisis energética ni de dificultades en cuanto a la generación o el abastecimiento-, yo entiendo que hay un margen que tiene que ver con lo que ya vivimos hace exactamente un año, cuando UTE, a pesar de que la inflación había sido de más de 9 % [oficialmente fue 8,26 %] pidió un ajuste en el entorno del 7 % y el gobierno terminó decretando un ajuste mayor al 9 %.
El caso públicamente ya se manejó y las autoridades guardaron silencio, ni el presidente Casaravilla ni el ministro de Economía salieron a decir lo contrario. Yo no he leído la prensa escrita de hoy pero escuché ayer los informativos y el lenguaje en el cual está redactado el comunicado en el que se informa a la población de esta decisión y, más allá de los costos vinculados a la generación electica, se habla de un acuerdo con el Poder Ejecutivo, a mí me parece que es un término muy sugestivo.
Más allá de eso, por supuesto que de esto hablaremos con la ministra [de Industria, Energía y Minería, Carolina] Cosse, a quien tenemos previsto convocar a la Comisión Permanente por otros temas.
RA —Eso le iba a preguntar: usted ya había anunciado la convocatoria en la Comisión Permanente a la ministra por el tema de la regasificadora, ¿va a incluir este aspecto?
PA —Yo creo que habría razones suficientes como para hacer un espacio para poder conversar de este tema. Vamos a hablarlo con los demás legisladores de la oposición. Lo que tenemos convenido y acordado a nivel de nuestro partido pero también con el Partido Colorado, que es el otro que está este año en la Comisión Permanente -particularmente con el senador Pedro Bordaberry y con la diputada Valentina Rapela-, es convocar a la ministra por el tema de la regasificadora. Este tema tiene varias puntas complejas vinculadas con lo que vaya a venir ahora, después de los anuncios de Anchorena, y con las secuelas que dejó el proyecto fallido anterior.
Pero creo que estas medidas tendrán un impacto social en la población, porque además esto también hay que verlo a la luz de la realidad de los sectores de ingresos fijos en nuestro país, que no es la misma que hace cinco o dos años. Venimos de una ronda salarial de la que ya se conocen informes según los cuales los salarios empiezan a perder poder de compra en la negociación salarial de los Consejo de Salario, incluso a partir de las pautas desindexatorias que en su momento estableció el gobierno dada la desaceleración económica. En el día de ayer la Organización Nacional de Jubilados y Pensionistas del Uruguay, que representa al otro gran sector de ingresos fijos, salió a reclamar un ajuste de la jubilación mínima por la misma razón, porque todo esto se da en un contexto inflacionario que nadie desconoce.
Yo no voy a decir que la inflación esté maquillada, pero a mí me gusta distinguir entre maquillaje y manipulación. Como ese tuit del diputado Gandini que ustedes leían: está claro que UTE toma determinada medida apuntando a una menor presión inflacionaria cuando termina un ejercicio [en referencia al UTE Premia] y cuando empieza el otro ajusta las tarifas. Esa es una forma de direccionar el Índice de Precios al Consumo, que obviamente es representativo del promedio pero no de la evolución de los precios y los costos en el mercado de todos los productos de primera necesidad de lo q toda la población de ingresos fijos necesita para subsistir. Obviamente esta decisión hay que verla a la luz de esas consideraciones.
RA —Teniendo en cuenta todo esto y que estos temas exceden el aspecto del Ministerio de Industria, ¿piensan hacer otro llamado en la Comisión Permanente? Estoy pensado en las autoridades del MEF, concretamente.
PA —Yo creo que no lo debemos descartar, no quiero ser precipitado, entre otras cosas porque definimos una agenda al término del año que probablemente actualicemos la semana que viene cuando nos volvamos a reunir. El tema en la Comisión Permanente va a estar por la vía de los pedidos de informes, de los planteos en sala, y eventualmente yo creo que la comparecencia de la ministra Cosse, que tiene responsabilidad directa en el tema, puede ser una instancia. No se olvide de que la ministra Cosse cuando venga a hablar de la regasificadora va a tener que venir con el presidente de UTE, porque obviamente UTE tiene mucho que ver con ese proyecto, por lo tanto su presencia será necesaria. Creo que inevitablemente ahí vamos a hablar de este asunto, veremos si el MEF participa de alguna manera también.
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Transcripción: Andrea Martínez
Foto en Home: Facturas de UTE y OSE. Foto: Javier Calvelo/adhoc Fotos.
