Edgar Bellomo, integrante de la Comisión delegada del Sirpa en representación del Poder Ejecutivo, dijo a En Perspectiva que discrepó con la decisión de la presidenta de la institución, Gabriela Fulco, de elevar a la Justicia Penal el video que muestra la intervención violenta que protagonizaron varios funcionarios adolescentes internados en el centro Ceprili de la calle Cufré, en Montevideo.
Bellomo explicó que los funcionarios intervinientes “excedieron al protocolo” y que estos “excesos” son notorios. A su vez, agregó que desde su ingreso a la comisión delegada, el 20 de mayo, todas las semanas han instalado o decretado investigaciones administrativas solicitando sumarios, sanciones y destituciones a los trabajadores de la institución.
EN PERSPECTIVA
Jueves 06.08.2015, hora 10.22
EMILIANO COTELO (EC) —La Institución Nacional de Derechos Humanos [INDDHH] denunció ayer ante la justicia penal la intervención violenta que protagonizaron funcionarios del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente [Sirpa] contra varios adolescentes infractores internados en el centro Ceprili.
La directora de la institución, Mirtha Guianze, dijo que lo que se observa en el video, al que tuvieron acceso el noticiero Subrayado y el diario El Observador, “son hechos con apariencia delictiva”. “Estamos obligados a hacer la denuncia”, aseguró en comentarios que publica La República. La institución posee también informes propios de visitas realizadas a varios centros del Sirpa que va a incluir junto con la denuncia.
Consultada acerca de la presencia en los incidentes del presidente del sindicato de trabajadores del Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay [INAU], Joselo López, Guianze dijo que “es una cuestión bastante llamativa”, y añadió: “Además se estaba haciendo una asamblea en momentos en que estaban los jóvenes aparentemente solos, es lo que vemos en la filmación, no vimos a nadie vigilando en los primeros minutos”, señaló.
El video había sido presentado ante la justicia por la presidenta de la comisión delegada del Sirpa, Gabriela Fulco. Otros integrantes de esa comisión delegada no estuvieron de acuerdo. Vamos justamente a explorar por ese lado, Romina.
ROMINA ANDRIOLI (RA) —Sí, vamos a conversar con uno de los directores del Sirpa designado por el Poder Ejecutivo, Edgar Bellomo.
¿Usted había visto el video antes de que se difundiera ayer?
EDGAR BELLOMO (EB) —Había visto el video antes de que se difundiera ayer y había tomado la decisión de no acompañar a la presidenta con anterioridad a ver el video porque los hechos, si ustedes me dan un minuto, intentaré explicarlos.
Nosotros tuvimos estos problemas en el Ceprili la noche del viernes 24 [de julio]. El hecho de que hubiera cuatro funcionarios heridos es lo que motiva la asamblea y los hechos estos vienen a continuación. La compañera presidenta de la comisión delegada sostenía que a raíz de esa asamblea, o por culpa de esa asamblea, fueron desatendidos los chicos, y yo entendía en forma distinta…
(Corte en la comunicación)
RA —Nos estaba contando cómo se habían dado los hechos y por qué usted no había apoyado en un primer momento la decisión de Fulco de llevar esto a una denuncia penal.
EB —Exactamente. Nosotros todas las semanas, las 12 semanas que hemos tenido desde el 20 de mayo, día en que asumimos, hemos instalado o decretado investigaciones administrativas por uno, por dos o por tres, todas y cada una de las semanas: sumarios, sanciones, destituciones y hasta eventuales informes que, si no amerita la destitución o no hay pruebas suficientes, igualmente estamos disponiendo que el destino del funcionario que ha sido denunciado o sobre el cual pende alguna duda… preferimos sacarlo del contacto con los jóvenes. Entonces, nosotros creíamos que la vía administrativa debía practicarse -debe practicarse igualmente-, lógicamente, y que las conclusiones de esta vía, si lo ameritaban, se presentasen ante la Justicia. Pero además porque no compartíamos, y sigo sin compartir, que estos sucesos y problemas se deban a una asamblea del gremio. A ver si nos entendemos…
RA —A ver, ¿cómo es eso?
EB —Claro, la responsabilidad de quien da un golpe o reduce en forma incorrecta no tiene que ver ni con el protocolo establecido ni con que pertenezca, o no, al gremio. La desatención de los chicos, según consta en el video que yo pude ver en un par de oportunidades -porque el día de ayer no pude acceder a toda la prensa pero sé de qué estamos hablando- evidencia aproximadamente unos dos minutos desde que unos chicos salen a ese patio interior del celdario, levantan una tapa -que dicho sea de paso en la Colonia Berro y en varios hogares esas tapas tienen una planchuela arriba para que no las puedan levantar con facilidad-, la destruyen para hacer piedra y fundamentalmente con el hierro poder tener alguna punta, algún corte, alguna cosa de esas… Entre que ellos comienzan eso y llega la gente que llega, que ahí sí concedo que fue porque había una asamblea, porque nunca tenemos tantos funcionarios y nunca la relación es de seis funcionarios contra dos jóvenes ni mucho menos, pasan dos minutos. Muchas veces los jóvenes quedan sin atención durante dos minutos porque hay un celdario extenso, porque llaman y no llega inmediatamente la persona, porque en horas nocturnas a veces no hay tantos funcionarios… Quiero decir, no es que el hecho de una asamblea haya determinado estos hechos necesariamente y por eso no acompañábamos la visión con la que se iba a ir a la Justicia.
En la reunión del miércoles 29 [de julio] en la comisión delegada le hicimos saber a la presidenta nuestro punto de vista. Le dije: “Yo no quiero inhabilitar que tú presentes esto” y vimos con la asesoría letrada que se podía hacer de tal forma, que era la noticia criminis por ejemplo, que la presentaba la presidenta y la ratificábamos en la siguiente sesión, que va a tener lugar recién mañana. Nos reunimos una vez a la semana y esta vez no pudo ser ayer, va a tener que ser seguramente mañana.
Esos hechos son los que tengo y decidimos y acordamos hasta el miércoles. El día jueves la presidenta Fulco convoca a todo el equipo para ver el video que acompaña a ese escrito que presentan el día 31. Habíamos acordado, y así se hizo, que lo presentaba ella a título individual, a ratificar, por una cuestión de formalidades que habíamos visto. Le digo más: en mi auto llevé hasta la puerta del juzgado a las funcionarias que introdujeron esto sobre las 17.40 porque a las 17.00 la presidenta se había retirado cuando da la orden de que se presente efectivamente, estoy hablando del día 31. Yo dejo a las funcionarias ahí, porque no sabía si iban a tener un problema, si iban a conseguir un taxi o si iba a haber locomoción suficiente, y no quería que la denuncia no se hiciera. A lo que ahora tenemos, bueno, a lo que diga la Justicia me remito, pero quiero hacer esta salvedad: yo no acompañé y tampoco acompañó, por lo menos no se expidió favorablemente a la presidenta, el otro director, el profesor Luis Noya, por la razón de que el espíritu del planteo era denunciar ante el juez, poner en conocimiento que por haber hecho una asamblea, que yo creo que tienen derecho pero más allá de esa discusión, se habían desencadenado estos hechos.
RA —Queda claro ese procedimiento formal que usted explica de por qué no acompañó. Mi pregunta es: ¿qué opinión le merece el video que se dio a conocer ayer y la forma en que actuaron los funcionarios del Sirpa?
EB —Me parece que excedieron al protocolo y que hay francamente excesos que son notorios. No digo más que esto porque creo que tiene que ser la Justicia la que dictamine las responsabilidades. Creo que además las responsabilidades son individuales y no colectivas en este caso, pero esta es una opinión que yo doy, nada más.
RA —Justamente, yendo a los protocolos: López dijo en varias oportunidades en declaraciones a la prensa que este tipo de actuaciones son muy frecuentes en los centros del Sirpa. ¿Esto es así? Porque por otro lado él reclama protocolos de actuación que definan exactamente cómo se debe actuar frente a una situación como la que estaba planteada. ¿Hay efectivamente protocolos de actuación que determinen qué es lo que tiene que hacer el funcionario ante esta situación?
EB —Estamos tratando de elaborar un protocolo más actualizado que tenga pautas más claras, pero vamos a entendernos, si se procede es porque hay una existencia de protocolos anteriores. Ningún protocolo establece, ni podrá establecer jamás en democracia, que un golpe -como un puntapié que yo percibo [en el video]- forme parte del protocolo, menos cuando está reducido, pero si no está reducido tampoco forma parte del protocolo. Ese es el punto número uno, el número dos es que, como le decía, si todas las semanas estamos corroborando sanciones, ratificando sanciones establecidas o instruyendo investigaciones, sanciones, correctivos, etcétera, es porque estas cosas lamentablemente pasan reiteradamente. No puedo medir la frecuencia, pero sí le digo que la mayoría de estos casos son originados ante desbordes de los chiquilines porque no estamos hablando por lo general de motines, de ir contra la autoridad o de reclamar porque faltó comida o atención médica. En general los problemas se están originando en que los de un módulo se pelearon con los del otro por razones de bandas, de barrios, por lo que sea. Entonces, ese tipo de problemas es lo que venimos observando que se está planteando reiteradamente.
RA —Hay un cambio allí, usted dice que desde que asumieron se da una situación de que semanalmente están denunciando y llevando a cabo investigaciones internas por este tipo de situaciones…
EB —Este tipo u otro, pero por situaciones reñidas con el reglamento, el protocolo y las normas elementales.
RA —Pero hay un cambio respecto a lo que era anteriormente la situación del Sirpa, ¿no? Al asumir los cargos en el Sirpa, ¿a ustedes les sorprendió de forma importante la situación de violenta o que este tipo de hechos se dieran?
EB —No, a mí no me sorprendió entre otras cosas porque yo estuve actuando en el Ministerio del Interior y he observado cómo han ido en incremento los crímenes por ajustes de cuentas, etcétera, cosa que hace unos años no estaba instalada en este país, o no teníamos plena consciencia. No me sorprende que, más allá de los perfiles, cuando hay que clasificar a un joven para ver en qué hogar lo vamos a recluir para que haga sus tareas y su rehabilitación tenemos que tener en cuenta no solamente el perfil, el delito cometido, la edad, etcétera, sino además si con los que va a convivir se lleva bien o no, si se la tienen jurada o no. Ese tipo de problemas está presente permanentemente. Lo que yo no sé, lo digo con franqueza, pero puedo presumir y me preocupa, es si hasta que asumiéramos nosotros en el Sirpa todo era normal, estas cosas no ocurrían y empezaron a ocurrir una vez que llegamos nosotros; o si sencillamente ahora están tomando más estado público. De todas formas tenemos que ocuparnos de esta realidad que tenemos.
RA —Usted lo que daba a entender es que también se generan estas situaciones de violencia por otros factores más allá de la actuación de los funcionarios como tal.
EB —Absolutamente, generalmente hay problemas porque un chico miró a la mamá o la novia de otro chico que fue a visitarlo y ha habido también problemas de agresiones de jóvenes a funcionarios o porque demoraban en llevarles el fuego, la lecho o lo que les hubieran pedido. También hay denuncias de que funcionarios han maltratado a jóvenes.
Todo eso conforma prácticamente… que no se entienda mal, es casi una rutina, semanalmente tenemos denuncias donde estamos instruyendo investigaciones. Ahora, como una imagen vale más que mil palabras y genera la preocupación que lógicamente genera la publicación o publicitación de estas imágenes, el tema llega al tapete. Lo que le digo es que, no siempre son este tipo de cosas, pero con conflictos internos, peleas y reducciones a veces excesivas estamos tratando prácticamente semana a semana.
EC —Se ha informado que el protocolo o las medidas tal cual están dispuestas establecen que los videos de seguridad se borren a las 48 horas. Aparentemente por ese motivo en más de una ocasión pruebas que pudieron haber sido interesantes no se han podido emplear. ¿Se va a modificar ese criterio?
EB —Nosotros vamos a tratar, porque más que un criterio hay a veces un problema tecnológico: no todos los lugares están siendo monitoreados lamentablemente e inclusive las imágenes que se difundieron tienen que ver con ese patio central pero no evidencian lo que ocurre al interior de los celdarios. Ese tipo de cosas sí nos preocupa y estamos trabajando.
Tenemos también problemas presupuestales, nosotros estamos en este momento planteando y debatiendo a la interna con el INAU el presupuesto a elevar y presentar en esta instancia quinquenal porque entendemos que necesitamos cosas para reforzar seguridad, por ejemplo, en los traslados de los chicos, por una cosa que no nos pasó a nosotros pero pasaba frecuentemente: una fuga o un “rescate” cuando van a un juzgado. Hemos conseguido una donación de chalecos del Ministerio del Interior, algunos antibala y algunos anti corte además, para que el funcionario que traslada, pero también el joven que es trasladado, en determinadas circunstancias pueda llevar esa protección.
Estamos también tratando de obtener donaciones y colaboraciones de instituciones nacionales e internacionales y vamos a ver si el video de la cámara puede conservarse por más tiempo, eso nos va a ayudar a todos, lógicamente. Hay un problema que tiene que ver con fases tecnológicas y otro que tiene que ver con infraestructuras y economías. Veremos de cuánto disponemos exactamente.
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Transcripción: Andrea Martínez
Foto en Slider: Instalaciones del Hogar Ituzaingó de la Colonia Berro (archivo). Crédito: Javier Calvelo/adhoc Foto.
