Un artículo del presupuesto sube la presión fiscal sobre el agro al eliminar una exoneración que había rebajado en 18 % la Contribución Inmobiliaria Rural. Ante las críticas del Partido Nacional y la Asociación Rural, el presidente Tabaré Vázquez y el ministro de Economía, Danilo Astori, responsabilizaron de la iniciativa a los intendentes del Interior.
En diálogo con En Perspectiva el presidente del Congreso de Intendentes, Sergio Botana, aseguró que la responsabilidad de aumentar la carga tributaria fue asumida entre el gobierno y los jefes comunales. “Cuando se llega a acuerdos uno los asume como propios, no importa de quién fue la idea del mecanismo”, aseguró Botana.
EN PERSPECTIVA
Viernes 11.09.2015, hora 10.18
EMILIANO COTELO (EC) — El presidente Tabaré Vázquez visitó ayer la ExpoPrado 2015, donde tuvo una reunión con la comisión directiva de la Asociación Rural [ARU]. Según dicen las crónicas de prensa, los dirigentes de ARU le expresaron su discrepancia con un artículo del proyecto de ley del presupuesto que, en los hechos, sube la presión fiscal sobre el agro porque elimina una exoneración dispuesta luego de la crisis del año 2002 que había rebajado en 18 % la Contribución Inmobiliaria Rural.
Según cálculos de las gremiales, este cambio supone un pago adicional de casi US$ 14 millones por año.
¿Qué respondió Vázquez ayer cuando los periodistas le preguntaron? “Nosotros no vamos a crear nuevos impuestos. Hemos presentado un presupuesto con seriedad, con responsabilidad”.
El presidente le explicó a la ARU que esta fórmula "fue una reivindicación" de los intendentes del interior a efectos de contar con recursos para obras en caminaría rural. Según el mandatario, si se aprueba este cambio en el presupuesto, “el gobierno no recibe ningún beneficio" ya que la recaudación corresponde a las intendencias. "No es un nuevo impuesto", enfatizó y agregó: "No es un problema del gobierno central sino de los gobiernos departamentales".
ROMINA ANDRIOLI (RA) —Vamos a conversar con el presidente del Congreso Nacional de Intendentes, Sergio Botana, jefe comunal de Cerro Largo.
¿Por qué decidieron tomar esta medida?
SERGIO BOTANA (SB) —Primero que nosotros no lo decidimos, para empezar porque nosotros no podemos decidir porque la iniciativa presupuestal no es de los gobiernos departamentales. Nosotros propusimos otra cosa para financiar los caminos, que fue la generalización del 1 % (por concepto de impuesto a la venta de productos agropecuarios) a todos los sectores de la actividad productiva, me estoy refiriendo a los granos, la forestación, etcétera, los que hoy ya pagan impuesto a la venta de semovientes.
RA —¿Cómo es esto, entonces? Emiliano leía recién las explicaciones que dio el presidente Vázquez ayer a la ARU. ¿Usted dice que esa no fue una iniciativa de ustedes sino del propio gobierno?
SB —No, no importa de quién es la iniciativa, acá lo que importa es lo siguiente: usted me preguntó si eso había sido iniciativa nuestra y yo le conté cuál era nuestra iniciativa y Vázquez también lo dijo: la generalización del 1 % a todos los sectores de la actividad.
Después acordamos esto entre todos. Cuando se llega a acuerdos uno los asume como propios, no importa de quién fue la idea del mecanismo, lo que importa es que asumimos la responsabilidad del tema el gobierno y nosotros. Creo que es una responsabilidad nacional que tenemos, porque este tema es así: la primera pregunta que nos tenemos que hacer es si se necesitan caminos o no, si se necesita sacar la producción, que los muchachos vayan todos los días a las escuelas y los liceos, que la gente que se enferma pueda llegar de la campaña a los hospitales en tiempo y forma, o no. Los caminos se necesitan, seguramente la mayoría de la audiencia que escucha este programa es de ciudades y no transita habitualmente caminos rurales, pero sí transita por rutas nacionales, conoce el estado de las rutas, cómo han venido quedando vencidas por la frecuencia y el impacto de una carga mayor…
Entonces, si se necesitan caminos, ¿cómo los financiamos? Acá hay una fórmula en la cual los productores ponen más o menos un tercio, el gobierno pone otro tercio un poquito más grande y los gobiernos departamentales ponemos otro tercio un poco más grande que cualquiera de los otros dos. Así es el tema.
RA —¿Esa es la fórmula acordada para este fondo para la caminería rural?
SB —Son más o menos tercios, de los cuales el de los gobiernos departamentales es un poco más grande, después viene el del gobierno nacional y después viene el que se le pide a los titulares de las propiedades con el incremento de la Contribución Rural.
En Cerro Largo hemos hecho estimaciones y más o menos podríamos recaudar unos $ 20 millones adicionales con este impuesto, unos US$ 600 mil o US$ 700 mil, y nos vamos a endeudar en US$ 8 millones en maquinarias para poder cumplir con los trabajos en tiempo y forma. Además a las máquinas esas hay que ponerles gasoil para que funcionen, hay que repararlas, hay que hacerles el mantenimiento debido, llevan un hombrecito arriba que también tiene su costo, o sea… Aquí no hay ningún avivado, creo que es el beneficio que le debemos a la gente que vive en el campo, que trabaja en el campo todos los días, al que tiene que cumplir sus actividades, sacar su producción, mandar a sus hijos a la escuela, llevarlos… El país necesita que no se caiga a pedazos la infraestructura de la caminería rural, ese es el tema. La pregunta que está por encima es: ¿necesitamos los caminos, o no?, ¿cuesta tanto poner ese medio centavo de dólar por hectárea para poder hacerlo?
EC —Ahora, por lo que usted decía este fondo para la caminería rural se nutre de tres orígenes. El monto total disponible por año, ¿cuánto será?
SB —Esto habría que explicarlo en general. El fondo que se hace es de unos $ 1.300 millones, pero si lo encaramos por ese lado tenemos que dar otra explicación que no sé si es fácil darla por la radio. Cuando hablo del tercio de los gobiernos departamentales me refiero a que no existe camino que cueste menos de un 40 % por encima del precio de oficina en estos tiempos; el precio de oficina es el de referencia que tenemos desde el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Es más, en el departamento de Cerro Largo nosotros tenemos un sistema por el cual cuando un conjunto de productores hace su propio camino la Intendencia de Cerro Largo les paga el camino, se los descuenta 100 %de la Contribución Inmobiliaria Rural: nunca se nos presentó un proyecto para poder hacerlo. Lo evaluaron muchos grupos de productores pero no, ¿por qué?, porque quedan muy lejos, el costo del camino va 40 % por encima de lo que es el precio de referencia, y esa diferencia la absorben los gobiernos departamentales en todos los casos. Esa es la realidad, ese es el aporte importante que nosotros ponemos en estos fondos, es una contrapartida del orden de los $ 400 y pico de millones que está dentro de este fondo.
Le voy a dar una cifra que no hemos manejado: la Fundación Ruta 7, que nuclea a las intendencias de la Ruta 7 (Canelones, Florida, Durazno, Lavalleja, Treinta y Tres y Cerro Largo), tiene un estudio sobre el tema de la caminería en Uruguay: lo que necesitamos para hacer la reparación, el mantenimiento correcto, adecuado y en buenas condiciones, son $ 2.600 millones por año. Con esto vamos a justar unos $ 1.300 millones por año, con lo cual vamos a estar dos veces y media mejor de lo que estamos, y vamos a estar en la mitad de lo que deberíamos estar.
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Transcripción: Andrea Martínez
