La esencialidad en la educación decretada por el gobierno fue rechazada por varios dirigentes del Frente Amplio, que insisten en la necesidad de dialogar con los sindicatos para destrabar el conflicto. En diálogo con En Perspectiva el diputado del Partido Socialista, Gonzalo Civila, dijo que el contexto no ameritaba a tomar una medida de esta magnitud.
El diputado agregó que el acta firmada el viernes por representantes de los sindicatos y el gobierno que contenía la última oferta salarial del Poder Ejecutivo, era sólo un preacuerdo cuyo rechazo no justificaba una declaración de esencialidad. Las partes que firmaron este acuerdo preliminar, dijo Civila, están negociando en representación de otros actores. Eso deja margen para que eventualmente las asambleas puedan plantear diferencias con lo que en principio se había preacordado.
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El conflicto en la educación y el decreto de esencialidad
EN PERSPECTIVA
Martes 25.05.2015, hora 10.18
ROMINA ANDRIOLI (RA) —La decisión del Poder Ejecutivo de decretar la esencialidad en la educación fue rechazada por varios dirigentes del Frente Amplio [FA], que insisten en la necesidad de dialogar con los sindicatos para destrabar el conflicto. Representantes del Movimiento de Participación Popular [MPP], el Partido Socialista [PS], el Partido Comunista y el Partido por la Victoria del Pueblo [PVP] manifestaron sus discrepancias con la medida anunciada por la ministra María Julia Muñoz, y mantuvieron conversaciones informales a lo largo del día de ayer sobre las acciones que deben tomarse a futuro.
Algunos legisladores oficialistas conocían las intenciones del Ministerio de Educación y Cultura y se habían comunicado con las autoridades antes del anuncio para intentar revertir la decisión. Sin embargo, no tuvieron éxito.
“La medida de esencialidad en la Educación es un poco exagerada. Es como querer cortar un churrasco con una motosierra”, escribió el diputado del MPP Daniel Caggiani en Twitter. Su par, Sebastián Sabini, apuntó por su parte que el decreto no ayuda “al conflicto ni a la educación”.
Según comentan las crónicas de esta mañana, cuando el presidente Tabaré Vázquez comentó la medida a la bancada de legisladores oficialistas, el primero en tomar la palabra para expresarle su disconformidad fue el diputado del PS Gonzalo Civila. Con él estamos ahora en contacto.
NICOLÁS BATALLA (NB) —Primero sería bueno hacer algunas consideraciones generales: ¿Por qué está usted en desacuerdo con este decreto de esencialidad?
GONZALO CIVILA (GC) —Estoy en desacuerdo con el decreto de esencialidad primero porque en general, conceptualmente, estoy en desacuerdo con las medidas de esencialidad, salvo situaciones extremas en las que haya riesgos vinculados a la salud o la seguridad, que además es en general lo que se establece en la normativa y la posición que históricamente hemos sostenido. En particular en este caso, porque creo que el contexto no ameritaba a tomar una medida de esta magnitud y que además no favorece el proceso que nosotros nos hemos propuesto en materia educativa.
Hay que tener en cuenta que Uruguay está haciendo un esfuerzo muy grande desde que el FA es gobierno en incremento del presupuesto para la educación, en mejorar los salarios docentes, en invertir lo que nunca se invirtió en la historia del país en materia educativa. Pasamos de invertir menos del 3 % del Producto Bruto Interno en 2004 a haber pasado la línea del 4,5 %, que era una reivindicación histórica. Ahora hay un compromiso asumido por el gobierno -en un contexto de crecimiento pero menor, desacelerado, respecto a otras etapas- de ir hacia el 6 % como meta, lo planteamos en el programa. Eso lo que quiere significar es que para nosotros la educación es una prioridad fundamental.
Estamos convencidos de que eso es posible llevarlo a la práctica en un cambio en la calidad educativa trabajando con los actores directamente involucrados: la sociedad en general, obviamente, pero en particular estudiantes y docentes, trabajadores de la educación. Más allá de las valoraciones que uno pueda tener sobre las medidas gremiales, su oportunidad y las dirigencias sindicales -que son circunstanciales-, para nosotros el trabajo de diálogo y de articulación con los trabajadores de la educación en general y con los sindicatos de la educación en particular -también en el concepto que tenemos los militantes de izquierda de que los sindicatos son herramientas importantes para poder avanzar en mejores condiciones de trabajo y en calidad democrática-, no se puede sustituir por nada. No hay imposiciones que logren que un proceso educativo marche si no hay compromiso de las partes, y ese compromiso hay que trabajarlo y madurarlo. Hay reivindicaciones legítimas, los salarios siguen siendo insuficientes, y nos parece que esta medida lo que hace es echar leña al fuego: en un contexto complejo, ¿[esta medida] realmente favorece que haya clases, que este proceso avance, o lo dificulta más? A nuestro entender lo dificulta, porque dificulta el diálogo. Lo que planteamos es la importancia, que sabemos que ayer ya empezó a generarse, de que se vuelva a instalar un ámbito de dialogo y poder salir de esta situación.
RA —El Poder Ejecutivo lo que argumenta, incluso en el texto del decreto de esencialidad, es que el Estado ha agotado todas las instancias legales de negociación con los gremios docentes y, sin embargo, dice, éstos no han declinado de su voluntad de avanzar hacia una huelga que afectará el aprendizaje de los niños y jóvenes, así como la seguridad y la estabilidad de las familias frente a sus responsabilidades laborales. ¿Usted no entiende que ya se cumplió cierto plazo, que el Poder Ejecutivo ya, incluso dando señales como las que dio ayer con el presupuesto, como lo que en principio se había acordado el viernes, no era suficiente como para decir: ahora sí se toma una medida de este tipo?
GC —Creo que hay distintos componentes en lo que vos planteás. En primer lugar la señal de prioridad de la educación pública está siendo sostenida desde el año 2005 y ayer se volvió a ratificar. Eso nadie lo puede negar. A mí me preocupa que justo eso quede desvalorizado o deslucido para los actores que trabajan más directamente en la educación por esta situación.
En relación a la negociación salarial en esta etapa, lo que se había firmado era un preacuerdo, lo cual implica que las partes que están negociando están en representación de otros actores. Eso deja margen para que eventualmente las asambleas o los distintos actores puedan plantear diferencias con lo que en principio se había pre acordado. En esa etapa a mí me parece que esta es una mediad excesiva que, sobre todo, no ayuda en el proceso de diálogo que necesitamos para no entrar en una situación de escalada de la conflictividad que nos dificulte que todo este dinero que estamos invirtiendo, este esfuerzo fiscal que estamos haciendo, se traduzca en resultados que necesitan el compromiso de todas las partes.
No voy a entrar a polemizar con los compañeros del Poder Ejecutivo, entiendo que la razón que inspira la medida es algo que nos preocupa a todos: que los gurises tengan clases, que el proceso educativo no se detenga, esa me parece que es una preocupación que todos tenemos. Simplemente digo, a modo de reflexión -no solo para los compañeros que estamos en la toma de decisiones o en los ámbitos de discusión de la fuerza política que gobierna el país, sino para la sociedad es-, es que capaz que a muchos trabajadores les resulta acertado que se tome una medida de estas porque cuando no hay clases eso tiene consecuencias para las familias y los gurises, nadie quiere que no haya clase, pero hay que tener en cuenta varios factores, desde el ejercicio de las libertades sindicales, que es una cuestión que para nosotros es muy cara, hasta -y en esto apelo a la reflexión del conjunto de la sociedad- el decir cómo hacemos que un proceso educativo camine. Para eso precisamos involucramiento, si no hay involucramiento y no hay dialogo permanente, que es lo que nosotros venimos intentando desde 2005, es muy difícil que el proceso pueda avanzar, por más plata que se invierta.
NB —¿Pero a ustedes les tomó por sorpresa esta medida? Porque tanto Vázquez como [el vicepresidente Raúl] Sendic durante la campaña electoral se habían declarado partidarios de tomar esta medida.
GC —Es claro que en la campaña electoral varios compañeros se habían manifestado en ese sentido. No lo compartía en ese momento así como estaba planteado y tampoco lo comparto ahora, pero además hay una cuestión de contexto: sí, nos llamó la atención, nos sorprendió, porque no nos parece que esta situación ameritara una medida de esta naturaleza. Obviamente se ponderaron distintos factores, esa decisión es privativa del Poder Ejecutivo, no le corresponde ni al Parlamento ni a ningún otro ámbito institucional incidir en esta decisión, pero como militantes, dirigentes políticos e integrantes del gobierno, nuestro planteo es constructivo, de decir: ésta realmente no la compartimos porque creemos que no va en línea con los mismos objetivos que tenemos todos, que son tratar que el cambio educativo en el país avance y se profundice. Un poco es el tenor del planteo que estamos haciendo.
NB —Ayer tuvo lugar la reunión entre la bancada del FA y el Ejecutivo en la cual se les presentó el presupuesto y donde el tema educativo estuvo sobre la mesa con un destaque importante. ¿Cómo ven lo que se les presentó, lo que piensa destinarse a la educación?
GC —En primer término creo que lo que hay que destacar es que el país, en un contexto de deterioro de varios de los factores externos que hacen al crecimiento de Uruguay, como los precios de las materias primas que vendemos en el mundo, una situación regional compleja y una desaceleración de la economía China -que es principal compradora de muchos de nuestros productos-, Uruguay va a crecer. Hemos hecho cosas como para que nuestra economía esté fuerte y Uruguay va a seguir creciendo, a tasas más moderadas pero va a crecer.
Lo segundo es que con ese crecimiento nosotros lo que tenemos definido, y ayer lo ratificó el compañero presidente con mucha claridad, es cumplir el programa del FA. O sea: llevar adelante las prioridades que comprometimos en la campaña, como hemos hecho en los períodos anteriores. Esto es: en primer lugar educación, Sistema Nacional de Cuidados, salud, infraestructura, inversión en descentralización y recursos para las intendencias y otros rubros que han estado priorizados en general en nuestro planteo de campaña porque creemos que son importantes para que los cambios sigan avanzando en el país, para que Uruguay se siga desarrollando y su gente viva mejor, con mayores niveles de igualdad, con mejor distribución del ingreso, con más inclusión.
Las prioridades están puestas ahí, como el crecimiento no es tan importante como fue en otros períodos eso tiene que financiarse, y los recursos son finitos, entonces hay que ajustar mucho las prioridades, hay que hacer un poco de sintonía fina en eso. Lo que se plantea es que en estos primeros dos años vamos a hacer un esfuerzo fiscal que llega casi a los US$ 500 millones, que es mucha plata, que se va a invertir adicional a la que ya se invierte en cada uno de los rubros en estas prioridades. Prácticamente el 40 % de eso va dedicado a la educación, es un esfuerzo grande que muestra la voluntad política del gobierno de avanzar en los objetivos programáticos.
Se va a presupuestar hasta 2017 porque hay bastante incertidumbre sobre lo que puedan ser las tasas de crecimiento de la segunda etapa del período, que aspiramos a que sean mayores que las de los primeros años, porque además hay un objetivo de bajar el déficit fiscal para mantener una serie de variables que tienen que ver con la confianza internacional del país, con su solidez financiera, etcétera. Se propone un diseño presupuestal a dos años, se reitera el último año, en 2017, hasta el final del quinquenio y en 2017, por la vía de la Rendición de Cuentas, se harían ajustes tendiendo a incorporar más recursos adicionales para poder cumplir con todas las metas prioritarias que nos hemos planteado. Educación, en ese sentido, va a ser de nuevo una de las metas reforzadas.
El mensaje político del presupuesto es positivo, para la educación en particular es muy positivo, hay además una voluntad del gobierno de avanzar en materia de salarios, que ya ha quedado de manifiesto en la negociación. Se puede discutir y, si no, habría que esforzarnos un poco más en ese sentido para poder potenciar la formación docente, para que los gurises se formen como educadores, para mejorar la profesionalización docente, la dedicación exclusiva en los centros y todo lo que precisamos para jerarquizar y cambiar la educación.
Ahora vendrá una etapa de discusión en la bancada, el presidente ayer dijo con claridad que él no quiere una bancada que le diga que sí a todo lo que plantea el Poder Ejecutivo sino que quiere una bancada que elabore, que piense y que trabaje dentro de sus competencias para mejorar la propuesta que el Ejecutivo con mucha responsabilidad hace. En ese sentido vamos a trabajar, tratando de buscar nuevos ingresos, si se pudiera eso sería muy bueno, ahí hay visiones diferentes, si no redistribución de recursos dentro del propio presupuesto, y en particular la educación es para nosotros es la primera prioridad.
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Transcripción: Andrea Martínez
