La Intendencia de Montevideo clausuró por 30 días el boliche Coyote, ubicado en la calle Colorado y avenida San Martín, frente al cual se produjo el homicidio de un joven en la madrugada del lunes último. Este hecho determinó el procesamiento de tres guardias de seguridad de la discoteca, que son además policías de la Guardia Republicana.
Ahora el juez penal Nelson Dos Santos ordenó la apertura de un presumario para indagar si la discoteca vendió una cantidad de entradas que excedía el tope de personas permitidas en el local, y porqué los guardias contratados para custodiar un baile de menores portaban armas, algo que a juicio del magistrado debía se controlado por la Intendencia y el INAU.
En diálogo con En Perspectiva, la directora de espectáculos públicos del INAU, Alejandra Pacheco, explicó que para permitir el ingreso de adolescentes se pide habilitación de Intendencia, Bomberos, la contratación de una emergencia móvil y una empresa de seguridad. Según Pacheco el INAU controla si la empresa está habilitada por la Dirección General de Fiscalización de Empresas del Ministerio del Interior. En consecuencia es esa oficina la que oficialmente determina si los guaridas están habilitados a portar una arma en eventos organizados para menores.
Como el chequeo de armas en el personal de seguridad no es competencia del INAU, no hay forma de prever antes de cualquier inspección si hay empleados armados. "Se abre un camino de trabajo con el Ministerio del Interior" en ese punto, admitió Pacheco.
La jerarca aseguró que tienen conocimiento de los frecuentes incidentes que se dan afuera del boliche, pero no pueden hacer nada solitario si no trabajar con otras instituciones para promover medidas de seguridad en el exterior.
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Foto en Home: Concierto en la discoteca Coyote. Crédito: Facebook de Coyote.
