EC —Imposible recorrer en una entrevista el informe completo con todos sus detalles. ¿Cuántas páginas son?
PB —Son 200 y pico.
EC —Más los anexos.
PB —Le recomiendo un anexo. Los dos anexos están muy buenos, el del contador Álvaro Rosa y el del doctor [Jaime] Sapolinsky, pero ayer pasó algo que pasó desapercibido. En una parte decimos que en el FA se mostraron dispuestos a trabajar y aceptaron que era el camino. Lo dijo primero la senadora [Daisy] Tourné, que dijo que había consultado a Álvaro García, y lo dijo después Mujica. Después vino la senadora [Lucía] Topolansky, me pidió el informe. Es el gran tema, postergado hace mucho, de las empresas públicas y las sociedades subsidiarias. Más que empresas, las administraciones públicas. Creo que eso es un punto para empezar a explicar lo que está pasando con estas empresas del Estado.
Yo hago referencia a un reportaje que le hicieron a Eduardo Ache en el 99 y agrego ese informe de Sapolinsky. Ellos dicen que Ancap, Antel, UTE, etcétera, tienen un régimen de administración; se llaman administración: Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland; Administración Nacional de Telecomunicaciones; Administración Nacional de Usinas y Transmisiones Eléctricas. Es decir, su régimen es: vamos a administrar los combustibles, no vamos a ser una empresa; vamos a administrar las telecomunicaciones, no vamos a ser una empresa. Ese régimen jurídico no les permite ser una empresa.
Ache ya advertía en el 99: este sistema ha sido muy bueno, pero el mundo cambió, hay que ponerlo al día. En el 99 lo decía. Y Sapolinsky dice: “El problema es que los controles y la forma jurídica del ente no les permitían cumplir la función que tenían que cumplir”. Entonces crearon sociedades paralelas anónimas para evadir los controles, sin control. Y ahí está… ahí empieza este lío. Dice Sapolinsky, con lógica pura: “Si el problema es el control de la estructura, lo que tiene que se tiene que hacer es trabajar sobre el control de la estructura, no crear engendros jurídicos para puntearlos, porque si no sirve, no sirve para el ente”.
Después hay todo un trabajo de la Universidad de Montevideo y la Academia Nacional de Economía…
EC —Conversamos con sus autores aquí.
PB —Claro, y que va al tema. En estas sociedades anónimas paralelas de Ancap sus directores eran gerentes y directores de Ancap, los que iban a las asambleas, porque el accionista era Ancap. Eran controlados y controlantes, cuando en cualquier sociedad el accionista es el propietario y tendrá un representante en el directorio, pero no representa su propiedad. Acá no está el representante del dueño. Entonces se hizo esa cosa paralela y se generaron los líos en Cementos del Plata… Pregunté: “¿De qué sirve una empresa que se llama Pamacor SA?”, dijo un gerente: “Lo que pasa es que el Código de Minería no nos permitía tener más hectáreas, entonces tuvimos que crear una sociedad anónima porque a nombre de Ancap no podíamos tener más”. Tuvieron que usar una sociedad anónima para violar el Código de Minería y lo dicen como si no pasara nada. Digo: “Pero esto está mal”, “Ya le avisamos a Dinamige”, me dijeron.
EC —Ayer, durante el debate, el senador Carlos Camy, que fue integrante del directorio de Ancap por el PN, Alianza Nacional, plateó una versión más matizada a propósito de esto de las sociedades anónimas, de las “hijas y nietas” de Ancap.
PB —Creo que hay hasta bisnietas a esta altura.
EC —Destacó que varias de ellas le han dado muy buenos resultados a Ancap.
PB —Le digo más, algunas fueron creaciones de Ache. ¿Cuál es la joya hoy de Ancap? ¿Qué es lo que le da más plata en Ancap hoy, diría lo único que da plata en Ancap? Ducsa y Gasur. Han ganado juntas US$ 160, US$ 170 millones. Le decía Ache la otra vez: “Otros vendrán que bueno te harán”. Mire que lo relajaron y hoy en día lo que hizo Ache es lo único que da plata. Hay otras que son un escándalo, CABA fabrica perfumes y pierde US$ 700.000 por año.
EC —No fabrica perfumes, no ese es el objetivo; terminó incluyendo perfumes en su producción. Es la que maneja los alcoholes, las bebidas alcohólicas.
PB —Está bien. Agarraron un gerente que iba a los supermercados y compraba botellas de ron que hacía CABA, les daban plata a los gerentes para que compraran en el supermercado para generar demanda, así estaban en la góndola más adelante. Volvían, le daban la botella a CABA, les pagaban la factura y volvían a mandarla. Me pregunto: ¿Ancap tiene que fabricar perfumes, repelentes y bebidas alcohólicas y perder US$ 700.000 por año?
EC —Esa es una pregunta de fondo que alude a decisiones tomadas hace muchos años.
PB —Claro. Pero ¿tiene que seguir con Ducsa? ¡Sí, claro! Si da plata. ¿Tiene que seguir con Gasur? Claro, si da plata. ¿Tiene que estar en el negocio del cemento pórtland, perdiendo US$ 185 millones en los últimos 10 años? No. Hay que replantearse esas cosas, las que sí, sí y las estratégicas.
Después hay un tema enorme que es de responsabilidad de todo el sistema político, que es la ley de biocombustibles, de agrocombustibles. Pagamos US$ 100 millones de más por la aventura de ALUR. Los estudios de factibilidad de las inversiones de ALUR son un poema, dicen “vamos a invertir toda esta plata”, millones de dólares. ¿Cómo la vamos a recuperar? Vamos a quedarnos tranquilos porque Ancap nos compra todo lo que producimos al precio que ponemos porque nos tiene que pagar el costo. La rentabilidad está asegurada. Claro, yo soy socio suyo en la radio si me dice: “Vamos a poner una radio y quedate tranquilo, todo lo que tengamos de publicidad lo va a comprar Fulanito”. Pará, ¿y el costo? No importa. ¿Sabe qué hace Ancap con el costo de ALUR y los biocombustibles, por ley? Lo pasa a la tarifa. Esa aventura la está pagando el señor que viaja en ómnibus o que hace un flete o que carga el auto o la moto.
EC —Durante el debate de ayer varios representantes del FA insistieron en que cuando se consideran los números de las pérdidas de Ancap la cuenta está incompleta, porque faltan del otro lado todos los impactos que varias de esas inversiones han tenido. Por ejemplo, impactos económicos y sociales. Por ejemplo, en el caso de ALUR, la importancia que ha tenido en esa zona de Bella Unión, en el departamento de Artigas.
PB —Yo a eso lo llamo –lo definí al final– “desarrollismo mágico latinoamericano”. El desarrollismo mágico es pensar que la inversión por la inversión nomás ya genera para siempre avance y desarrollo. No es así. Cuando uno va a hacer una inversión, lo menos que tiene que pensar es que esa inversión pueda ser sustentable en el tiempo. Si yo voy a invertir US$ 275 millones en cemento pórtland, como ya invertí en Ancap, y voy a meter US$ 220 millones más, como tengo que meter, lo menos que tendría que decir es “si meto US$ 270, después no voy a tener que seguir metiendo todos los años”, pero metimos eso y tenemos que bancarlo porque no es rentable.
Cuando decimos eso nos dicen que no hay que tener en cuenta solo los elementos de rentabilidad. Está bien, empaten, por lo menos empaten. Pero antes que hacer eso, meter US$ 100 millones por año, como nos cuestan esas aventuras de ALUR, de repente con US$ 100 millones hago un desarrollo social más importante en esa zona. Sume US$ 250 millones más US$ 100 millones por año y va a ver que es muy poco el impacto que ha tenido. Eso es Venezuela. Venezuela nos pasó el virus de la ineficiencia y del manejo de recursos malo.
EC —En ese final que tiene el informe suyo, en ese epílogo: “¿Qué nos sucedió? La causa remota, el desarrollismo mágico”, un capítulo extraño, con un aire extraño para lo que son las costumbres en materia política, con un tono literario…
PB —Me saqué las ganas.
EC —… me llamó la atención que allí usted señala que en definitiva la causa de todos los males que se han estado investigando es el acuerdo original entre Uruguay y Venezuela, entre Ancap y Pdvsa, del año 2005. ¿Cómo es el razonamiento?
PB —En el 2005 Chávez y Vázquez hacen un acuerdo por el cual Uruguay va a pagar solamente el 75 % de las compras de petróleo al contado, y el 25 % lo va a financiar a 15 años, con dos años de gracia y 2 % de tasa de interés. Un regalo. Entonces Ancap vendía el combustible acá al contado pero pagaba el 25 % del petróleo a plazo. Eso significaba más o menos US$ 450 millones que le entraban, endeudándose, pero le entraban. Además, como era una deuda con un proveedor, eso no estaba alcanzado por el control del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ni de la OPP (Oficina de Planeamiento y Presupuesto).
Entonces de entrada, [Daniel] Martínez, que era el presidente, hizo bien, arregló financieramente la empresa. Pero se empezaron a encontrar todos los años con US$ 450 millones que tenían para gastar y empezaron a hacer locuras. Primero dijeron “no necesitamos gerentes generales, no necesitamos gerentes financieros”, dijeron “vamos a tener una empresa horizontal y no vertical”. En vez de un gerente tenían un consejo gerencial que eran cuatro gerentes más los directores. Imagínese una empresa que en vez de gerentes tiene siete personas tratando de ejecutar las cosas. Pero aparte se quedaron sin directorio, porque los gerentes también empezaron a opinar trabajando con el directorio. Armó un lío tremendo. Eso va por ahí.
Pero después dijeron “vamos a empezar a invertir. Vamos a invertir en el cemento pórtland. ¿Cuánto nos cuesta una planta? US$ 118 millones. ¿Y si invertimos en dos? En dos no conviene porque con una planta usted cubre todo el mercado de Uruguay y nosotros tenemos la mitad, así que con media planta nos alcanzaría. ¡Ah, pero vamos a tomar una decisión político-social, porque nos sobra la plata! En vez de US$ 120 millones vamos a gastar US$ 250 millones”. Pero invirtieron mal, porque no era necesario. Ahí siguió perdiendo plata Cemento Portland. Así fue cada… un día dijeron “somos empresarios de la cal y vamos a venderle a [la empresa brasileña] CGTE” y les cobran multas de US$ 7 millones por año. Así andan.
Después, con la abundancia del dinero apareció la vieja y querida tentación populista electorera, eso está presente en esto. Hacen una fiesta en La Teja de inauguración de la planta desulfurizadora y se gastan US$ 600.000. Después inauguran, en agosto, dos meses antes de la elección del 2014, la planta de cemento de Minas, hacen una gran fiesta pero estuvo pronta un año y dos meses después. Pasan el presupuesto de publicidad en el año electoral a US$ 10,7 millones. La abundancia de dinero bien manejada es muy buena, mal manejada lleva a estas cosas, funde la empresa.
EC —Lo curioso es que esa visión a propósito de lo pernicioso que pudo haber sido el acuerdo Uruguay-Venezuela del año 2005 aparece de algún modo avalada por ejemplo el ex ministro de Economía Fernando Lorenzo en su comparecencia en la comisión.
PB —Y ayer de noche al final lo reconoció Mujica. Dijo, medio a regañadientes, pero a mí no se me escapó porque me interesaba: “Puede tener razón Bordaberry en que ese crédito tan favorable y tanto dinero nos hizo mal”. Porque es así. Es muy difícil manejar la escasez, pero a veces es muy difícil manejar la abundancia también, porque uno empieza a gastar en lo que no hay que gastar. Por eso yo digo que la causa remota –parafraseo ese comienzo excepcional de la Historia universal de la infamia, de [Jorge Luis] Borges– empezó ahí. Les dieron un crédito barato, se la creyeron y empezaron a gastar y gastaron durante diez años lo que no tenían que gastar. Pensaron que era para siempre, hasta que un día les empezaron a pasar la cuenta: che, tenemos que cancelar. Entonces el MEF para cancelar les dio US$ 500 millones, después les tuvimos que dar US$ 650 y ahora tienen un pasivo incontrolable.
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Transcripción: María Lila Ltaif
