Entrevista con Raúl Olivera, secretario ejecutivo del Observatorio Luz Ibarburu.
EN PERSPECTIVA
Lunes 22.05.2017, hora 8.23
EMILIANO COTELO (EC) —Este sábado, como cada 20 de mayo desde hace 22 años, el silencio volvió a hacerse sentir.
Miles de personas se expresaron de esta manera en una nueva Marcha del Silencio, cuya principal manifestación tuvo lugar en Montevideo, pero que también tuvo correlatos en varias ciudades del interior.
Este año, la consigna fue “Impunidad. Responsabilidad del Estado ayer y hoy”, un reclamo que coincidió, en estos días, con declaraciones de representantes de organizaciones de derechos humanos que le exigen al gobierno una actitud más activa en la búsqueda de los detenidos desaparecidos durante la dictadura y sobre todo el avance de los expedientes vinculados a crímenes cometidos en aquella época.
Una de las instituciones que han venido impulsando con fuerza estas demandas es el Observatorio Luz Ibarburu, que en los próximos días incluso las presentará ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Para profundizar en estos planteos, estamos con Raúl Olivera, integrante de la Comisión de Derechos Humanos del PIT-CNT y secretario ejecutivo del Observatorio Luz Ibarburu.
Empecemos por explicar qué es el Observatorio Luz Ibarburu.
RAÚL OLIVERA (RO) —El Observatorio Luz Ibarburu es una definición que tomó el movimiento sindical uruguayo cuando se produjo la sentencia de la CIDH que condenó al Estado uruguayo a darle un impulso importante al proceso de lo que se ha dado en llamar en el Uruguay justicia transicional, porque estableció que la Ley de Caducidad no podía ser impedimento y que debía existir un proceso de justicia eficaz. Y para eso estableció determinadas obligaciones que el Estado tenía que cumplir. En aquel momento tomamos la decisión de observar ese proceso y la trasladamos al resto de las organizaciones sociales, que la tomaron con mucho entusiasmo. El Observatorio es una red de organizaciones sociales, si bien el PIT-CNT tiene un papel importante desde el punto de vista financiero, de dónde funciona y demás, no deja de ser un organismo que responde a un acuerdo de alrededor de 16 o 17 organizaciones que se conjuntaron con el objetivo de mirar ese proceso, de observar cómo se desarrollaba ese proceso.
EC —El origen es la sentencia de la CIDH sobre el caso Gelman, del año 2013.
RO —No, de febrero de 2011.
EC —O sea que el Observatorio como tal tiene a esta altura cinco años de vida.
RO —Recuerdo que en aquel momento hicimos una actividad en el salón de actos del PIT-CNT en la que reproducíamos una parte de una carta que había hecho Fito Páez cuando Juan Gelman buscaba a su nieta, que decía “si se alumbra este caso, nos alumbrará a todos”. Entonces entramos con un nuevo escenario, pero había que mirar cómo se desarrollaba ese escenario teniendo en cuenta las dificultades que tiene el sistema judicial nuestro y algunas cosas que percibíamos que se iban a producir.
En principio el Observatorio fue eso, mirar ese proceso cuando no lo miraba nadie y no había condiciones para que lo mirara nadie. Por ejemplo, el Poder Ejecutivo no sabía cuántas causas había archivadas por el imperio de la Ley de la Caducidad, la Suprema Corte de Justicia (SCJ) tampoco tenía ese registro, las únicas que lo tenían eran las organizaciones sociales. Juntamos toda esa información, creamos una base de datos y ese fue el origen del Observatorio.
Después cambió, vimos que no alcanzaba con mirar ese proceso, que había que intervenir y que para intervenir teníamos que tener un equipo profesional que se dedicara a eso. Entonces conseguimos los recursos, el PIT-CNT puso una parte, conseguimos otros y contratamos un equipo de abogados que no solamente miran el proceso de las 306 causas que en este momento existen en todo el Uruguay, sino que patrocinan las causas que les solicitan que lo hagan. Patrocinamos alrededor de medio centenar de causas con un equipo de abogados que trata de jugar en toda la cancha donde hasta hace muy poco solamente jugaban los abogados del Centro Militar.
