Entrevista con el diputado Jaime Trobo (Todos, PN).
EN PERSPECTIVA
Martes 01.11.2016, hora 8.50
EMILIANO COTELO (EC) —Ayer en la Cámara de Representantes pasó lo que se esperaba que ocurriera: no se aprobó la formación de una comisión investigadora parlamentaria sobre los “negocios que se han realizado desde Uruguay con la República Bolivariana de Venezuela”.
El Partido Nacional (PN) había solicitado esa comisión ante la sospecha de que el gobierno de José Mujica favoreció a personas allegadas al Movimiento de Participación Popular (MPP) y a una empresa en particular, Aire Fresco SA, para que intermediara en negocios millonarios entre empresas privadas uruguayas y la administración chavista.
Vamos a ocuparnos del debate con dos puntos de vista. En primer lugar, dialogamos con quien impulsaba el trabajo de investigación, vamos a conocer los argumentos del diputado Jaime Trobo, del PN.
La participación de la empresa Aire Fresco en los negocios entre Uruguay y Venezuela está siendo actualmente investigada por la justicia a partir de una denuncia que presentó el año pasado el abogado penalista Gustavo Salle. De hecho, está previsto que en las próximas semanas algunos de los principales directivos de Aire Fresco SA sean interrogados por la jueza María Helena Mainard, especializada en crimen organizado. ¿Por qué entendía usted, entonces, que era necesario generar, además, una comisión investigadora en la Cámara de Representantes?
JAIME TROBO (JT) —Esa denuncia del doctor Salle, que es notorio que está radicada en la justicia de Crimen Organizado, resulta de nuestra preocupación, y planteé en la Cámara de Representantes, dos semanas antes de la presentación de esa denuncia. Más precisamente en el mes de julio del año pasado, cuando se analizaba el proyecto de ley que autorizaba al Poder Ejecutivo a prestarle o a donarle o a darle a Ancap unos US$ 270 millones para que Ancap a su vez les pagara a los productores que le habían vendido a Venezuela. De ese modo se buscaba satisfacer la necesidad de que Venezuela se hiciera cargo de sus deudas, en un momento además de una crisis importante para el sector lechero por una cuestión de precios internacionales, etcétera. En aquella ocasión teníamos identificada a la empresa Aire Fresco, porque nos había llegado la versión de que para hacer negocios con Venezuela había que hablar con ella.
Después de esa denuncia judicial seguimos trabajando a nivel parlamentario, buscando información. Yo solicité un pedido de informes a la cancillería para conocer los antecedentes del acuerdo por el cual Aire Fresco virtualmente se constituía en un actor principal en las negociaciones con Venezuela. Fuimos recogiendo material que concluyó en la formulación de una denuncia a nivel parlamentario con el propósito de que el Parlamento investigara, de acuerdo a lo que establecen la Constitución y la ley en cuanto a sus competencias, y la ley de comisiones investigadoras, que establece que el Parlamento puede crear comisiones de investigación con fines legislativos o con fines investigativos propiamente dichos.
