Entrevista con el doctor Alfredo Antía, presidente de la Asociación de Laboratorios Nacionales y presidente de la Asociación Latinoamericana de Industrias Farmacéuticas.
EN PERSPECTIVA
Martes 11.10.2016, hora 8.29
EMILIANO COTELO (EC) —La Cancillería uruguaya se refirió al tratado de libre comercio (TLC) firmado con Chile la semana pasada como un hito importante en su misión de encontrar “mejores oportunidades para la producción nacional”. Sin embargo, dentro del país no todos opinan lo mismo.
La Asociación de Laboratorios Nacionales (ALN) advierte de que el capítulo referido a los acuerdos sobre propiedad intelectual podría perjudicar a la industria farmacéutica local. Pero además, alerta que la población y el Estado serían perjudicados, ya que podrían encarecerse de manera sensible los medicamentos de consumo habitual.
¿Por qué? ¿Cuáles serían las alternativas?
Vamos a ocuparnos de este tema con el doctor Alfredo Antía, presidente de la ALN y, al mismo tiempo, presidente de la Asociación Latinoamericana de Industrias Farmacéuticas (ALIF).
ALFREDO ANTÍA (AA) —Esperamos que esta sea una oportunidad de presentarnos y expresar los valores que ofrecen este conjunto de empresas que han venido produciendo en el país y creciendo con el país a lo largo del tiempo, como también mostrando que Uruguay puede tener medicamentos de calidad fabricados por empresas nacionales, por manos uruguayas, por técnicos uruguayos, que no solamente están tomando posición y cada vez más relevante en el mercado laboral, sino que también están empezando en forma constante y creciente a mostrar sus productos en el exterior.
EC —Comencemos describiendo cómo funciona la industria farmacéutica en Uruguay. Por ejemplo, ¿a quiénes representa la ALN?
AA —La ALN representa a 23 empresas nacionales y regionales que producen medicamentos en el país. Es una institución ya histórica, tiene casi 75 años, los cumplirá el año próximo. En el momento de su fundación ya existían empresas en el país por muchos años que se encontraron ante la necesidad de unirse para buscar puntos de acuerdo en lo que tiene que ver con el desarrollo sanitario y las posibilidades de obtener mejores posicionamientos en el ámbito local e internacional.
EC —¿Cuántos empleados abarcan esas 23 empresas?
AA —En este momento en planilla tenemos algo más de 3.000 empleados en forma directa, y en forma subcontratada unos 1.000 empleados. Para darle una dimensión del tamaño y de los efectos sobre la producción, representa aproximadamente el 5 % del producto bruto industrial.
EC —Eso es lo que representa el sector de laboratorios nacionales.
AA —Este sector. Pero por ejemplo el sector cárnico representa el 12 % y la industria láctea el 6 %. Y cuando hablamos de exportación, el año pasado este sector exportó US$ 102 millones. Es un número relevante en cuanto es el 20 %-25 % de la producción farmacéutica nacional, pero es un 10 % de lo que exportó Uruguay en carne. Por lo tanto un país con una matriz productiva esencialmente agropecuaria tiene un destello, un brillo para mostrar en esto, y en el brillo y el destello, una oportunidad.
EC —Por otro lado está la Cámara de Especialidades Farmacéuticas y Afines (CEFA), integrada por empresas multinacionales.
AA —Exactamente, es la cámara que nuclea a los laboratorios multinacionales.
EC — ¿Cómo se reparte el mercado?
AA —En este momento creo que tiene 13 asociados. El mercado farmacéutico se describe del siguiente modo: más del 90 % de las unidades que se consumen en el Uruguay son aportadas por los laboratorios nacionales. En valores, eso representa el 70 % y el 10 % restante de las unidades se lleva el 30 % de los valores y está en manos de los laboratorios multinacionales.
EC —¿Por qué es eso?
AA —Tiene que ver con que el volumen masivo de aporte de productos a bajo precio es de los laboratorios nacionales. El consumo esencial del Estado, del sistema mutual y de las farmacias en casi todas las clases terapéuticas es aportado por nuestras empresas.
EC —¿Qué tipo de productos farmacéuticos elaboran los laboratorios uruguayos?
AA —Prácticamente todos, tenemos presencia en todas las clases terapéuticas, que son muchas. Por supuesto en algunas nuestros productos son absolutamente dominantes y en otras, en los productos hoy conocidos como productos de alto costo, recién estamos en la etapa de incursión. Pero lo que revelamos con esto es la necesidad de impulsar al sector nacional a tener políticas públicas coherentes, que alienten la inversión en el área farmacéutica de modo tal que esta cartera de productos que hoy están generando dificultades desde el punto de vista financiero a los sistemas de salud en Uruguay y en el mundo sea también abastecida por el sector nacional.
EC —En este punto conviene clarificar algunos conceptos. Por ejemplo, ¿cómo es la clasificación de los medicamentos que se venden en Uruguay? Están los productos con patente, hay productos genéricos y hay “copias” o “similares”. ¿Qué quiere decir cada una de estas categorías?
AA —El producto patentado es el producto innovador, el producto que es propiedad del inventor. Las demás acepciones mencionadas, el genérico, el similar, son productos como el patentario pero fabricados por un laboratorio nacional, o en su defecto importados que no están en ejercicio del uso del monopolio legal que ofrece la patente, pero que están habilitados por el Ministerio de Salud Pública y son consumidos por los distintos sectores de salud del país. Esto es así en Uruguay y en cada uno de los países del mundo. La convivencia entre productos patentados y productos genéricos o similares o similares de marca es el vocabulario de encuentro de los productos patentados y los productos similares.
EC —A ver si está bien esta definición: producto patente es aquel cuya fabricación se encuentra protegida temporalmente por la ley de patentes, lo que posibilita al laboratorio que registró esa patente ser el único que lo produce comercialmente.
AA —Exactamente, porque en la medida en que el producto se registra en el Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM), en la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial (DNPI), y registra su condición de ser una novedad absoluta, de tener altura inventiva y de tener aplicación industrial –que son los tres parámetros que mide la ley a la hora de extender una patente–, ese producto goza del privilegio de la exclusividad, entonces ningún laboratorio podrá competir con ese producto por 20 años, según establece la ley. Hay una primera parte de esos 20 años que se consumen en tiempos administrativos y finalmente el ejercicio no es tan largo, pero es así. Eso es así en el Uruguay, y si bien no lo estamos viendo aún en términos importantes, porque la ley es relativamente reciente y los lanzamientos de productos protegidos por este sistema legal por ahora son pocos, con el paso del tiempo va a haber más productos protegidos por patentes que van a gozar de monopolio y las empresas podrán venderlos al precio que consideren.
EC —¿Y qué tipo de productos elaboran los laboratorios nacionales?
AA —Los productos que no tienen protección de patentes, que son la enorme mayoría y que son los que consumimos, los que vamos a buscar a las mutualistas, a los hospitales o a las farmacias.
EC —¿Son los que se denominan genéricos?
AA —En términos generales en el mundo se los conoce por genéricos, en contraposición con los productos patentados. En Uruguay les decimos productos similares, genéricos con marca o directamente genéricos sin marca.
EC —¿Qué significa eso? ¿En qué se parecen a los patentados?
AA —Significa que es el mismo producto, con la misma formulación, con la misma concentración de droga, con el mismo efecto terapéutico. Si hay algo que ratifica esto que estoy diciendo es que nuestros productos de similares o genéricos de marca han ido tomando posiciones en el mercado a tal punto que hoy llegan al 90 % del consumo en el país. Le doy un dato: el promedio de abastecimiento de la industria nacional en América Latina es de 75 %, Uruguay llega al 90 %. Esto es porque tiene una industria presente, competitiva, fermental, y desde el lado de la medicina, los médicos, las instituciones y por cierto los pacientes han ido aceptando cada vez más nuestros productos.
EC —Muchos pueden plantearse: ¿es mejor un producto con patente que un producto genérico?
AA —Si usted necesita el producto con patente y es el único, es el mejor. Pero si usted necesita ese producto y tiene la posibilidad de utilizar el producto genérico o similar de marca, que es el que usted puede pagar, le va a hacer bien, es excelente también. Lo importante para los sistemas de salud es la accesibilidad, que haya posibilidades para los pacientes.
EC —Pero ¿efectivamente es equivalente?
AA —Efectivamente el producto le va a dar el mismo resultado. El tema de la bioequivalencia está limitado a unas pocas moléculas con riesgo de producir efectos secundarios porque las dosis terapéuticas y las dosis tóxicas son muy cercanas, por tanto se requieren estudios de bioequivalencia. Pero eso es para un puñado de productos, ya está establecido por la normativa uruguaya y estamos en cumplimiento y en camino al mejor cumplimiento de esa normativa.
EC —Quedó dicho al pasar que entre el producto con patente y el producto genérico hay una diferencia de precio.
AA —Sí, muy importante.
EC —¿De qué orden?
AA —Ingresando en el asunto del acuerdo con Chile, veíamos que un producto para el sida, el tenofovir –que es una de las moléculas más modernas que se está utilizando en Uruguay–, tiene en Chile un único oferente que es el original, el laboratorio Gilead de Estados Unidos. Cada comprimido fue ofertado en la última licitación pública de Chile a US$ 3. En Uruguay también está ese producto, del mismo laboratorio, y convive con otras cuatro ofertas nacionales. El ganador de la última licitación en Uruguay ganó con $ 25 el comprimido.
EC —Menos de US$ 1, en comparación con los US$ 3 del original en Chile.
AA —Exactamente. Eso ocurrió porque la normativa uruguaya lo permitió, porque quizás no se interesaron en el pequeño mercado uruguayo, porque el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (TCMP) no estaba vigente en Uruguay y la patente de ese producto no llegó a formalizarse. Por tanto Uruguay quedó libre para lanzar al mercado ese producto, y ese producto hoy está más al alcance del paciente que está en Chile.
EC —El fin de semana pasado el diario El País publicó una nota sobre estos asuntos en la que lo consultaban a usted, y usted planteó una frase que quizás haya llamado la atención a muchos. Dijo “los medicamentos uruguayos son los más baratos de América Latina”. ¿Cómo es eso?
AA —Efectivamente, el precio promedio de América Latina en el año 2015 fue de US$ 7,5 la unidad, y el precio promedio en Uruguay fue de US$ 3,5. Ese es el precio promedio actual de los laboratorios nacionales y extranjeros, $ 91. No lo decimos nosotros, estamos leyendo información de auditoras internacionales que revelan el precio de los medicamentos en los países del mundo.
EC —Uruguay es barato en materia de medicamentos.
AA —Es el más barato de América Latina.
EC —Curioso, porque está muy arriba de la mesa la discusión sobre los medicamentos de alto costo, etcétera.
AA —Pero los medicamentos de alto costo son un puñado al lado del consumo masivo de medicamentos. Uruguay consumió 130 millones de unidades farmacéuticas en el año 2015, de las cuales 118 millones fueron abastecidas por nuestros laboratorios. Entonces, ¿de cuántos tratamientos con productos de alto costo hablamos? El dato está en las estadísticas del Fondo Nacional de Recursos, en su página web, no recuerdo si son cerca de 3.000 tratamientos en el año. Entonces, por más caros que sean, que son caros –ojo, hay productos en el exterior muchísimo más caros que los que compra Uruguay–, todo se vuelve un poco más relativo y el precio promedio de Uruguay es ese US$ 3,5.
El precio promedio de nuestros laboratorios, de la ANL, este año es de $ 72. Para llegar a $ 72, les vendemos al Estado y al mutualismo casi el 75 % de las unidades y el resto se lo vendemos a las farmacias a un precio algo superior. Entonces somos parte de la solución del problema, porque usted va a una mutualista a comprar un medicamento y le van a cobrar un tique moderador que va a estar en los $ 150, $ 200. Contribuimos al financiamiento del Sistema Nacional Integrado de Salud.
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EC —En estos días los laboratorios nacionales han advertido de que la firma del TLC con Chile facilitará el monopolio, afectará la competencia y llevará a largo plazo a un aumento del precio de los medicamentos. ¿Qué es concretamente lo que los preocupa?
AA —Nos preocupa que Uruguay firma con un par, Chile, un par similar, un país un poco más grande, con una economía más poderosa, un TLC –que por cierto ya tiene, vía Mercosur– y agrega un capítulo de propiedad intelectual. ¿Qué sentido tiene? La primera impresión que nos genera es que estamos adquiriendo, por transitiva, las obligaciones que Chile se ha dado en materia de propiedad intelectual en los acuerdos bilaterales o multilaterales que ha firmado y que quizás le han generado beneficios para vender sus uvas, su salmón, sus flores, su cobre, en fin, sus productos, en Estados Unidos o donde sea; ahora acaba de firmar el TTP (Trans Pacific Partnership Agreement). Pero como en materia de propiedad intelectual Chile tiene un estatus mucho más alto que el nuestro, se firma esto –que no sé exactamente qué beneficios le va a generar al país– y se agrega un tratado específico de propiedad intelectual, el capítulo 10. El capítulo 10 contiene una convocatoria a la firma de un TCMP.
EC —En el capítulo 10 del TLC se establece textualmente que los países signatarios deberán hacer “los mejores esfuerzos para ratificar o adherir al Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (TCMP)”. ¿Qué es eso?
AA —Exactamente. Ratificando lo que decía antes, uno entendería que Estados Unidos o la Comunidad Europea nos planteasen un tratado así para defender sus innovaciones y sus creaciones, pero Chile esencialmente no es una economía tecnológica como para plantear un capítulo de esta naturaleza y sí nos lo plantea. El TCMP es un régimen simplificado y unificado por el cual un investigador presenta en una oficina la solicitud de una patente, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) en Suiza la publica –esa es la fase 1– y luego, si adhiere a la fase 2, le concede el análisis profundo de la patente a una de las oficinas centrales de algunos de estos países con importantes oficinas de propiedad intelectual.
EC —Eso implica que el trámite para esa patente no es relativo a un solo país, sino que abarca a una cantidad de países, a todos los integrantes de ese tratado.
AA —En el instante en que pide el análisis profundo de la patente debe pagar un arancel y debe poner tics en los países donde pretende registrar la patente. Fíjese que hay una perversidad ahí –o una ventaja, vamos a verlo, en función de quién lo mire–, porque en la medida en que pague un poco más de arancel va a poder poner más tics y va a haber bonificación de tics, va a poder agregar más países que le van a aparecer gratuitamente si en la primera instancia los incluyó en la solicitud de la patente.
EC —Pero ¿no es lógico que el procedimiento sea así, que se desburocratice el registro de patentes en el mundo? Si alguien es el propietario de un principio como este, de una molécula por ejemplo, ¿por qué va a tener que ir país por país haciendo los trámites en las oficinas correspondientes?
AA —Totalmente de acuerdo. El problema está en que la lectura, la sintonía del observador que va a analizar esta patente va a estar influida por la política de patentes de su país. Los países centrales tienden a ser benévolos en el juicio de las patentes de sus connacionales y tienden a ser más estrictos con los productos de otras regiones. Entonces, si el informe es positivo, si bien no es vinculante y no obliga al Uruguay –en el caso de que se firme este PCMT– a inscribir la patente, entendemos que de algún modo va a relajar, alivianar, puede haber una tendencia de la oficina local del MIEM a dar por bueno lo que se ha juzgado en otro lado.
EC —Supongamos que quien está registrando uno de estos medicamentos por ese sistema del TCMP marca a Uruguay en esa selección de tics, ¿qué impacto real tiene eso?
AA —Uruguay va a tener que analizar la patente, porque los efectos no son vinculantes.
EC —Va a tener que analizarla sin que haya que haber empezado el trámite acá.
AA —Exactamente. Pero Uruguay tiene un atraso; nos consta que la doctora [Marianela] Delor, la directora de la DNPI, está haciendo enormes esfuerzos, pero me parece que necesita más respaldo de la administración para tratar de hacer de esto algo más ágil. Porque los pedidos van a venir vía PCMT y van a ser muchos más, porque va a haber muchos tics, y el análisis se tendrá que hacer igual. El riesgo que vemos es que una cosa es el análisis que hace Uruguay, que tiene una ley… Por ejemplo, Uruguay no admite las patentes de segundo uso, si un medicamento es inventado para una determinada cosa, si aparece una indicación posterior en Uruguay ese producto no puede patentarse otra vez. Un ejemplo concreto: desde que rige la ley de patentes la ANL viene oponiéndose, observando las patentes que entiende que no corresponde ser adjudicadas. Se han presentado 3.500 solicitudes y nos hemos opuesto a 1.500. Le cuento una: el ácido acetilsalicílico tiene 100 años en el mercado…
EC —La aspirina.
AA —Lo dice usted. Ese producto pretendió patentar un segundo uso por sus indicaciones cardiovasculares, pero nuestra Asociación de opuso en la oficina del MIEM, y finalmente el interesado desistió y el camino no continuó. Pero en esa avalancha de patentes alguna cosa puede pasar, alguna cosa se puede colar, en estos países que han firmado el PCMT se han colado cantidad de cosas. Y hay productos que están patentados y están en el mercado, se están vendiendo, pero puede ocurrir que consigan la patente y no vengan a venderlo y que el Uruguay ni siquiera pueda tener la chance de producirlo porque hay un monopolio para un tercero que no se interesa en este pequeño mercado. Es ahí que las empresas nacionales pierden la chance de lanzar sus productos con sus propias marcas.
EC —Ustedes entonces en vez de centrarse en los perjuicios que esto implicaría para la industria farmacéutica nacional, prefieren observar lo que implicaría para el usuario, para las instituciones, incluso para el Estado.
AA —Nos corresponden las generales de la ley y debemos defender el interés de nuestro sector de actividad, que, como decíamos, tiene un peso en la economía del país, en el empleo, en la inversión, en el aporte mediante los impuestos que contribuye al funcionamiento de la comunidad. Pero es obvio, nosotros producimos bienes primarios que van a la vida del hombre, y en nuestro caso estamos asegurando la independencia y la soberanía de abastecimiento. Por eso estamos alertando a las autoridades de que esta fotografía que tenemos hoy de que el 90 % de lo que consumimos surge de las plantas productoras en Uruguay es una ventaja enorme que debemos potenciar hacia el futuro y perfeccionar.
EC —De la audiencia llegan visiones críticas. Por ejemplo, Daniel dice: “Más les vale que sean baratos en la producción de estos medicamentos acá. Lo que pasa es que como sociedad estamos plagiando. Imaginen que a Luis Suárez una empresa china lo utilizara para su imagen sin su permiso; seguro pondríamos el grito en el cielo, tenemos que reconocerlo”.
AA —La batalla por las patentes es una batalla mundial. Durante la ocupación de Berlín en la Segunda Guerra Mundial la oficina de patentes germana era un botín de guerra para los países aliados, el que llegara primero se llevaba las investigaciones, particularmente en el ámbito de la química. Llegaron los rusos primero. Nuestro asesor en el área de propiedad intelectual, el doctor Agustín Prat, que fue director de la oficina de patentes en el año 86, me contaba una anécdota de su participación en una reunión de la OMPI en Pekín en el año 1990, pos-Tiananmén. Me decía que en esa ciudad había dos edificios enormes que resaltaban, uno era el hotel Sheraton y el otro era el edificio de patentes. Y recordaba la frase de una delegada de un país del sureste asiático, de Filipinas, que decía: “Quisiéramos, como países en desarrollo, tener en el siglo XXI los edificios de oficina de propiedad intelectual que tienen los países desarrollados ahora en el siglo XX”. Los países que se plantean un desarrollo y un crecimiento invierten muchísimo en esto, porque les va el futuro. De lo contrario terminamos produciendo carne, granos, productos primarios, y renunciamos a las posibilidades de desarrollar otros aspectos de la vida industrial que nos permitan trascender, ya no solo en el mercado local, sino también en el mercado internacional.
EC —¿Cómo sigue para ustedes este tema?
AA —Tenemos que hablar con las autoridades, tenemos que alertarlas. El hecho de que se ponga el tema sobre la mesa nos permite justamente esto, ver qué es lo que tenemos, valorar lo que tenemos y ver qué es lo que nos falta para tratar de hacer entender que tenemos un futuro promisorio en la medida en que convengamos en que esto ya es no un activo para los dueños de estas empresas o un puesto de trabajo para sus trabajadores, sino que es un activo para el país. Porque ahí hay una fuente de abastecimiento, hay una fuente de crecimiento y de financiamiento del propio sistema de salud, que puede acceder a productos a los que de otro modo no podría acceder.
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Transcripción: María Lila Ltaif
