EC —Sí, pero es raro eso de que el huésped tenga que estar fingiendo un personaje, digamos.
JT —Sí, es raro y para nada lo animamos, entendemos que el viajero no tendría que pasar por ese proceso. Esto marca un poco que faltan conversaciones y que necesitamos normalizar Airbnb en estas ciudades. Nuestra visión es que Airbnb sea un modelo de acomodación tan natural como cualquier otro y que el anfitrión, si cumple con la legalidad del contrato de arrendamiento que tiene para su casa, pueda operar porque la regulación de la ciudad lo permite. Obviamente a nivel edificio siempre dependerá de que el anfitrión se entienda con el propietario y la comunidad de vecinos. Eso podemos influenciarlo dando visibilidad al modelo, normalizándolo, hablando de la seguridad y comunicando de las bondades de nuestra plataforma, pero siempre dependerá de esa relación más vis a vis que probablemente no podemos controlar tanto. Sí estamos trabajando muy duro en generar esa visibilidad y esa regulación que normalice el modelo para la ciudad.
En un mundo ideal, y probablemente a unos meses vista –porque la situación en Nueva York, aun siendo compleja en sus orígenes, va avanzando, llegamos a acuerdos–, si se trabaja ese marco que nos ampare y que nos legitime, podríamos decir que Airbnb es 100 % legal en Nueva York, que los pasos que se han dado en la dirección correcta permiten que cada anfitrión pueda tener esa conversación sana con su comunidad de vecinos para llegar a acuerdos puntuales en cada caso y que los viajeros que llegan a la ciudad no tengan que pasar por esa situación en el momento de la reserva.
Dicho eso, me parece un caso relativamente excepcional porque en Nueva York, con decenas de miles de anuncios activos, no tenemos a tantas personas pasando por esa experiencia.
EC —Algo parecido plantea Mónica, que nos escribe desde un hotel de Montevideo: “En Uruguay día a día debemos enviar un informe a la policía para verificar que quien reserva no sea una persona buscada o que haya cometido delitos”. Parece claro que los arrendamientos que se realizan a través de Airbnb no cumplen con este trámite. ¿Ustedes están dispuestos a empezar a cumplir con este tipo de normas?
JT —Hemos experimentado –y estamos en posibilidades de poder ofrecer ese servicio en Uruguay y en cualquier otro país– con tener un background check a través del cual de alguna manera conectarnos con las autoridades antes de la transacción y de una primera reserva, en el momento del registro. Estamos explorando en esa dirección.
Una vez más, nuestro compromiso con la seguridad y la confianza es alto y, obviamente, si esta medida apoya a la seguridad, estamos dispuestos a explorarla y creemos que tiene viabilidad en muchos países en los que operamos.
EC —Otro punto que está en el debate a propósito de la competencia de Airbnb en Uruguay: en nuestro país el alquiler de inmuebles paga el Impuesto a la Renta de las Personas Físicas, 10,5 %, y por ley las inmobiliarias son agentes de retención de este tributo. En los arrendamientos que se hacen a través de Airbnb esta posibilidad de retención no existe porque la empresa no está ubicada en Uruguay, no está registrada en el Ministerio de Turismo. Ese es uno de los factores que las inmobiliarias formalmente establecidas denuncian como competencia desleal. ¿Qué dicen ustedes?
JT —Completamente de acuerdo. Al no estar registrados en cada uno de los 191 países en los que operamos no podemos ejercer esa responsabilidad que mencionas. Dicho eso, trasladamos la responsabilidad fiscal a nuestros usuarios, pero también creemos que existen posibilidades de integración a nivel producto: que no tengamos que tener presencia física pero que el propio producto de alguna manera ya participe de esa retención de impuestos. Siempre y cuando estemos hablando de tasas turísticas, de ocupación, podemos explorarlo. Lo hemos hecho en otros mercados y forma parte de las propuestas que estamos discutiendo con el Gobierno de Uruguay. Estamos plenamente en línea de poder apoyar en cuanto a la recaudación de impuestos y estamos afinando el modelo para que la propuesta funcione para ambas partes.
EC —Por otro lado, también acá en Uruguay, la inmobiliaria le cobra al arrendador una comisión por la transacción que a su vez está gravada con el Impuesto al Valor Agregado (IVA). En el caso de ustedes ese IVA no existe. ¿Han tocado este tema con las autoridades?
JT —Ese tema no. En la naturaleza del modelo [de Airbnb] no existe esa comisión al anfitrión, solo se retiene el 3 % y no es una comisión sino simplemente un costo de transferencia. Por lo tanto, creemos que es una compensación que aplica menos que la anterior, que se asegura que el 97 % del dinero, que es lo que llega a las manos del anfitrión, esté propiamente integrada con la normativa fiscal local.
EC —Ustedes conocen el artículo 675 de la Ley de Presupuesto, que se votó el año pasado, dice: “Todas las entidades, residentes o no, que intervengan directa o indirectamente en la oferta o en la demanda de la prestación de servicios de transporte terrestre de pasajeros o de alojamiento turístico, por parte de personas físicas o jurídicas que no estén debidamente habilitadas para el desarrollo de tal actividad, serán solidariamente responsables por las obligaciones tributarias y las sanciones aplicables a estas últimas”.
Es una norma que, por lo visto, apuntaba a trasladar a las tarjetas de crédito, por mencionar un ejemplo, una parte de la responsabilidad por los tributos que no estuvieran pagándose. ¿Qué está ocurriendo con esta norma en su aplicación en la práctica?
JT —Al final las leyes de presupuestos generales que generaron un marco de operación del 2016 al 2019 contemplan cientos de provisiones, la que mencionas es una que claramente nos interesa entender. Estamos en el proceso de interpretar las consecuencias e incorporarlas a las propuestas, ya que tenemos un diálogo abierto –incluso desde antes de la aprobación de esta ley– con el Gobierno. Estamos en la línea de entender las implicaciones y solucionarlas con una propuesta. Entendemos que nos puede impactar, estamos en el proceso de entenderlo y de trabajar con las autoridades para llegar a un acuerdo que operativamente funcione.
EC —Para terminar: ¿cuándo es que ustedes van a entregar esa propuesta de la que hablaron con las autoridades?
JT —Esperemos que en las próximas semanas, creemos que merece la pena trabajarla para que sea una propuesta sólida, muy bien pensada, apalancada en ejemplos internacionales pero reconociendo las particularidades locales, y queremos ser muy responsables con una propuesta que defienda y articule a nuestra comunidad y que, a la par, sea muy beneficiosa para Uruguay.
EC —Cuando dice que será a la brevedad, ¿en qué plazo está pensando?
JT —Esperemos que en semanas.
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Transcripción: Andrea Martínez
