Entrevista con Enrique Viana, fiscal de Menores.
EN PERSPECTIVA
Martes 27.10.2015, hora 8.17
EMILIANO COTELO (EC) —“Me ocupo de temas que molestan al Gobierno. Por eso no quieren que siga trabajando.”
Así reaccionó el fiscal en lo civil Enrique Viana cuando supo que se lo trasladaba a una fiscalía de menores mientras se le desarrolla una investigación administrativa. En la resolución, que se conoció el martes pasado, el fiscal de Corte, Jorge Díaz, argumenta que Viana ha promovido sin éxito reiteradas acciones en juzgados de la República y también numerosos planteos de inconstitucionalidad, “lo que es indicativo de una posible falta de idoneidad” para ejercer el cargo en el que se desempeñaba. Viana se ha hecho conocer como “el fiscal verde”, por la cantidad de demandas que ha entablado contra el Estado por asuntos ambientales.
¿Qué hay detrás de esta resolución? ¿Cómo va a encararla?
Vamos a conversarlo con el fiscal Enrique Viana.
¿Cuántos años llevaba como fiscal en lo civil?
ENRIQUE VIANA (EV) —Ingresamos a Montevideo como fiscales letrados nacionales y somos asignados a una materia tras una venia concedida por el Parlamento. Soy fiscal desde el año 91, fui fiscal departamental en Artigas hasta el 93, del 93 al 98 fui fiscal en Paysandú y luego entré como fiscal nacional en la Fiscalía de Civil 8º en el año 98. Por discrepancias con el doctor Peri Valdez –esta película ya la vi– me trasladaron a Aduana, donde estuve cuatro meses nada más, porque yo había interpuesto recursos administrativos, al final se me dio la razón y estuve cuatro meses en Aduana porque denuncié una cantidad de cosas que estaban pasando allí y alguien no me quería en ese lugar. En setiembre del 99 volví a Civil, pero no a la misma fiscalía, sino que volví a Civil 3º, que es la fiscalía que venía ocupando hasta ahora.
EC —Estamos hablando de un poco más de 15 años.
EV —Exactamente, casi 16.
EC —Usted recordaba un antecedente de inconvenientes, pero hay otro más cercano. En junio de 2014 se le inició un sumario con separación del cargo porque aparentemente no estaba concurriendo a las audiencias. Ese sumario lo mantuvo alejado del cargo por seis meses. ¿Cuál fue el resultado?
EV —El resultado fue la aplicación de una sanción de tres meses de suspensión con descuento del equivalente a seis medios sueldos en seis meses. En realidad no fue la primera vez que me observaron o me intentaron presionar por la forma de proceder como fiscal. He tenido infinidad de pedidos de informes de la Fiscalía de Corte, con otros fiscales de Corte, por denuncias del Ministerio de Educación [y Cultura] (MEC), por denuncias del Ministerio de Vivienda [, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente] (Mvotma) en su momento. Una vez se me preguntó por qué había viajado a Gualeguaychú, yo había viajado a un evento académico a Gualeguaychú, y al mismo tiempo habían viajado dos fiscales, la doctora Tellechea y la doctora Guianze, a los festejos de la Revolución cubana. Entonces dije: si me piden informes a mí, pídanles informes también a mis colegas. Así se terminó ese asunto.
Después, en el año 2009, a partir de una crónica que sale en Búsqueda, en la que se refleja algo que yo había dicho en un dictamen en el que había sostenido que vivíamos tiempos de jurisprudencia antiambiental, también se me inició un sumario, que se me tuvo abierto durante un año, sin separación del cargo, y terminó siendo clausurado porque se entendió que estaba actuando de acuerdo a mi leal saber y entender. O sea que todos estos hechos vienen de esa razón.
EC —Y en el anterior, el de no cumplimiento con las obligaciones de asistir a las audiencias, ¿cómo se laudó la diferencia de criterios que había entre usted y sus superiores?
EV —No se laudó, no está laudada. Es muy bueno lo que usted dice: diferencia de criterios, independencia técnica. Cuando se incorpora a la ley orgánica, en una ley de rendición de cuentas, la obligación de asistir a los actos de instrucción y audiencias, inmediatamente le mandamos una comunicación a la Fiscalía de Corte explicándole cómo interpretábamos esa norma. Interpretábamos que esa norma era para cuando los fiscales actúan como parte, no para cuando actúan como terceros. En el 80 %, casi 90 % los fiscales actúan como terceros, no son parte en el juicio. Allí el Código General del Proceso, que sigue vigente, les da 20 días para pronunciarse, obviamente para pronunciarse fuera de audiencia, desde su despacho técnico.
Nosotros hicimos esa comunicación y hubo un silencio total. Durante más de un año la Fiscalía de Corte no dijo nada sobre eso. Procedimos de acuerdo a nuestro criterio. Un año y tres meses después se me inicia un sumario con separación del cargo porque yo estaba de acuerdo a ese criterio que le había expuesto a la Fiscalía de Corte, respecto al cual la Fiscalía de Corte había callado, no había dicho que tuviera algún tipo de observación a ese criterio. Es una diferencia de criterios.
Cuando se da una diferencia de criterios entre magistrados lo que debe primar es la independencia técnica. Y eso es lo que hoy está en cuestión en el Ministerio Público. Hoy vamos a un sistema, de la mano del actual señor fiscal de Corte, en el que se elimina la independencia técnica de los fiscales.
EC —Con respecto a la asistencia o no a las audiencias, ¿va a seguir moviéndose de la misma manera que lo había hecho hasta que lo sancionaron, hasta que lo observaron?
EV —Por supuesto.
EC —No va a modificar su conducta.
EV —No, no, por supuesto. Hace unos días presentamos la acción de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, recurrimos primero administrativamente la decisión. Hay una cosa muy interesante, cuando se aplica la sanción –que la aplica el MEC, el Poder Ejecutivo– se dice “por no asistir a todas las audiencias”. No hay fiscal en el país que haya asistido a todas las audiencias a las que es convocado. Más le digo, en el reciente caso Aratirí, en la audiencia del informe in voce, a la que son convocadas las partes ante la Suprema Corte de Justicia (SCJ) –nosotros habíamos pedido para hacer un informe in voce, que es una especie de alegato oral que se hace ante los ministros de la Corte–, es convocada la Fiscalía de Corte, que interviene como tercero en el proceso. La Fiscalía de Corte no asistió a esa audiencia.
Siguiendo el criterio de que al fiscal Viana se lo sanciona por no haber asistido a todas las audiencias, a la Fiscalía de Corte, no sé a quién, a alguien de la Fiscalía de Corte había que haberlo sumariado y separado del cargo por seis meses.
EC —Vayamos a lo más nuevo. La semana pasada el fiscal de Corte dispone una investigación administrativa sobre su fiscalía y lo traslada a una fiscalía de Menores.
EV —Usted lo dice bien: son dos resoluciones. No es una investigación administrativa a Viana, en teoría, como está puesto, sino que es una investigación administrativa a la fiscalía. Una cosa bastante curiosa.
EC —Repasemos los argumentos que utilizó el fiscal de Corte. Sostiene que son reiterados los planteos de inconstitucionalidad que usted ha impetrado respecto de diversas leyes (tanto por la vía de acción como de excepción) y también son reiterados los rechazos de SCJ a esos recursos. Luego destaca que usted ha iniciado reiteradas acciones en diferentes juzgados, las que han sido unánimemente rechazadas por los jueces intervinientes en ellas. A raíz de esta entrevista, con la producción de En Perspectiva repasamos los antecedentes y todo indica que el resumen que hace la Fiscalía de Corte es correcto. ¿Cómo explica usted ese alto porcentaje de fracaso en sus iniciativas?
EV —Primera cosa, hay verdades a medias, que son peores que las mentiras, según dice el dicho popular. No es así, no es correcto que el fiscal Viana haya perdido todos sus casos.
EC —Yo no dije todos, dije alto porcentaje de fracasos.
EV —Vengo sosteniendo desde hace mucho tiempo –me valió un sumario– que en materia ambiental en el Uruguay vivimos tiempos de jurisprudencia antiambiental. Pero vivimos tiempos de jurisprudencia antiambiental porque vivimos tiempos de política antiambiental. Siempre cito al presidente Mujica, que dijo en algún momento “nos volvimos brutalmente ecologistas”. Estoy de acuerdo con el presidente Mujica, nos volvimos brutalmente ecologistas. Nos volvimos brutalmente ecologistas cuando en la reforma del año 97 a la Constitución incorporamos una norma que dice que las personas se deberán abstener de causar daños graves al medioambiente. Nos volvimos nuevamente brutalmente ecologistas cuando en el año 2004 incorporamos la reforma del agua, el acceso al agua potable como un derecho humano.
Hoy todas esas cuestiones están en crisis y sin embargo usted no encuentra ni decisiones políticas ni decisiones judiciales a favor de la protección del medioambiente. Y la prueba de eso, entre otros, soy yo. Cada uno de los procesos ambientales que he iniciado lo he llevado hasta sus últimas consecuencias, porque es mi obligación. Pero no es solo mi obligación, es la obligación de todos los fiscales. Desde el año 1989, por el Código General del Proceso, el famoso artículo 42, “De la defensa de los intereses difusos”, los fiscales tenemos la obligación, el deber público de actuar en protección del medioambiente. ¿Sabe cuántos fiscales han actuado en función de ese artículo 42 iniciando accionamientos judiciales? Uno solo, quien habla. ¿Quién es el idóneo y quién es el inidóneo en esa comparación?
EC —Ahí usted está respondiendo indirectamente a lo que señala la resolución de la Fiscalía de Corte, porque ese alto porcentaje de “fracasos” que usted muestra pone en duda su idoneidad, dice el texto el documento. Usted dice que no es un tema de idoneidad.
EV —No, no. No voy a hablar de mí mismo, de si soy idóneo o no. Quienes conocen a Enrique Viana…
EC —Pero hay una interpretación posible que es que sus escritos no estén bien fundados.
EV —Lea cualquiera de mis escritos. Vea mis acciones, vea mi proceder. Y pregúnteles a mis contrapartes, ya no le digo que les pregunte a quienes me aman, pregúnteles a mis contrapartes. El otro día, por ejemplo, el doctor Julio Iribarne, abogado que tuvimos en un pleito durante siete años por el tema Dirox…
EC —La fábrica Dirox, en el departamento de San José.
EV —Exactamente… me manda a decir “no sabía que estuve pleiteando con un no idóneo”, y ese tipo de cosas que se toman como se tienen que tomar. Nadie recuerda cuatro acciones de amparo que inicié en materia de protección –para salir del tema ambiental, de lo del fiscal verde– de los derechos de niños y adolescentes, con cuatro decisiones favorables de la Justicia. Claro, después me encontré con una dificultad: el Poder Ejecutivo, el INAU no quisieron cumplir la sentencia. También inicié acciones con respecto a la protección –y ahora tenía otro procedimiento– de las personas discapacitadas, las personas incapaces, con relación al tema de las colonias Santín Rossi y Etchepare. Y con decisiones favorables también.
EC —Pero entonces, en las que han terminado en rechazo, casi todas ellas vinculadas con lo medioambiental, ¿para usted qué es lo que hay detrás?
EV —Yo siempre he sostenido que en Uruguay, contratos de inversión mediante, cuando el Estado se vuelve socio del contaminador es muy difícil que actúe contra él. En estos días estamos discutiendo si se va a firmar o no nuevamente el famoso contrato de inversión con Aratirí. Pero ha habido otros casos, el contrato de inversión con Montes del Plata es un ejemplo muy claro. Lo sostuve en el 2005 cuando presenté la demanda de Botnia. Cuando el Estado se vuelve socio del contaminador es muy difícil que actúe contra él. Y cuando digo Estado, lo digo en toda su perspectiva: Estado Poder Ejecutivo, Estado Poder Legislativo y Estado Poder Judicial.
EC —Justamente, esa denuncia que ha estado formulando podría considerarse en su aplicación a las autoridades, por ejemplo del Poder Ejecutivo, porque son las que tienen ese vínculo con compañías multinacionales como las que usted citó. Pero ¿por qué el Poder Judicial se plegaría a ese estado de sumisión a intereses extranjeros, etc.? Los escritos que usted presentó fueron rechazados por los ministros de la SCJ. ¿Cómo se entiende esa parte de su lectura?
EV —Puede haber dos visiones, una subjetiva y otra objetiva. La subjetiva: ¿recuerda cuando Botnia era cuestión de Estado y ese mensaje se mandaba desde el gobierno de entonces? Se nos estaba diciendo “todos tenemos que estar de acuerdo con Botnia”, incluidos los jueces. En un escrito contestándome la demanda en el asunto de Botnia, se me llegó a decir que yo tenía que recordar quién me pagaba el sueldo. Eso me lo contestó el Mvotma.
EC —¿Qué quería decir eso?
EV —Tómelo como quiera. ¿Sabe qué contesté? Que a mí me pagaba el sueldo el mismo que les pagaba el sueldo a los jueces, en definitiva, el pueblo. Aspecto subjetivo, tómelo con esa subjetividad. Cuestión de Estado, todos tenemos que estar de acuerdo con esa cuestión de Estado, no hay fallos judiciales contra esa cuestión de Estado.
Aspecto objetivo. En el Uruguay no hay sentencias firmes de protección del medioambiente, ni de los asuntos que ha planteado Viana ni de ningún otro tipo de asunto. Razone lo siguiente: en el Uruguay no hay problemas ambientales, vamos a Porto Alegre o vamos a Buenos Aires y vea si hay decisiones judiciales de todos los órganos de justicia, desde los más inferiores hasta la Corte Suprema argentina, por ejemplo, con un insigne magistrado como el doctor Lorenzetti a favor de la protección del medioambiente. Entonces uno tiene que pensar que algo está funcionando mal. Puede ser el fiscal Viana, puede ser que el fiscal Viana no sea idóneo y no sepa plantear los asuntos. Pero nadie más los ha planteado.
EC —Para usted, ¿qué pasa con la conducta de sus colegas fiscales que no se mueven en esta materia?
EV —En primer lugar tengo que aclarar que así como me gusta que me respeten mi independencia técnica, que no me están respetando, me gusta respetar la independencia técnica de mis colegas. Esa pregunta tiene que hacérsela a mis colegas.
EC —Está bien, pero usted habla de sus colegas, los mencionó. Indirectamente, cuando dice que usted es el único que presenta escritos vinculados con lo medioambiental, está hablando de sus colegas.
EV —Yo sé que el fiscal adjunto de Corte, mano derecha del fiscal de Corte, el otro día les reprochó a otros fiscales civiles el hecho de que hubiera un solo fiscal que actuara en materia de intereses difusos. Incluso no mencionó mi nombre hasta que una persona le preguntó: “¿Pero usted a quién se está refiriendo?, ¿al doctor Enrique Viana?”, “Sí, me estoy refiriendo al doctor Enrique Viana”. O sea que se sabe perfectamente que el único que ha actuado he sido yo.
Cuando usted me pregunta mi opinión acerca de por qué mis colegas no actúan en materia de protección del medioambiente, yo puedo hacer simplemente una suposición. Actuar en estos temas –medioambiente, protección de los derechos humanos de los niños y adolescentes, de las personas incapaces, defensa de la República, defensa de la soberanía nacional– requiere, primera cosa, trabajar. Estudiar, trabajar y en muchos casos enfrentarse a situaciones en las que procesalmente hay que elaborar un camino; camino que no había sido elaborado y que quien tuvo que elaborarlo fui yo. Luego significa enfrentarse a intereses muy poderosos, lo venimos diciendo, un Estado asociado con intereses corporativos muy poderosos, y en último término no desentusiasmarse frente a las decisiones judiciales negativas.
EC —¿Indirectamente está diciendo que todos sus colegas ejercen la fiscalía de manera burocrática, sin querer complicarse la vida?
EV —Sí, así es.
***
EC —Me gustaría retomar el tema de la resolución del doctor Jorge Díaz, el fiscal de Corte, porque entre los mensajes de los oyentes hay varios que lo apoyan a usted, que incluso le agradecen la actitud con la que se ha plantado en estos asuntos, pero también está este, de Jorge, que retoma palabras suyas de hace un rato. Dice: “Si yo estoy pagando su sueldo aspiro a que haga bien el trabajo. Si marcha siempre no me sirve y tengo el derecho de sacarlo y poner otro”. De algún modo retoma lo que el propio fiscal de Corte declaró en Canal 12 la semana pasada: “Si usted contrata a un abogado y lo hace iniciar 20 juicios y pierde los 20, ¿usted sigue con ese abogado?”.
EV —Ahí hay un grave error. Nosotros no somos abogados de intereses particulares, somos abogados de intereses generales y tratamos de llevarlos hasta el cumplimiento esos intereses generales.
EC —Pero así estaría siendo leído acá, Jorge representa al pueblo uruguayo, el que mandó este mensaje: “Si yo pago su sueldo, aspiro a que haga bien el trabajo”.
EV —Sí. Lo que debería alamar a Jorge es eso mismo que dice, cuando el fiscal Viana fracasa, fracasa el pueblo, incluido Jorge, incluido Viana, incluido Cotelo, incluidos todos los que estamos acá en el estudio.
Otra circunstancia. Los abogados… creo que el doctor Hoenir Sarthou lo mencionaba con mucha claridad, mucho mejor que yo…
EC —Se refiere a la discusión que tuvimos el jueves acá en La Mesa.
EV —Correcto. Los abogados tenemos una obligación de medios, no una obligación de resultados. Lo sabemos desde que ingresamos a la facultad. Tenemos que poner nuestro mejor esfuerzo para la obtención de un resultado, pero ningún abogado –fiscales incluidos– puede garantizar un resultado. El que lo haga es un mal abogado y debe ir a dar los exámenes de facultad nuevamente.
Voy a tomar un argumento que no es mío, se lo escuché el otro día a su colega Walter Pernas. Pernas dijo: “Si ese fuera el criterio, entonces en todos aquellos accionamientos que muchos fiscales han intentado realizar en materia penal por derechos humanos, por el tema de los desaparecidos, que no han tenido consecuencias judiciales, habría que decir que esos fiscales tampoco son idóneos y habría que iniciar actividades semejantes a las que se están iniciando con respecto al fiscal Viana”.
Todos los días pasa que a los fiscales no se nos da la razón en muchos asuntos. Todos los días pasa que a los fiscales se nos da la razón en otros asuntos. Es parte del ejercicio de la profesión. De cualquier profesión, del periodismo, de la de albañil… Hay cosas en las que se nos da la razón y cosas en las que no se nos da la razón.
EC —Otro argumento que maneja el fiscal de Corte que hasta ahora no mencionamos es el que aparece en el resultando tercero del documento: “Que por otra parte es de público conocimiento que el referido fiscal ha iniciado múltiples diligencias preparatorias en sede judicial en las que solicita se intime a diferentes organismos estatales la agregación de importantes volúmenes de información, resultado que en muchas ocasiones estas diligencias preparatorias no habrían sido seguidas del juicio principal posterior”.
EV —Ahí hay una falta del derecho procesal bastante importante. Toda diligencia preparatoria es para preparar un eventual proceso posterior; no toda diligencia preparatoria es seguida de un proceso. Primero, la diligencia preparatoria es un pedido que se hace ante un juez y el juez dice: “Tiene razón el fiscal, tiene derecho a pedir esa información. Señor ministro de Medio Ambiente, deme esa información”, por ejemplo.
EC —El fiscal de Corte sostiene que usted ha dado esos pasos, ha recibido la documentación correspondiente, ha hecho “trabajar” a otros organismos del Estado y después no ha utilizado esa información.
EV —En muchos casos la hemos utilizado y hemos presentado algún accionamiento. Y en otros casos o esa información no nos es suficiente para presentar algo nuevo o satisface porque nos está dice que se está actuando de acuerdo a derecho. No vamos a actuar cuando no se está actuando de acuerdo a derecho.
Además, ¿no estamos hablando, desde hace tiempo, con una ley de acceso a la información pública de por medio, algo que hace a un concepto de República, de cosa pública y de que no puede haber cosas ocultas y escondidas? La Ley de Acceso a Información Pública le da la posibilidad a cualquier interesado, sin manifestar un interés, el derecho a pedir información pública. Pero cuando la pide un fiscal, fundadamente, y un juez le da la razón y obliga al Estado a incorporar esa información pública, no está pasando nada grave.
¿Sabe qué es lo que molesta de las diligencias preparatorias? Los fiscales tenemos la posibilidad, por una norma legal, de pedir información en forma directa. Yo lo he hecho escasamente, una vez lo hice, hace muchos años, con respecto al tema Botnia, pedí información directa creo a la CARU o a UTE, no recuerdo a quién. Pero prefiero utilizar la forma de las diligencias preparatorias, que es un mecanismo por el cual usted le pide a un juez y espera, por las garantías que da eso, porque el juez le da o no la razón a la solicitud de información. Pero además tiene otra importancia: cuando es un juez que reclama una información, la desobediencia a ese pedido de información puede configurar una hipótesis delictual y da derecho a pedir que se pasen las actuaciones a penal para que otro fiscal penal y otro juez penal tomen cartas en el asunto.
EC —Escuchando sus respuestas y la interpretación que usted tiene de por qué con el fiscal Viana pasan todas estas cosas, no puedo sino incorporar la interpretación que por otro lado circula en el ambiente político, incluso en el ambiente judicial. Hay una lectura según la cual usted actúa movido por posiciones políticas. Es más, se lo identifica con la izquierda radical. Se lo ve alineado en particular con Asamblea Popular, el sector encabezado por el Movimiento 26 de Marzo, que se escindió del FA. ¿Qué dice de ese posicionamiento político que se le adjudica?
EV —Yo no tengo ninguna vinculación político-partidaria con ningún sector en lo personal, y en lo funcional es imposible tenerla. No tengo ningún tipo de vinculación política. Es cierto, siempre he reconocido que la radio CX 36 –pero no de ahora, de hace muchísimos años– me dio la posibilidad de expresarme, me ha entrevistado muchas veces y me ha parecido siempre una desconsideración decirle que no, como no le dije que no a la producción suya, como no le digo que no a ningún medio de prensa.
EC —Claro, pero hay otros elementos. Por ejemplo, su amistad con el abogado Gustavo Salle, que fue de los primeros en denunciar que existe una persecución en su contra.
EV —Ha sido mi abogado. Es una relación de amistad personal muy importante, que se viene dando desde hace muchísimos años, y además ha sido mi abogado, ambas cosas.
EC —Y Salle ha integrado listas de Asamblea Popular…
EV —No, no, el doctor Gustavo Salle jamás integró una lista de Asamblea Popular. Se lo he escuchado decir un sinnúmero de veces. Pero esas son pequeñas cosas que no hacen al concepto.
EC —Lo cierto es que ejerce una campaña permanente de crítica a los gobiernos del Frente Amplio, lo califica “Fraude Amplio”.
EV —Yo me honro de ser amigo de Gustavo Salle, pero también me honro de ser amigo de tantísimas personas que integran posiciones totalmente diferentes de estas posiciones de gobierno. He tenido muy buen trato y he sido hasta receptor de muchas denuncias del partido de gobierno. Dos ejemplos. Antes de ser gobierno, allá por el año 2002, el entonces diputado Gallo, el doctor Gallo (padre), elogió la actuación del fiscal Enrique Viana –dijo todo el nombre– en materia de la contaminación por plomo. Lo dijo en el Parlamento y quedó asentado en las actas.
Otro ejemplo. La diputada Nora Castro también me elogió en un programa. Pero más que eso, en su momento me llamó por teléfono y me mandó información sobre el tema de Dirox, sobre los problemas que estaba ocasionando con el transporte de una sustancia que no se sabía lo que era, cuando yo había iniciado ya los procesos judiciales.
Y así le puedo mencionar muchísimos y tantísimos casos. No olvide que iniciamos los primeros accionamientos ambientales en el año 2001.
EC —En el gobierno del doctor Jorge Batlle.
EV —Claro. Recuerdo una vez una conversación con el doctor Leonardo Guzmán, entonces ministro de Cultura, con quien tengo también un alto grado de conocimiento. Me dijo: “¿Y vos qué tenés contra Botnia?”. Y le expliqué cuáles eran las razones jurídicas que eventualmente planteábamos en todos estos temas.
Eugenio Zaffaroni dice que todo magistrado judicial, todo actor de la Justicia hace política. El juez que dicta una sentencia de divorcio está haciendo política, porque política es el arte de gobernar, y cuando usted dicta un divorcio está gobernando, en una porción quizás pequeña frente a otros.
Entonces cuando uno habla de política en sentido mayor, sí, los jueces y fiscales hacen política, gobiernan, son un poder del Estado. Los jueces por un lado, los fiscales ahora dentro de otra estructura diferente. Eso sí, no hacemos política partidaria. Podemos tener opinión y emitir nuestras opiniones en nuestros dictámenes y ante los jueces. Y eso es lo que hace quien habla y tantísimos otros.
EC —Usted ha dicho que este traslado y la investigación administrativa que se le inició tienen como motivo “sacarlo del medio” ante la implementación del nuevo Código del Proceso Penal y la descentralización de las fiscalías recientemente aprobada. Se ha opuesto a las dos reformas, entiende que afectan la independencia técnica de los fiscales. Entonces, antes de que se conociera que lo iban a trasladar, ¿qué actitud iba a tener si se implementaban estas reformas?
EV —Esas reformas se vienen implementando, no totalmente. Vamos a un sistema de fiscal general y fiscales delegados. Se está copiando el sistema colombiano, se han recibido instrucciones con profesores que vienen de Estados Unidos.
EC —No es eso lo dicho expresamente.
EV —Es lo dicho expresamente, hay que saber buscar dónde está dicho. El otro día el doctor Gonzalo Fernández, en una charla que dio a todos los fiscales, con el señor fiscal de Corte al lado, dijo: “Los fiscales no se tienen que alarmar por recibir instrucciones”. La Asociación de Fiscales en el año 2013 dijo, en un comunicado –salió en el diario El País, creo que el 6 de octubre de 2013–: “Estamos dispuestos a aceptar instrucciones”. Yo no integro la Asociación de Fiscales, pero pregúntele a cualquiera de los integrantes de esa asociación, con los que tengo mis serias discrepancias conceptuales, quién es Enrique Viana y cuán idóneo o no idóneo es. Eso para la consulta que decíamos antes.
Cuando concurrieron en su momento dos integrantes de la Asociación de Fiscales a hablar del tema de la creación del servicio descentralizado, dijeron que estaban ansiosos por que eso saliera, porque los fiscales iban a tener que ir a trabajar a las comisarías e iban a tener que montar todo un sistema de pactos con los indagados, y hablaron también de los mecanismos de instrucciones, que eran muy importantes, de trabajar en equipo. Todas esas cosas. Fiscal sometido a instrucciones no es fiscal independiente.
Yo sostengo que los fiscales –“fiscales letrados de la República”, como dice el artículo 168.13 de la Constitución–, primero, no son fiscales de gobierno, y segundo, son designados de una manera especial, con una mayoría especial, justamente porque se pretende que no sean fiscales de gobierno sino fiscales de la República. Podríamos analizar los antecedentes históricos y aburrir con ese tipo de cosas.
Eso quiere decir que los fiscales tienen que actuar de acuerdo a su conciencia, cada uno de ellos. Que no pueden actuar bajo instrucciones, que no pueden actuar bajo directivas, que no pueden actuar en equipo, que la única política, criminal o no criminal, en materia de actuación de las fiscalías es la establecida en la Constitución y en la ley. Que nadie les puede venir a decir, de la forma que usted quiera, qué es lo que tienen que hacer.
EC —En otros países hay otros modelos.
EV —En otros países hay otros modelos. En Colombia es muy interesante, Colombia tuvo que modificar la Constitución y modificar la ley orgánica para llegar a un sistema como el que acá se quiere imponer. Nosotros lo queremos hacer como en tantísimos otros asuntos, queremos hacer modificaciones sin modificar la Constitución. Porque para modificar la Constitución hay que consultar al pueblo, en cualquiera de los cuatro procedimientos de modificación de la Constitución se termina consultando al pueblo, y hay que explicarle al pueblo para qué se quiere modificar este sistema. Ahí va a haber muchas opiniones y se tendrán en cuenta unas y otras no. Pero lo que no se puede hacer es saltar la Constitución. E imponiendo un sistema de fiscal general y fiscales delegados, con desaparición de la independencia de los fiscales, nos estamos llevando la Constitución por delante.
EC —¿Aquí aparece entonces el próximo motivo de roce suyo con el fiscal de Corte?
EV —Ya sé por dónde viene la pregunta, muy inteligente. En cuanto a las inconstitucionalidades planteadas, no han sido tantas, fueron cuatro en diez años, dos en los últimos cuatro años. Incluso en alguna, como la de Aratirí, diciendo la SCJ que el fiscal de Corte no tenía razón, porque el fiscal de Corte había dicho que yo no tenía legitimación. O sea que el primero en impedir que yo defienda al pueblo, a Jorge y a todos los demás fue el fiscal de Corte. Tendríamos que decirle: “Jorge, preguntale al fiscal de Corte por qué no lo deja actuar al fiscal Viana”.
Pero volviendo al tema que usted planteaba, que me interesa, estoy trabajando –no he tenido tiempo material– en la inconstitucionalidad de la transformación de las fiscalías en un servicio descentralizado, porque creo que la Constitución prohíbe que una fiscalía sea un servicio descentralizado, como dijo el doctor Risso Ferrán cuando concurrió al Parlamento.
EC —¿Y a título de qué va a presentar ese recurso? Porque ahora usted es fiscal de Menores.
EV —A título de fiscal. Yo le traía acá –es una curiosidad– mi tarjeta de presentación, que trata de ser lo más humilde y austera posible –alguien dijo el otro día que habría que ir al despacho del fiscal Viana para ver lo austero que era; en realidad todos los despachos de todos los fiscales son muy austeros–. Esto lo tengo desde hace mucho tiempo y no dice qué materia es. O sea que estoy preparado…
EC —Dice “Fiscal letrado nacional”.
EV —Exacto. Estoy preparado para trabajar en cualquier materia. Allá en el 2001, cuando presenté la demanda por el plomo, alguien me criticaba que –capaz que pecando de demasiado idóneo– ponía en los escritos todos los fundamentos. Porque el abogado normal, el abogado que actúa de parte particular, guarda algunos argumentos, los deja para la parte de alegato, porque es parte de la estrategia y correcta estrategia. Entonces, por qué yo ponía arriba de la mesa todos los argumentos, fácticos y jurídicos. Y le dije: por una razón muy sencilla, no sé si al día siguiente voy a seguir siendo el fiscal. Porque sé que cuando presento un escrito, ese escrito molesta, y molesta intereses que tienen la posibilidad de sacarme del medio. Lo dije en el 2001, vea usted si estaba preparado para esto que está pasando ahora.
EC —Entonces ahora está redactando esa excepción de inconstitucionalidad.
EV —Sí, la voy a redactar. Yo soy funcionario público, esta ley me perjudica, rompe la garantía de la independencia técnica, que además no es una garantía solo para el fiscal; lo mismo que la independencia y la imparcialidad de los jueces, no es una garantía solo para el fiscal, es una garantía para todo habitante de la República que tiene que ir a un juzgado y enfrentarse a un juez, a un fiscal.
EC —¿Y por otro lado va a impugnar estas medidas que se tomaron contra usted la semana pasada?
EV —Sí, eso lo estamos presentando en el día de hoy.
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Transcripción: María Lila Ltaif
