Entrevista con el senador Álvaro Delgado (PN).
EN PERSPECTIVA
Miércoles 17.02.2016, hora 8.22
EMILIANO COTELO (EC) —Finalmente llegó el día. Hoy el Senado debatirá las conclusiones a las que arribó la comisión investigadora sobre la situación económica y financiera de Ancap en el período 2000-2015, que comenzó su tarea el 7 de agosto del año pasado. Los insumos para la discusión serán los informes finales que cada partido presentó el lunes ante la secretaría de la Cámara Alta.
En su documento, el Frente Amplio (FA) consideró que no se constataron “irregularidades ni ilicitudes” en la gestión de esa empresa pública desde que gobierna el oficialismo y que se respondió a “todas” las denuncias presentadas por el Partido Nacional (PN).
La oposición concluyó lo contrario, e incluso coincidió en que se deben llevar a la Justicia penal al menos tres asuntos que fueron indagados: los contratos para producir y transportar cal a la planta de Candiota en Brasil, la gestión en el rubro publicidad y la intermediación de la firma Exor en la operación de cancelación de deuda que Ancap mantenía con Petróleos de Venezuela (Pdvsa).
¿Qué balance dejan estos meses de investigación en el Senado?
Vamos a conversar con el senador nacionalista Álvaro Delgado, que el año pasado fue el encargado de realizar las denuncias que dieron pie a la conformación de la comisión investigadora.
Delgado es, junto con Jorge Saravia, uno de los firmantes del informe del PN, que tiene 234 páginas.
Hemos conversado con usted varias veces en estos meses a propósito de este tema. Ahora que está redactado el informe del PN, ¿cuál es, a grandes rasgos, la conclusión general que saca el PN y cuáles son las novedades?
ÁLVARO DELGADO (AD) —Ante todo, cabe valorar el instrumento comisión investigadora como control parlamentario. Un instrumento que estaba vedado, hacía diez años que el FA no votaba ninguna investigadora sobre su gestión y todas las instancias parlamentarias de contralor se daban contra el muro de la mayoría propia. Interpelaciones, llamados, comisiones, porque el Frente tiene mayoría propia que al final de cualquier intervención da la conformidad con lo actuado por el Gobierno, por sus ministros. Esta fue la primera vez.
El balance es positivo, porque conocimos muchas cosas que no habríamos conocido de otra forma. Nos enteramos incluso de una cantidad de problemas que la gestión de Ancap generaba y generó, particularmente durante el último Gobierno, en la interna del FA. Por primera vez se abre una brecha en ese abroquelamiento de la mayoría parlamentaria y se deja esa cultura de barrer abajo de la alfombra. Todos, los medios de comunicación, los legisladores, los ciudadanos tenemos más información sobre una situación que es absolutamente excepcional, no existe en la historia del Uruguay otro caso de colapso financiero de una empresa a la que haya habido que salir a rescatar de la magnitud de lo que está pasando en Ancap.
Teniendo en cuenta además el marco en el que ocurre: Ancap es una empresa monopólica, es estatal, maneja precios administrados –vaya si sufrimos en enero cuando decidieron no bajar los combustibles 10 % para meterle US$ 200 millones más de capitalización por vía encubierta mediante las tarifas– y además ocurrió en momentos de expansión económica, de récord de venta de combustibles.
Creo que a esta altura están confirmadas las denuncias y las presunciones del PN. Cuando se vota una comisión investigadora –lo dice hasta el propio [José] Korzeniak– el perfil de esa comisión –lo establece la ley– es que hay presunción de ilicitudes o irregularidades. Nosotros confirmamos a lo largo de los 15 capítulos, los 12 originales y los tres que agregamos, que hay irregularidades, hay ilicitudes; hay aproximadamente 50 a lo largo de todos los capítulos, en algunas se repiten los artículos de ley o las normas constitucionales, la violación de determinados decretos u ordenanzas. Calculamos unas 48-50 violaciones a normas entre irregularidades e ilicitudes de todo tipo, respaldada cada una en un informe detallado del catedrático de Derecho Administrativo Carlos Delpiazzo, en un lenguaje jurídico mucho más técnico pero además mucho más contundente y categórico que corrobora lo que decíamos.
EC —Usted dice y el informe del PN sostiene que en cada uno de los 12 capítulos que había presentado inicialmente pidiendo la investigadora terminaron verificándose irregularidades e ilicitudes. ¿Qué gravedad tiene que se hayan verificado esas irregularidades e ilicitudes?
AD —Ante todo que la denuncia que se hizo en su momento y que dio origen a la comisión investigadora está confirmada. Está confirmada en su concepto y en la vulneración de algunos procedimientos, lo que termina en irregularidades –todo lo contrario a la regla– e ilicitudes –todo lo contrario a la ley–. No todas las irregularidades o ilicitudes terminan teniendo tipificación penal, eso es otra cosa. La bancada del PN decidió no solo avalar los informes que presentamos con el senador Saravia y el equipo de asesores, sino además pasar seis capítulos en principio, sin perjuicio de poder seguir estudiando, respecto a los cuales tenemos la convicción suficiente de presunción de delito para que sea la Justicia la que lo dirima.
EC —Justamente, el hecho de que se verifiquen todas estas irregularidades e ilicitudes, ¿qué es lo que dice para ustedes a propósito de cómo se gestionó Ancap en este período?
AD —Antes de entrar en el detalle es bueno hablar de eso, de la situación de Ancap en general, de la pésima gestión, del colapso de la empresa, hablar de los US$ 800 millones de déficit acumulado en cuatro años, de los US$ 2.300 millones de déficit, cuando el patrimonio caía menos de US$ 200 [millones]. Todo eso habla de una desidia en el manejo financiero. Esto generó toda una polémica en el FA sobre quién tiene la culpa, pero nadie discute que Ancap colapsó y no quebró porque es una empresa estatal; de lo contrario estaría en la categoría 5 del Banco Central, bajó dos escalones para las consultoras de riesgo últimamente… O sea, hubo un manejo financiero realmente muy malo en la gestión.
Este nivel de mala gestión, la pésima gestión, a nuestro juicio también es una irregularidad; a nuestro juicio y a juicio del doctor Carlos Delpiazzo, que habla de que el apartamiento del principio de buena administración se considera una irregularidad configurativa de ilegitimidad. Obviamente hay un artículo de la Constitución, creo que es el 311, que habla de un principio de buena administración. Esto contraviene todo eso.
