EC —En la conferencia de prensa del lunes el senador Ernesto Agazzi enfatizó: en la gestión administrativa de Ancap entre los años 2000 y 2015 “nadie metió la mano en la lata” y “no falta un peso” porque “todo lo gastado está documentado”.
AD —Nosotros hemos sido muy serios en eso. Obviamente si alguien mete la mano en la lata eso ya tiene connotaciones penales, la acepción popular de eso es decir que alguien robó. Nosotros hemos sido muy cuidadosos en este tema; es más, lo que vamos a denunciar a la Justicia son hechos, no personas, son capítulos en los que el juez entenderá si hay mérito. Se va a estructurar la denuncia, estamos trabajando con penalistas, y el juez entenderá si hay mérito, llamará a quienes entienda y le pondrá responsables a esa situación y la tipificación o el encuadre penal correspondiente.
Yo nunca dije que alguien metió la mano en la lata. En estos procesos, en política y en general en la vida no uso nunca las palabras nunca y siempre, porque me comprometen para siempre. En un proceso penal el nunca o el siempre pueden ser una espada de Damocles. Yo no dije en ningún momento que alguien metió la mano en la lata, no lo puedo afirmar; tampoco lo puedo desmentir, no lo sé. No lo dije, por algo no lo dije. También es verdad que la lata está vacía, porque Ancap está quebrada, no está pagando a proveedores. Hablo de la situación económica y financiera de Ancap, de colapso, de una pésima gestión que generó una irregularidad contraviniendo las normas de buena administración.
Eso se dio en un contexto en el que pasaban otras cosas: hubo un aumento desmedido de costos, sobre todo el 2013 y el 2014 aumentaron 33 % los honorarios de contrataciones, pasaron a ser US$ 85 millones; aumentó la publicidad de US$ 2 millones a US$ 10,7 millones; aumentó el personal tercerizado y el de las colaterales; hubo un plan estratégico que se cumplió muy mal y sobre todo se ejecutó muy mal.
EC —El plan estratégico comenzó a diseñarse en el primer período de Gobierno del doctor Tabaré Vázquez.
AD —Sí, pero después se fue innovando con nuevos negocios. Hubo dos cosas, hubo un uso y abuso de las sociedades anónimas, gran parte de los cometidos se desviaron a las sociedades anónimas. Como dice Delpiazzo, hubo una fuga organizativa y una fuga regulatoria, al pasar gran parte de esas actividades que no eran la actividad central de Ancap –fundamentalmente la que le da el 94 % de ingresos es el tema de los combustibles– a sociedades anónimas propiedad de Ancap; esas sociedades anónimas hoy son 18. Ancap tiene sociedades anónimas hijas, de las cuales es propietaria, pero que funcionan en el derecho privado, y tiene nietas, que son hijas de estas, que por transitiva también son propiedad del Estado. Sin embargo, al pasarlas al derecho privado como sociedades anónimas no tienen los controles correspondientes ni del Tribunal de Cuentas para las auditorías ni del Tocaf para las licitaciones.
Además hay dos fenómenos que se repiten a lo largo de todo el proceso de gestión. El primero es que casi todas las obras presupuestadas terminaban siendo ejecutadas por un monto mucho mayor del planificado. Lo ejecutado superó a lo planificado en más de US$ 500 millones. Ahí tenemos malas decisiones, mala planificación, mala o pésima ejecución; me refiero a la planta desulfurizadora, a la planta de pórtland, a la planta de bioetanol, a la planta de cal, al remolcador. En todo ese paquete lo ejecutado superó a lo planificado en más de US$ 500 millones.
El otro tema que se repite es una forma de trabajar que se dio en Ancap que me genera mucha duda y me generó mucha suspicacia, que era trabajar sin contrato –los contratos se firmaban después– y que muchas veces el presidente resolvía con un conjunto de gerentes y después mandaba a ratificación del directorio el hecho consumado –días semanas o meses después–. Me parece que no es la forma de actuar cuando el órgano competente es el directorio de la empresa.
Cuando le preguntamos al contador [Benito] Piñeiro, un histórico ex gerente general de Ancap, que hoy está como asesor porque lo desplazaron creo que al inicio del Gobierno del FA, si era normal que el presidente de Ancap resolviera ante sí y después ratificara el directorio, nos dijo una cosa muy lógica: está previsto en la Carta Orgánica, por razones de urgencia, de extrema urgencia, que tiene que ser fundamentada, como excepción, nunca como regla. Pero esto terminó siendo la regla en Ancap.
Además la reestructura generó un cambio organizacional que creo que fue perjudicial. Se eliminó el cargo de gerente general y pasó a dirigir la empresa el presidente con un comité de dirección integrado por gerentes que tenían poderes enormes –que en Ancap les llaman “los supergerentes”– más algunos gerentes satélite; la mayoría de ellos no vinieron a la investigadora.
EC —En el informe del FA se discute el punto que refiere a que las inversiones programadas terminaron siendo mucho más altas de lo previsto inicialmente, es uno de los tantos temas que consideran falacia de la oposición. Según la reseña que publicó La República, para el FA “las afirmaciones del denunciante no toman en cuenta lo que ocurrió en el transcurso del tiempo. Se parte de la premisa de que la estabilidad de precios y la demanda a nivel mundial de los años 2005, 2006 y 2007 es comparable a la que se dio en los años 2010, 2011 y 2012, algo completamente imposible”. Para demostrarlo citan al ingeniero químico de Ancap José Pastorino, que explicó las diferencias entre las estimaciones de precios y los costos reales finales de la planta desulfurizadora. “No podemos comparar un número de 2004 con valores del período 2009-2013. Un dato real fue que los costos a nivel mundial y también a nivel local sufrieron cambios sustanciales”. Para graficarlo, cita como indicador el precio del acero, que de 2004 a 2008 aumentó 300 %, y la mayor parte de los equipos se hacen con acero.
¿Qué dice a propósito de este tipo de argumentos?
AD —Es un argumento absolutamente falaz y muy conformista. Obviamente los precios no son los mismos. Pero nosotros nos basamos en documentos, si algo hemos hecho es manejar la denuncia y respaldarla con información, siempre seriamente, en forma fundada, chequeada, confirmada con actas, con pliegos de licitación. La licitación original de la desulfurizadora estaba en bastante menos, casi en un cuarto de lo que terminó saliendo. Obviamente en ese momento también había convenios salariales, ya se sabía cómo iban a ser los ajustes. Hubo variables que no estaban previstas, pero a lo largo del proceso no se redimensiona, no se reprograma; no lo digo yo, lo dijo el propio Astori…
EC —Por ejemplo, el senador Otheguy enfatiza que en el plan estratégico 2010, el que aprueba el Ministerio de Industria y después el Poder Ejecutivo, el valor que se le había colocado a la desulfurizadora era de US$ 360 millones, por lo tanto “se ha instalado en el debate público que eran US$ 80 o US$ 110 y pasó a US$ 420, cuando el número real que hay que tener en cuenta es US$ 360. Y terminó saliendo US$ 420, entre otras cosas porque no solo se hizo la desulfurizadora, también se cambió el comando de la refinería, se informatizó, se hizo una planta de enfriamiento de agua, que es importante para la refinación del petróleo, y todos somos contestes de que en estos últimos años el costo del metro cuadrado de construcción y el valor del hierro aumentaron”. Ahí está una explicación complementaria de la anterior.
AD —Yo tengo la licitación original y me da una cifra realmente mucho menor, tengo los pliegos originales, cómo fueron evolucionando, cómo las ofertas aumentaron a lo largo del proceso y cómo no hubo una discusión interna sobre reprogramarla. Es más… cuesta creerlo pero la desulfurizadora, que en realidad, la mayoría de la gente no sabe que además la empresa que construyó la desulfurizadora, que es uno de los ejemplos, verdad… pero yo voy a mencionar los cinco ya que mencionaron el tema de los sobrecostos… porque terminó saliendo US$ 500 millones más que lo planificado, quiero mencionar los cinco… La empresa que construyó la desulfurizadora fue AESA, Astra Evangelista Argentina, una empresa vinculada a YPF, que cuando YPF fue estatizada y pasó a ser manejada por el Gobierno argentino –particularmente por algún sector del Gobierno argentino–, esta empresa le hizo un juicio a Ancap por US$ 96 millones. Dentro de ese juicio… la que hizo la planta desulfurizadora, donde se hizo la fiesta de US$ 360.000, verdad… en ese juicio, uno de los rubros por US$ 40 millones es por incumplimiento de personal propio. Increíble. ¿Sabe lo que hace Ancap? Termina transando y paga US$ 34 millones.
El proceso de la desulfurizadora generó una cantidad de dudas. En ese tema planteamos dudas razonables, nada más; obviamente hablamos del valor ambiental que puede haber tenido, pero cuestionamos cómo fue el proceso y las dimensiones. A tal punto que la desulfurizadora hoy funciona al 20 % de su capacidad. Estaba previsto sacar unas 40 toneladas de azufre, hay un convenio con Isusa, y hoy está entre 5 y 10 toneladas, nada más. Lástima que Pastorino no quiso venir la segunda vez para aclarar una serie de dudas que fueron surgiendo a lo largo de la investigación.
