EC —Ustedes sostienen que en los 12 capítulos de la denuncia terminaron verificándose irregularidades e ilicitudes. Apareció alguna referencia concreta a la planta desulfurizadora…
AD —Ahí hablamos de problemas de programación y de sobrecostos. Lo que dije es que hay irregularidades e ilicitudes a lo largo de los 15 capítulos que terminó teniendo el informe del PN. Son 49 entre irregularidades e ilicitudes; después el PN definió enviar 6 de esos capítulos a la Justicia porque tiene la convicción suficiente como para hacer la denuncia penal correspondiente.
EC —Vayamos al capítulo 3, la planta de cal en el departamento de Treinta y Tres. ¿Qué fue lo que verificaron allí?
AD —Verificamos irregularidades, ilicitudes y tenemos la convicción suficiente de que puede haber presunción de algún delito. Estamos hablando de una empresa colateral de Ancap que empieza a hacer un negocio que no estaba en el objeto de su sociedad anónima, que empieza a comprar cal a terceros porque no podía venderle a Brasil para cumplir con un contrato…
EC —El propio informe la ubica en su origen: “En setiembre de 2010 Cementos del Plata SA, empresa subsidiaria de Ancap, tomo la decisión de comenzar lo que llamarían Proyecto Cal. Dentro del plan estratégico se planteaba la posibilidad de dar uso a las reservas calizas que tiene el país y en ese marco y con esa justificación se inicia el mismo. Este proyecto tiene como eje fundamental un contrato firmado con la empresa brasileña CGTE, filial de la estatal Eletrobras, por el cual Cementos del Plata suministra cal virgen para utilizar en la desulfurización de gases de combustión de la planta de Candiota 3, una usina generadora de electricidad a partir de carbón que funciona en el municipio de Candiota en Río Grande del Sur, un contrato a 10 años que preveía la construcción de una planta de cal a efectos de dar cumplimiento al mismo”. ¿Qué fue lo que ocurrió, según el análisis que ustedes hacen?
AD —1) Cementos del Plata es propiedad de Ancap en un 99,3 %. 2) Empezó a vender cal cuando no era objeto de la sociedad anónima, empezó un negocio que no estaba habilitada para hacer; el negocio terminó regularizándose tres años después, en 2013, cuando la sociedad anónima incluyó la cal dentro del objeto de su negocio. 3) Empieza a venderle cal a Brasil sin tener la capacidad ni en cantidad ni en calidad para hacerlo y empieza a comprar cal a privados, muchas veces sin contrato. 4) En este mismo proceso se hacen dos plantas, una que se inaugura en el 2013 y otra que todavía no se inauguró, que estaban presupuestadas en alrededor de US$ 90 millones y terminaron costando US$ 148,5 millones; además hay procesos… hay complicaciones en la licitación, que están detalladas ahí: la empresa que quedó primera, casi con US$ 10 millones por debajo de la segunda, pide mejora de oferta y la otra baja en pocos días un 30 %. 5) La cal es puesta en Brasil, en un negocio que hasta ahora sigue dando pérdida; a setiembre de 2015 Cementos del Plata venía perdiendo US$ 2,5 millones, sigue dando pérdidas todos los años, es un negocio deficitario al que todavía no se le ve el punto de equilibrio. 6) A la cal puesta en Brasil, en Candiota, se le pone un precio de US$ 85 la tonelada; son aproximadamente 280 km, y para esto se contrata –sin licitación, por contratación directa– a una empresa que es uruguaya pero que terceriza a una empresa brasileña del mismo dueño –la empresa uruguaya tiene la dirección fiscal en un apartamento en Pocitos–; llevamos pagados US$ 16,5 millones de flete a una empresa que utiliza para la cal uruguaya camiones brasileños, choferes brasileños, costos brasileños, matrículas brasileñas, ruedas brasileñas, y a la cual en su momento le adelantaron US$ 2 millones para la compra de camiones.
Todo este paquete de la planta de cal, que es un negocio que ha sido deficitario para el Uruguay, no lo hace Ancap, Ancap lo pasa al derecho privado –lo privatiza de hecho–, a una sociedad anónima que no tenía objeto para hacerlo y este negocio empieza a efectivizarse con una seria cantidad de irregularidades e ilicitudes. En este y cinco temas más que le voy a enumerar entendemos que puede haber algún tipo de ilicitud con tipificación penal. Por eso los vamos a pasar a la Justicia.
Esos temas que definió la bancada del PN son: 1) el negocio y el transporte de cal; 2) el remolcador Ky Chororo, que hizo Ancap con la Armada, que también salió saliendo más y todavía no se puede utilizar; mientras tanto estamos contratando una empresa privada a la que ya le pagamos US$ 6 millones y no tiene ninguna de las características que le exigimos al remolcador que no puede andar; 3) la publicidad, no solo el incremento de los costos, sino el manejo de una agencia de publicidad que podía gastar US$ 4 millones casi a discreción sin control de Ancap; 4) la intermediación de Ancap en el negocio del petróleo entre Petroecuador y Trafigura; no solo el que se conoce de US$ 6.000 millones, sino además un negocio adicional de GLP, que descubrimos hace poco, en el que funcionamos como pantalla de Trafigura a nivel internacional, solamente cobrando una comisión sin sentido; 5) la intermediación de Exor, una empresa que intermedia entre Ancap y Pdvsa para la cancelación anticipada de la deuda, que no se utilizó pero sin embargo le hace una demanda a Ancap y Ancap, en vez de hacerle un juicio porque nunca prestó un servicio, le firma un acuerdo de servicio para incorporar en la próxima cancelación anticipada, que fue la que pasó en el 2015, en la que obviamente no estuvo porque fue entre Gobierno y Gobierno, pero terminamos pagándole US$ 3,1 millones de indemnización; 6) la regularización tardía, cuatro años después, de la importación de propano, butano y petróleo en el 2011; tenemos las facturas de importación de propano y de butano, y de petróleo, pero hablo de propano y de butano fundamentalmente porque en mayo-junio de 2015 esto generó un expediente en la Aduana de Ancap queriendo regularizar lo que se había importado en 2011, haciendo los DUA (documento único administrativo); el propano y el butano, a diferencia del petróleo, no están exentos, pagan tributos aduaneros e IVA, con lo cual estamos evaluando no solo la irregularidad de no cumplir con la documentación aduanera, sino además si hay pérdida de renta fiscal.
EC —En estas semanas, en estos meses, luego de que terminó el trabajo de la comisión investigadora y a partir de las primeras declaraciones que ustedes los legisladores de la oposición formularon, una de las respuestas vino del expresidente José Mujica. Mujica puso el acento en un punto, dijo: “Si todo eso ocurrió, ¿para qué estaban los representantes de la oposición en el directorio de Ancap? Por lo visto el mecanismo de la presencia de la oposición en los directorios de entes no sirve para nada”. ¿Cómo justifican ustedes que ahora estén enterándose de este tipo de situaciones, cuando debieron haber sido advertidas por los directores del PN, o debieron haber sido planteadas públicamente y denunciadas en su momento?
AD —Quizás la autocrítica sea no haberlos tratado públicamente, porque se trataron en varias comisiones del Parlamento y obviamente siempre chocamos con la mayoría parlamentaria. Recién en una comisión investigadora se pudo investigar más a fondo. También es verdad –que es lo que se olvida de decir Mujica– que en el primer directorio, cuando se elabora el plan estratégico y se toman una serie de decisiones, no había directores de la oposición.
En el segundo directorio, 2010-2015, hubo directores de la oposición y en este caso en cada capítulo del informe del PN ponemos cuál fue la posición. Detallamos cómo en el tema financiero, en el tema Alur, en el tema Trafigura, en los anticipos, en la condonación de un préstamo de Ancap a la planta de cal, en una cantidad de temas tanto el exdirector Camí como la exdirectora Baldoira dejaron constancia en actas o votaron negativamente o pidieron auditorías que no se hicieron. En el informe los respaldamos con unos anexos donde están las actas correspondientes para que no haya dos interpretaciones.
EC —Pero no hubo, en los momentos correspondientes, discusiones por ejemplo a nivel parlamentario, en la prensa, de manera clara a propósito de estas cuestiones.
AD —Quizás no con la difusión suficiente, pero en comisiones del Parlamento se trató. Recuerdo haber tratado en la Comisión de Industria de Diputados el tema del cambio de contrato con efecto retroactivo, cuando Ancap decide cambiarle a ALUR el convenio de compra de biocombustible con efecto retroactivo el director Camí votó en contra y nosotros citamos al ministro. Pero siempre terminábamos en lo mismo: la mayoría parlamentaria abroquelada impedía cualquier acción política ulterior. Por primera vez en este caso logramos difundirla en el marco de una comisión investigadora. Pero además todas las posiciones –de las cuales estamos muy orgullosos– que han tenido los directores nacionalistas en Ancap, dejando constancia, votando en contra, pidiendo información, haciendo advertencias o pidiendo auditorías, están respaldadas con las actas en los anexos de los informes.
EC —Esas mayorías parlamentarias ahora van a estar en juego nuevamente. Cuando llegue el momento de votar estos informes, lo más probable es que termine aprobándose el informe del FA. Entonces, ¿cómo sigue esto ahora para el PN?
AD —Dos etapas. El tema parlamentario termina hoy acá, con la discusión de los informes y la resolución que tome el Senado; intentaremos demostrar situaciones, hechos y obviamente responsabilidades políticas. Pero después empieza un proceso sobre los seis capítulos del tema judicial, ahí va a ser la Justicia la que tenga la palabra.
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Transcripción: María Lila Ltaif
