Entrevista con el doctor Julio Facal, asesor de la Confederación Empresarial del Uruguay.
EN PERSPECTIVA
Miércoles 22.03.2017, hora 8.32
EMILIANO COTELO (EC) —Para el gobierno son muy claros los beneficios que ha traído la ley de inclusión financiera:
(Audio Martín Vallcorba.)
Está por un lado, el avance hacia la universalización en el acceso a los servicios financieros; hace 10, 15 años era imposible plantearse el desafío de que toda la población, cualquier trabajador, cualquier pasivo, cualquier comercio, por más chiquito que fuera, pudiera tener una cuenta gratuita, porque los costos operativos eran muy elevados. El avance en las tecnologías de la comunicación, el desarrollo de todos estos avances tecnológicos ha permitido ese desafío de la universalización gratuita, sin costo. Y por otro lado, ha bajado sustancialmente el costo de los aranceles, como comentábamos. Entonces sin duda este proceso vino para quedarse y la tecnología es un aliado para seguir avanzando en la inclusión y reduciendo costos a favor de las personas y de los comerciantes.
(Fin audio.)
EC —Pero esta visión no es compartida por muchos pequeños comerciantes, que vienen movilizándose sobre todo por los aranceles que cobran las tarjetas y preparan una batería de medidas en contra de la Ley de Inclusión Financiera.
El sábado pasado, en la sede del Centro Comercial e Industrial de Florida, se reunieron delegados de Cambadu, de la Confederación Empresarial del Uruguay (CEDU), de la Asociación Nacional de Pequeñas y Micro Empresas (Anmype), del Centro de Industriales Panaderos, de la Cámara de Alimentos y de la Unión de Ferreteros. Allí acordaron promover una ley que regule las transacciones con tarjetas, plantear una denuncia ante la Comisión de Defensa de la Competencia, interponer recursos de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia y hasta intentar que sea la ciudadanía quien resuelva el futuro de esta ley en un plebiscito.
¿Cuáles son las razones? Vamos a conversar con el doctor Julio Facal, asesor de la CEDU.
ROMINA ANDRIOLI (RA) —¿Cuándo comenzó usted a asesorar a los comerciantes por este tema? Porque da la sensación de que recientemente el tema ha cobrado mayor envergadura.
JULIO FACAL (JF) —El sistema de pago con tarjeta de crédito ha evolucionado a grandes pasos en los últimos años. En la década del 80 este sistema estaba en manos de privados, que eran prestamistas, que prestaban para financiar bienes y servicios. Credisol, Plata Card, Créditos SA; los más viejos se acordarán. Este sistema evoluciona, los bancos comienzan a captar nuevos clientes, nuevos negocios, en un proceso de desintermediación y ahí cambian las reglas de juego, porque los bancos captan ahorro público, fidelizan a la clientela, fidelizan al usuario, el usuario ingresa y obtiene beneficios, y los comerciantes comienzan a sentir que esa relación comienza a estar en pie de desigualdad. Porque este sistema comienza a estar en manos de cuatro o cinco grandes emisores que tienen una especie de monopolio, que conciertan las medidas, que les hacen firmar un contrato con una serie de prerrogativas de las cuales no pueden salirse, no hay mecanismos sustitutivos en el mercado.
Esto es un tema de defensa de la competencia también, de mercado relevante. No tengo un mecanismo sustitutivo que elegir y por tanto me tengo que someter a esas condiciones. Esas condiciones son: los altos aranceles, los plazos para los pagos, las condiciones del contrato, las retenciones, la imposibilidad de hacer una promoción contado. Eso está en el contrato con las tarjetas de crédito, con los sellos emisores. Y esas prácticas comienzan a generalizarse. Por ejemplo, si un comerciante hacía una promoción contado, la Cámara de Tarjetas de Crédito lo llamaba para bloquearle los cuatro o cinco medios de pago asociados a esa realidad.
Por el 2011 los comerciantes comienzan a movilizarse con los hoteles de Punta del Este, que tomaron la medida antes de que nosotros los asesoráramos, porque también somos asesores de la Cámara de Turismo, de la Asociación de Hoteles y del Centro Hoteles de Punta del Este. En aquel momento nos llaman, nos plantean la realidad y nosotros entendimos que había un abuso de posición dominante en el mercado, para nosotros había colusión, había prácticas anticompetitivas, prácticas exclusorias, promociones fantásticas con un comercio determinado los martes a las que los demás comercios no accedían. Pero además entendíamos que esos altos aranceles debían regularse por ley.
Se presenta una denuncia en Defensa de la Competencia en el año 2011 y la Comisión comienza a investigar. Hay un caso muy concreto, el de Colonia Express, porque Colonia Express se presenta tardíamente, entonces hay que presentar una denuncia aparte. Y la Comisión entendió que las prácticas eran anticompetitivas, sin perjuicio de seguir investigando. El Banco Central del Uruguay (BCU) en aquel momento se declara competente, toma los expedientes, los archiva y, más allá de los recursos de los comerciantes, esto queda en la nada. Y los comerciantes toman allí la iniciativa de armar un proyecto de ley integral, en el cual trabajamos.
