Entrevista con Eduardo Bonomi, ministro del Interior.
EN PERSPECTIVA
Miércoles 23.09.2015, hora 8.16
EMILIANO COTELO (EC) —Cinco años, seis meses y 22 días. Eso es lo que lleva Eduardo Bonomi al frente del Ministerio del Interior (MI). Por lo tanto se ha convertido en el jerarca con más tiempo en ese cargo desde la restauración democrática, superando ya holgadamente el récord del colorado Guillermo Stirling, que fue ministro durante cinco años, cuatro meses, y 11 días.
En ese lapso el presupuesto destinado a la seguridad pública creció hasta alcanzar un monto sin antecedentes. Pero también se han dado las cifras de violencia y criminalidad más altas de las que se tiene registro.
¿Cómo evalúa su gestión al frente de esa cartera? ¿Qué responde sobre algunos temas de los últimos días o incluso de las últimas horas que tienen que ver con la policía?
Vamos a conversarlo con el ministro del Interior, Eduardo Bonomi.
Empecemos por lo de anoche, la desocupación que la policía llevó a cabo de la sede del Codicen, mejor dicho, de las distintas instalaciones del edificio ubicado en Colonia y avenida del Libertador que estaban afectadas por esta medida que desde el viernes llevaban adelante un grupo de estudiantes liceales.
Dice hoy la crónica de La Diaria que después de varias llamadas telefónicas los estudiantes anunciaron ayer que liberarían las oficinas que se encuentran en el edificio y no pertenecen al Codicen –Banco de Seguros, Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y Banco Hipotecario– si el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) se comprometía por escrito a establecer una instancia de diálogo con el MEF. Después de la negativa del MTSS se dispuso que se procediera al desalojo. ¿Puede explicarnos cómo se tomó esta decisión ayer?
EDUARDO BONOMI (EB) —Para empezar, no es exacta esa crónica, no da cuenta de lo que pasó, es equivocado.
EC —A ver…
EB —Esto empezó [el viernes] cuando se ocupó el Codicen pero después se llegó a ocupar el edificio entero, no solo las oficinas del tercer piso, que son del Codicen, sino todo el edificio. Y en el edificio funcionan la Unidad de Compras del Estado, las oficinas del MEF que liquidan los dineros para las intendencias, que necesitaban para pagar sueldos, y oficinas del MI. Todas ellas con tareas de urgencia. Esto se verifica a partir del lunes. El viernes solo estaban ocupadas las oficinas del tercer piso, del Codicen.
EC —El lunes mismo, funcionarios del Banco de Seguros presentaron una denuncia policial dejando constancia de que no podían trabajar.
EB —Sí; no sé si fue una denuncia policial, sí [presentaron] una constancia, en algún lugar, de que no podían trabajar. Y el lunes empezaron distintas mediaciones. Quizás la más importante haya sido la de la Comisión de Presupuesto de Diputados, lo que alentó la expectativa de que retiraran a determinada hora de la tarde. Todos quedamos esperando, y obviamente no se retiraron. Nosotros ya teníamos pedidos de distintos organismos, sobre todo del MEF, por esta situación de liquidación de sueldos y de dineros para las intendencias.
El lunes de mañana la policía da cuenta a la jueza de turno, la doctora Salterain, de que iba a proceder a que se dejara libre el acceso a las oficinas. La doctora plantea que se vaya con la máxima voluntad de diálogo y que, ante cualquier atisbo de resistencia, se le diera cuenta a ella. Cuando la policía llega al edificio, dejan entrar para negociar, para hablar, dialogar, a la policía que está de civil, no a la que está uniformada. Y quienes están adentro están encapuchados, con pañuelos talibanes que les tapan la cara, solamente los ojos a la vista, con guantes, sin zapatos y con medias gruesas de lana. Les dicen que están considerando el tema, y que no pueden retirarse hasta que no lo resolviera una asamblea que tenía varios puntos.
EC —¿A qué hora fue eso?
EB —Eso fue de mañana, las 8, 8.30 de la mañana [del lunes]. La policía pregunta cuánto van a demorar, y ellos responden: “bueno, ayer cada punto llevaba ocho horas de consideración”. Una tomada de pelo, por supuesto. Cuando la policía se retira porque no hay voluntad de conversar nada en serio, se lo plantea a la doctora Salterain y la doctora dice que no tiene un instituto jurídico para operar ella, para proceder ella, que no tiene elementos jurídicos, porque no se estaba cometiendo un delito, y queda pensando.
En el correr de la mañana les informa a los policías que estaban con esta tarea que hay que recurrir a los procedimientos administrativos, a un decreto [N.deR: decreto del año 2010, que prohibe la ocupación de locales de organismos públicos]. Eso ya lo había dicho el sábado de mañana otra jueza, que incluso había dicho cuál era el expediente administrativo. Pero el sábado, con todo [el] sábado y domingo por delante, no se utilizó ese recurso. Además solo estaba ocupada la oficina del Codicen, no había trabajo de por medio, y por lo tanto no se aplicó [ese decreto].
El martes sí se recorre el camino del decreto. Los responsables de las oficinas que [funcionan] en el edificio se lo piden al MTSS. De tarde, después del mediodía, el primer paso del MTSS es proceder a negociar con los ocupantes. Va una delegación –según tengo entendido fueron dos abogados y la secretaria del ministro–, y quienes están adentro del edificio no aceptan firmar el acta que elabora el MTSS, se la tiran. Esto creo que fue registrado por la prensa, hay crónicas que dan cuenta de lo que pasó ahí, de que tiraron el acta, no quisieron negociar. Entonces el MTSS le da pie al MI.
EC —Usted dice que todo esto se realiza basándose en un decreto. ¿Qué dispone ese decreto?
EB —Es un decreto del gobierno anterior, de Mujica, creo que de 2010, que dispone la desocupación de las oficinas públicas ocupadas por trabajadores del lugar o que no sean del lugar pero que impidan trabajar normalmente. Y establece que el MTSS tiene que entablar una negociación en el lugar, no hacer una reunión en el MTSS, salvo que lo considere pertinente, intimar a abandonar el lugar ocupado, y si esto no se produce, entonces por nota escrita le comunica al MI para que este lo haga.
Todos estos pasos se dan, con la negativa a firmar nada de los ocupantes. Insisto, se hizo delante de medios de prensa que registraron esto, creo que hay crónicas que lo dicen hoy. Ya ayer mismo estaba en línea.
EC —Había también un representante de la Institución Nacional de Derechos Humanos (Inddhh), el doctor Juan Faroppa, que estuvo presente en esas conversaciones.
EB —No, en la conversación con el MTSS no, porque ahí lo que estaba habiendo era un intento de conciliación. Cuando el MTSS le solicita al MI no la desocupación del Codicen, sino dejar libre la entrada a los trabajadores de las otras oficinas, ya se había hablado con la Inddhh, que estaba al tanto de la situación, y se le pide que esté presente cuando concurra la policía. Se lo pide el MI. A partir de ahí, en los pasos siguientes sí hay presencia de la Inddhh.
A todo esto también había otra negociación, creo que en la Comisión de Presupuesto, y se plantea una reunión de los estudiantes con esa comisión el lunes, lo iban a considerar en asamblea. Una vez más lo iban a considerar en asamblea. Y estaba la expectativa de que tomaran la resolución a las 18 horas, que abandonaran el lugar. Cosa que no se produce.
Entonces, a partir de ese momento, interviene el MI. El MI no va a desalojar por la fuerza, sino que entabla otra instancia de negociación. En esa instancia de negociación sí está presente gente de la Inddhh y ve lo que pasa. Ahí también aparecen distintas instancias de mediación que plantean distintas personas y organismos y se vuelve a tirar la cosa para adelante.
Entonces llegamos al momento del desalojo. En el desalojo hay dos equipos: uno de la Guardia Republicana que está afuera, con tareas de contención, y un equipo del Grupo de Reserva Táctica, que es el que ingresa al edificio por una tercera puerta.
EC —Ingresa por la puerta que da al estacionamiento que está ubicado al costado del edificio por avenida del Libertador.
EB —Exactamente. No sé si era el estacionamiento, sé que estaba al costado. Había tres puertas, esta es la tercera. En dos había presencia policial, y en una había fuerte, relativamente fuerte [presencia policial], porque eran 50, 60 personas en la puerta de avenida del Libertador y unas pocas en la puerta de Colonia. Pero en esta otra puerta no había nadie, y por ahí entra la policía. Entra a despejar el acceso al edifico, no el Codicen.
Cuando está adentro, queda claro que son estudiantes y menores los que están adentro…
EC —[Usted enfatiza que] los que están adentro son efectivamente estudiantes y menores…
EB —Por lo menos menores, y da toda la impresión de que también son estudiantes. No ofrecen la menor resistencia, se van, cuanto más rápido mejor. Y se van [también] los que no se iba a desalojar: los que están en el Codicen. Ahí no hay nada, ningún problema, se van solos. Cuando ven la presencia de la policía, inmediatamente se van, no enfrentan, no hay golpes, no hay resistencia. Se van.
EC —…Así que la operación de desalojo de la entrada al edificio se produce sin inconvenientes…
EB —De ningún tipo. Se ve que no esperaban el ingreso por esa puerta y cuando ven que la policía ya está adentro y en cantidad importante, inmediatamente se van, y se van también los que no se iba a sacar. Los que se iba a sacar eran los que estaban en los pasillos, que impedían el acceso a los lugares de trabajo. Las tres o cuatro habitaciones del Codicen que estaba registrado por escribano que estaban ocupadas, esas no se iban a desocupar, y se fueron igual. Y dejaron, porque tenían también ahí, material de construcción. Tenían pórtland, arena, pedregullo, supuestamente para reforzar obstáculos, dejaron eso ahí y se fueron.
EC —¿Por dónde se van?
EB —Se van por la puerta de avenida del Libertador, creo. No se van por la tercera puerta.
EC —O sea que de hecho van al encuentro de la otra gente, la que estaba en el exterior manifestándoles apoyo.
EB —Sí. Gente que no da la impresión para nada de ser estudiante. Es gente del sindicato del taxi, gente de Plenaria Memoria y Justicia, y están comunicados de adentro afuera. Y empiezan a apedrear a la Guardia Republicana –no a los que estaban dentro del edificio, que era otro cuerpo–. Además no estaban todos los efectivos que se habían desplegado, era un grupo más chico. Los apedrean. Y ahí se producen enfrentamientos. Y cuando es reforzada la presencia de la Republicana, [los manifestantes] se van con un sistema de un grupo que se queda tirando piedras y otro que se va yendo y se van relevando. Y no sé, en unos 10, 15, 20 minutos se termina la cosa.
Pero termina con 12 detenidos, de los cuales ninguno es estudiante o es menor, son todos mayores. Quedan siete u ocho policías internados, uno fracturado. Hay otros policías heridos leves. Y aparte de los detenidos, que son 12, hay cinco manifestantes con alguna herida, que son atendidos. Y ahí termina.
EC —¿Usted remarca que entre los detenidos no había estudiantes?
EB —No, no había. Los estudiantes que estaban adentro se fueron y fueron detenidos dos mayores. Capaz que algún estudiante era mayor, pero lo que a mí me dicen es que [los detenidos] eran todos mayores. Los que estaban adentro no eran mayores, eran menores; los detenidos son los que estaban afuera, los que apedrearon a la policía. Eso está todo registrado en imagen: la pedrea, la rotura de baldosas…Y además de baldosas tenían palos y fierros ya preparados. Eso [la agresión] se produce hacia la Republicana que estaba afuera, no hacia el grupo que intervino adentro.
EC —Usted dice que eso está todo registrado. Se refiere a cámaras de televisión de los informativos. Pero ¿el MI hizo su propia filmación? ¿La va a difundir?
EB —En este momento no lo tengo claro. Supongo que sí porque es la orden que hay, pero no la he visto hasta ahora.
EC —¿Cómo se explica la cantidad de heridos, algunos de ellos graves? Usted señalaba recién que hubo funcionarios policiales heridos debido a la agresión que recibieron con piedras, con fierros, pero también hubo heridos entre los manifestantes. Por ejemplo, se menciona una fractura de cráneo. ¿Qué es esto?
EB —No, no. También se menciona que no se cumplió con el protocolo del decreto que implica la negociación, y eso no es cierto. También está registrado por cámaras de televisión o por medios de prensa que se fue a negociar y no quisieron, y sin embargo dicen que eso no se cumplió.
También dicen que en última instancia –ya no cuando fue el MTSS– o llamadas telefónicas planteaban que si se creaba un grupo tripartito MTSS-MEF-ocupantes abandonaban el edificio, pero no el Codicen, cuando eso ya había sido rechazado por Economía varias veces antes. Todo esto se incorpora después. Eso no fue por teléfono, eso fue planteado a la policía, la policía no tenía esa potestad, crear una comisión no es potestad de la policía. Ya había sido considerada esa posibilidad, pero no había sido aceptada por los organismos que tenían que reunirse, entonces eso no estaba en juego.
Yo no tengo información de que haya habido heridos graves, para nada. No tengo esa información.
EC —Pero lo cierto es que hay manifestantes heridos. Entonces, más allá del episodio que origina todo esto, que es la ocupación del edificio y la posición cerrada en que se mantuvieron quienes llevaban adelante esa medida, que no aceptaron formas de negociación, ¿por qué en el diferendo que termina dándose con estos manifestantes afuera la policía tiene que reprimir de la forma que lo hace? Ya se está hablando de brutalidad policial, etcétera…
EB —Eso no es cierto. Mire las imágenes y no hay brutalidad. La agresión es a la policía, y se imagina que si a la policía la agreden como la agredieron, responde. Pero responde tratando de correrlos del lugar. Avanza con los escudos como se vio en la televisión. Y cuando los enfrentan, no van a dejarse pegar: hay intercambio con palos. Pero no hay heridos graves, eso no me consta. Capaz que voy para el ministerio y me dicen que sí hay, pero no consta en la información que tengo. No hubo uso ni de gases químicos ni balas de goma ni balas de nada. Hubo palo nada más. Y no a los que se iban, sino a los que enfrentaban. Los heridos más graves son de la policía, porque les tiraron piedras de lejos. Alguna piedra produjo una fractura. No creo que sea esto que está diciendo. Creo que se trata de distorsionar lo que pasó.
EC —¿Qué lectura hace como ministro de lo que terminó ocurriendo ayer?
EB —Hay cosas que no corresponden para nada. Cuando se hizo este decreto era para impedir –que pasaba algunas veces– que trabajadores en conflicto en lugar de afectar su lugar de trabajo, afectaran un lugar más sensible y que pudiera presionar más para lograr resultados que ocupando su lugar de trabajo. Y muchas veces esos otros lugares eran también trabajos privados o, pasó, oficinas públicas. Entonces se establecieron dos cosas: que no se podía impedir el ingreso cortando calles o rutas a oficinas públicas, y se elaboró un decreto.
Esto de ayer trasciende el sentido del decreto. Acá lo que hay es que algunos estudiantes ocupan una oficina que no es la de su centro de estudio, sino la oficina del Codicen. Pero al poco tiempo ya no ocupan la oficina, sino un edificio. Un edificio donde se produce la compra de alimentos del Estado, desde donde se distribuyen los dineros que reciben las intendencias, donde funciona el Banco de Seguros, donde funcionan dos oficinas del MI. Entonces que unos estudiantes de un centro de estudio impidan todo esto no tiene ya absolutamente nada que ver con el diferendo que existía desde el punto de vista del presupuesto.
EC —¿Y en cuanto a lo que termina ocurriendo afuera, con esta otra manifestación?
EB —A eso iba. Hay apoyo del sindicato del taxi y de Plenaria Memoria y Justicia, que manifiestan que le dan apoyo logístico a una movilización contra el “gobierno represor”. Eso para mí no resiste el menor análisis. Hay una distorsión de lo que son los gremios y los sindicatos y en qué plano actúan. Esto tiene connotaciones más de otro tipo que sindicales o gremiales.
EC —¿Qué connotaciones tiene?
EB —Tiene connotaciones políticas. La caracterización de “gobierno represor” y el utilizar un conflicto de un centro de estudio… porque es un centro de estudio que ocupa una oficina que no tiene nada que ver con el centro de estudio –que ya es una distorsión–, y eso es apoyado por quien no tiene nada que ver con el tema. Y mire que tengo claro lo que son la solidaridad gremial, la solidaridad de los trabajadores y la cooperación en conflictos… pero esto es otra cosa. Esto es otra cosa, y me parece que no resiste el menor análisis.
EC —¿Quién debe cargar con los costos de todas las roturas?
EB —Habrá que verlo, en este momento no le puedo responder.
EC —Varios oyentes plantean esa pregunta.
EB —Sí, sí, hay cosas que están en este momento en la justicia. Yo destaco además que la justicia en determinado momento no se manifiesta sobre cómo había que actuar. Son dos juezas en distintos momentos que dicen que no tienen instrumento jurídico, salvo la vía administrativa. La vía administrativa es esta, y esto también se puede medir desde distintos puntos de vista, cuál es el bien jurídico tutelado, si es la oficina del Estado a la que se le impide el funcionamiento o es el derecho al trabajo, porque el derecho al trabajo es afectado por gente ajena al trabajo: quienes no son trabajadores afectan el derecho al trabajo.
EC —¿Usted está diciendo que la justicia debió haber actuado antes?
EB —No, no. Yo dije que dos juezas manifiestan por separado –si lo dicen por separado por algo será– que no tienen un instrumento jurídico y dicen que se abra paso a la vía administrativa. Y la vía administrativa lo que tiene es un decreto de 2010 que protege un bien jurídico que son las oficinas del Estado y también –por eso tiene papel el MTSS– el derecho al trabajo, que se le impide a un grupo de funcionarios. No todos los funcionarios reclamaron como funcionarios. En general reclamaron los responsables de las oficinas. Pero algunos trabajadores de algunas de las oficinas también reclamaron el derecho a trabajar.
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Transcripción: María Lila Ltaif
