Entrevista con la maestra Daysi Iglesias, dirigente de la Asociación de Maestros del Uruguay.
EN PERSPECTIVA
Miércoles 26.08.2015, hora 8.21
EMILIANO COTELO (EC) —“Para los gremios de la enseñanza, la de ayer fue una jornada de reuniones, asambleas y llamadas telefónicas.”
Así empieza la crónica de La Diaria, que agrega “… después de que el gobierno decretó la esencialidad de los servicios de la educación pública, lejos de que los sindicatos se vieran disuadidos, el efecto pareció el contrario”. Y se detiene en concreto en lo que ocurrió en una asamblea en la que participaron unos 1.500 docentes de la filial Montevideo de la Asociación de Maestros del Uruguay (Ademu). Allí se tomaron una serie de resoluciones, entre ellas la de convocar a un paro para hoy, justamente el día en que la esencialidad en la educación entra en vigor.
La resolución tiene varios puntos. Para explorarla estamos con Daysi Iglesias, dirigente de Ademu.
En primer lugar, ¿la medida de paro que resolvieron ayer agranda lo que ya estaba dispuesto, o es simplemente mantener?
DAYSI IGLESIAS (DI) —En cierta forma mantiene. Mantiene las movilizaciones con paro hasta el día viernes, pero se agrega, en aras de la prudencia y de la lógica de que puedan existir propuestas o situaciones imprevistas, una asamblea evaluativa diaria, en este caso en el día de hoy a la hora 18.
EC —Ustedes tomaron esa resolución ayer, cuando ya circulaba esa propuesta, esa fórmula que había surgido del Poder Ejecutivo y había sido trasmitida al PIT-CNT: el gobierno está dispuesto a dejar sin efecto el decreto de servicios esenciales en la educación pública si los sindicatos levantan los paros previstos para estos días. ¿Cómo consideraron esta alternativa?
DI —Como la aplicación del decreto. Eso estaba planteado desde antes, aquí hay un factor creo que de mucha confusión. Había una negociación en curso, esa negociación había pasado por una primera instancia en la cual delegados de la Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza del Uruguay (CSEU) y del PIT-CNT habían sostenido una negociación con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), y traen una propuesta a los sindicatos para que la consideren.
Según lo que yo oí en televisión de boca del mismo presidente de la República, alguien le informó al presidente de la República que no se trataba de una propuesta sino que ya era el acuerdo firmado. Esa situación de ruido en la comunicación oficial determinó, según lo que pude oír y que creo que pudo oír toda la ciudadanía, directamente y claramente dicho, que se declararan servicios esenciales.
EC —El presidente Vázquez dijo ayer cuando fue consultado en Florida: “No se cumplió el acuerdo entre los sindicatos de la educación y el gobierno. El viernes de noche me avisan que estaba firmado, sin embargo echaron para atrás. Y queremos dialogar, pero ustedes ven la reacción. Entonces, ante la intolerancia, ¿qué se puede hacer?”.
DI —Por lo menos dos precisiones que cualquiera puede realizar, que no son obra de la opinión, sino de la fuerza de los hechos. La primera es que no existía un acuerdo firmado. Es a tal punto así que la Federación Uruguaya de Magisterio (FUM) lo remite a todas sus filiales para adoptar decisión al respecto el próximo sábado. O sea que hay un problema de trasmisión, “me dijeron que estaba firmado”. ¡Imposible!
EC —¿Entonces lo que ocurrió el viernes, según lo que usted está puntualizando, fue un preacuerdo entre el Poder Ejecutivo y los representantes de los gremios?
DI —No, no, ni siquiera tuvo carácter de preacuerdo. Es un acta en la que se recoge una propuesta. Y no es según lo que yo digo, es lo que está escrito negro sobre blanco en un papel. Es una propuesta para realizar a los gremios. Uno dice: mire el problema en el que estamos, ¿quién trasmitió mal esto? Porque todos los sindicatos lo tenían tan claro que convocaron a todos sus organismos a resolver en función de ello. No es que lo tengamos claro, está escrito.
En segundo lugar, el aspecto que resulta más sorprendente y que tal vez cause más impacto emocional y aun racional –por lo menos entre los trabajadores maestros– es que se diga “estamos dispuestos al diálogo”, cuando quien cortó la instancia de negociación fue el Poder Ejecutivo mediante un decreto. Parece algo muy difícil de entender en una lógica tal vez común como sea la nuestra.
EC —Lo que había durante el fin de semana era que en el Poder Ejecutivo y en el propio presidente Vázquez había caído muy mal en primer lugar eso, que lo que ellos entendían que era un visto bueno a esa fórmula no existiera, que la fórmula fuera rechazada en los propios gremios. Y segundo, algunas declaraciones que se habían formulado en las que se tildaba, por ejemplo, al gobierno de neoliberal.
DI —Terreno de opiniones… no puedo decirle que eso haya sido en una asamblea, pero si alguien opina así, opina, la opinión es libre, no estaba recogido en ningún documento. Además no es a cualquier ciudadano, es al primer ciudadano del país al cual se le dio una información que no era. Son los especialistas, señor periodista, en firmar acuerdos, no con nosotros, que podemos ser totalmente secundarios, internacionales. El que informó eso tiene que poder discernir entre un preacuerdo, un acuerdo y un convenio, porque es su métier. Vuelvo a señalar el enorme problema de ruido en la comunicación, pero nosotros, que somos de repente mucho más humildes, estamos en otro territorio, tenemos los documentos, la claridad en esas circunstancias. En el caso de la FUM se habían procesado asambleas en dos, tres filiales, el resto de las filiales las tenían hoy, mañana, para confluir todos en la mesa nacional. Había filiales que estaban diciendo que sí, había otras que tenían posición contraria… Todo este proceso se ve interrumpido.
El proceso de diálogo estaba abierto, hubo un actor que lo cerró. El actor que lo cierre debe encontrar el camino para reabrirlo, pero sin ubicarse… ¿cómo podría decirlo sin que sea mal entendido? Sin ubicarse en una posición de ofensiva, porque no está en esa situación. No es “yo quiero negociar y aquí hay un conjunto de personas que no lo quieren”; si hubiera un sinceramiento y se dijera “señores, hubo un problema de comunicación, lamentamos haber generado un hecho así” –o algo parecido, no tiene por qué ser eso–, ayudaría mucho al estado de ánimo y a poder analizar las cosas con lógica. Porque ¿sabe qué?, si no, nos ubican en un terreno donde la realidad no coincide con los discursos. Y es muy difícil hablar así.
EC —¿Usted está de algún modo manifestando en qué condiciones podría restablecerse el ambiente por el lado del diálogo?
DI —No, no es mi intención, ayer recibimos esa propuesta. Según lo que nos trasmite la FUM, ya sobre el final de nuestra asamblea existió una comunicación del Ejecutivo que decía “… en cinco minutos levantamos el decreto si ustedes levantan los paros”. Lo que se dijo fue: “Vamos a tranquilizarnos, esto es lo mismo que se nos había planteado cuando surgió el decreto, no hay ningún planteo nuevo”. Pero si este planteo mejora, tenemos nuestra asamblea en la tardecita de hoy y por supuesto estamos dispuestos a considerar toda propuesta que se realice.
EC —Usted dice que para eso se requiere que el planteo “mejore”. ¿Qué quiere decir?
DI —En primer lugar, frente a los problemas de teléfonos descompuestos que predominan, creo, tratando de no ser atrevida, en el ámbito oficial, que nos entreguen un documento escrito. Porque si un documento escrito es mal interpretado, ¿qué puede pasar en el territorio de las palabras sacando a tres personas en la mitad de una asamblea?
EC —El documento escrito debe decir ¿qué cosa?, debe establecer ¿qué temas?
DI —Ah, no, por favor, yo no…
EC —Pero usted habla de que las condiciones, las cláusulas estén en un documento escrito, y se refiere a ¿qué cosa?
DI —A que lo que propone el gobierno esté escrito.
EC —¿Lo que manejó anoche el gobierno?
DI —Exacto, cuál es su propuesta claramente. Puede ser que hoy recibamos algo, porque el secretariado del PIT-CNT citó ayer a la noche en forma inmediata al secretariado de la FUM para ahora a las 10 de las mañana. Así que creemos que toda esta tormenta que vivimos, por lo menos nosotros, con tanto agravio y humillación tal vez tenga en la mañana de hoy un planteo ya más formal. Lo que decimos es: hubo instancias formales, hubo documentos escritos, hubo comunicaciones registradas; si las entendió mal, pasemos a ver qué es lo que se nos plantea de una manera más formal. De todas maneras, la decisión de la asamblea es de la asamblea, e inicialmente lo que se dijo ayer es que se considera infundada y no legítima la declaración de servicios esenciales para la educación.
EC —¿Qué significa eso?
DI —Eso significa que entendemos que su fundamento jurídico no es claro, resulta opaco, oscuro, forzado, a tal punto que hay ahora un equipo de juristas, no nuestros, del PIT-CNT trabajando incluso con alguna cátedra universitaria, según nos han informado, para presentar denuncia ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la cual sería presentada en forma bastante inmediata por un representante del PIT-CNT que viajará a Ginebra. Cuando algunos otros profesionales en este campo del terreno jurídico estiman, de una manera no diría unánime, pero importante, que los asideros jurídicos no están claros, son cuestionables, y la misma organización sindical se plantea una denuncia ante la OIT, comprenderá usted que tratamos de resumir todo ese cúmulo de información en “un fundamento oscuro y no legítimo”.
Lo que la asamblea trató es que, en virtud de esta resolución del Poder Ejecutivo de declarar esencial el servicio, es el Poder Ejecutivo quien ha roto el diálogo. Quien rompió las instancias, que no permitió la ida y vuelta en esas instancias. Por tanto, en la medida en que el Poder Ejecutivo modifique los hechos, los hechos, que es la declaración de esencialidad, con mucho gusto las asambleas lo considerarían.
EC —Usted dice que fue el Poder Ejecutivo quien rompió el diálogo; por supuesto que del otro lado, en el gobierno, se ven las cosas de manera distinta. El propio Vázquez ayer argumentó: “Era necesaria la esencialidad, los docentes tienen todo el derecho del mundo a protestar, pero no a lesionar los derechos de otros. Y en estos momentos están lesionados los derechos de los estudiantes”. ¿Cómo responde usted?
DI —El presidente Vázquez dice eso, pero quién rompió el diálogo no es cuestión de opinión. Lo importante aquí es recoger hechos; después opinamos. Yo tengo una opinión sobre los hechos, parte de sus oyentes tendrán otra, usted tendrá otra. Pero el rigor de los hechos, ¿quién rompió el diálogo, si hay una instancia prevista y alguien pone un decreto de esencialidad? El hecho, primero rescatemos el hecho, después opinemos.
EC —Puede entenderse que es romper el diálogo seguir sumando días de paralización, y esta semana, obviamente, está muy cargada de paros.
DI —No me diga, ¿usted pone los días de paro a la misma altura que un decreto de esencialidad…? Si hubiera sido así, el doctor Sanguinetti en el año 1989 habría actuado parecido… porque tuvo 53 días de paro. Y el doctor Lacalle llegó a 15. Y créame, nunca usaron la declaración de esencialidad para la educación, en Uruguay es la primera vez en la historia, pero la primera vez. Además fundada en esta ley de 1968 y en el decreto de 1978. ¿Sabe cómo fue vivido esto por un gremio que particularmente, independientemente de cualquier valoración, constituye una parte de la base social del gobierno? Mire que no fue bien vivido.
EC —Entonces, en el análisis que hace un gremio como Ademu están de por medio, primero, el dato de que un gobierno del Frente Amplio toma una medida que no habían tomado gobiernos colorados y blancos ante huelgas incluso más largas o paralizaciones más extensas, y segundo, el hecho de que el decreto de servicios esenciales se fundamente en normas una del período de Pacheco Areco y otra de la dictadura. Por ahí están algunos de los factores que para ustedes son irritantes.
DI —Esos son hechos, está escrito, eso está escrito. No es que yo lo diga, está escrito en el decreto, al igual que en otros de esencialidad que ha habido.
EC —Mi pregunta es si para ustedes esos datos son irritantes.
DI —Tuvo peso. Tuvo peso, sí, y que se entendiera que era una coartación de una libertad de expresión también tuvo peso. Y que se fundamentan… no voy a decir dislates, pero… Fundamento: “la limpieza de las escuelas”, figura allí; señor, los auxiliares de limpieza no están de paro. Fundamento: “los comedores escolares”; el día antes se había resuelto librar a todo director que quisiera realizar guardias para el servicio de comedor, que se comunicara con Ademu y se pudiera implementar. ¿Nosotros coartar comedores escolares, cuando había, en algunas escuelas, colegas que en su sana decisión habían resuelto entrar, tenían servicio tercerizado y les dijeron que dieran menú de emergencia, pan con fiambre, oficialmente, para no tener el cargo del servicio tercerizado de bandejas o comedor a granel? ¿Cómo usted va a poner “la limpieza de las escuelas”? ¿Se olvidó de que los auxiliares de Primaria, nucleados en Afuprim (Asociación de Funcionarios de Primaria), no están de paro? Es tal el cúmulo de situaciones que… por favor. Por eso le decía: separemos los hechos de la opinión.
EC —Se está requiriendo diálogo, evidentemente. Y ayer hubo contactos, llamadas telefónicas, reuniones en busca de formalizar algún ámbito de diálogo. Existió esa salida, esa idea de “cambiar” el levantamiento del decreto de servicios esenciales por el levantamiento de los paros. En ese contexto ustedes en la asamblea de ayer tomaron algunas decisiones particularmente severas: piden la renuncia de la ministra de Educación y Cultura, María Julia Muñoz, y consideran –o resolvieron directamente– la desafiliación de Ernesto Murro, que es maestro, lo sacan del gremio. ¿Cómo justifican esas medidas?
DI —En primer lugar, quien firma que somos esenciales y debemos ser reglamentados indudablemente no puede –y creo que no debe querer– formar parte de nuestro padrón sindical. De la misma manera que cualquier organización puede determinar quién constituye su lista de afiliados o no. La asamblea fue bastante considerable, 1.500 personas, eso fue el registro de cuórum hasta determinada hora, pero estimamos que el número se amplió bastante, sustancialmente. Así que los socios de una institución reunida tienen el derecho a decidir quién forma parte y quién no, es una potestad interna de los afiliados a un lugar.
EC —Eso quedó resuelto, entonces.
DI —Por supuesto, sí, sí. Pero además, nos declaran esenciales, motivan este tsunami, pero ¿usted sabe que en el día de ayer presentaron renuncia ante el PIT-CNT por no compartir la resolución los dos consejeros de Codicen elegidos por voto de los docentes y los consejeros elegidos por voto docente de UTU, de Secundaria y de Primaria, o sea que los mismos consejos de educación han perdido parte de sus integrantes? Habría que decirles a ellos: “¿Cómo?, ¿usted renuncia y lo hace en una nota ante el PIT-CNT –ayer a la mañana–, considerando que lo que se realizó fue un hecho que no estaba adecuado a la constitucionalidad vigente en el Uruguay y que era una situación que no podían ni compartir ni implementar?”. Bueno, una asamblea también resolvió que una persona no forma parte de su padrón.
Y el pedido de sustitución de los ministros de Educación y Cultura y de Trabajo y Seguridad Social también es una competencia de las asambleas. Nosotros no sabemos dónde estuvo el teléfono descompuesto que llevó a esta medida que nos parece impulsiva del gobierno, por lo menos en una parte fuerte de sus fundamentos. Pero sabemos que hay dos ministerios que la promovieron: uno, el que promovió la esencialidad, Educación, y otro, el que puso la firma en el decreto, Trabajo. Por tanto esa es también una resolución del día de ayer.
EC —Una pregunta que se reitera en medio de esta discusión de las últimas semanas es: ¿por qué en los planteos que llegan de los sindicatos solo se discute sobre salarios y condiciones de trabajo? Incluso en estas últimas horas esto ha sido puesto otra vez sobre la mesa por representantes del oficialismo. Se plantea: la meta presupuestal es llegar al 6 % del PBI para la ANEP y la Udelar, y se exige eso. Pero ¿cuál es la meta en materia de calidad de la educación? ¿Qué dice sobre esta parte del debate?
DI —Qué suerte que usted menciona ese tema, porque yo lo olvidaba. En este acuerdo que se trae a los sindicatos para tomar posición, una de las cláusulas que fue fuertemente analizada fue la cláusula 10, que dice que los sindicatos deben compartir y trabajar con el organismo por los contenidos sustanciales que el organismo define, o sea por la política educativa. ¿Sabe qué problema tenemos? Que no la conocemos todavía, no sabemos cuál es. Y en un acuerdo, en una propuesta de acuerdo se nos pide que hagamos voto de adhesión y de implementación de una política que no conocemos. Y el artículo 11 de esa propuesta dice que hasta abril de 2017 nosotros no podemos hacer ningún tipo de movilización. Nadie está hablando de paro, estoy hablando por ejemplo de llamarlo a usted porque existe una variante respecto a una reforma curricular que puede implicar el cambio de los criterios de promoción escolar ubicándola solo en tercero y sexto años. No podemos hacer nada de eso, ni ninguna movilización por salario ni ninguna movilización por ese tema.
¿Cómo piensa usted que un sindicato de profesionales vive que la OPP y el MEF se metan en educadores diciéndoles “tienen que adherir a la política educativa” y que además no pueden hacer ningún tipo de movilización hasta abril de 2017 por ese tema, cuando en realidad las líneas de política educativa nosotros mucho no las conocemos todavía, no sabemos hacia dónde van? No sabemos hacia dónde va la reforma curricular, no sabemos hacia dónde van los planes; y no sabemos no por omisión nuestra, aún no ha sido informado eso, no está claro.
Entonces, si alguien ha de preocuparse por la calidad, debería preocuparse por esclarecer sus líneas de política educativa. Debería preocuparse por esclarecer hacia dónde va, a qué le llama tránsito, qué relación tiene eso con la promoción, cuál fue la evaluación de su Plan Tránsito entre primaria y secundaria, cuántos chicos ocupó, y sobre todo [cuál fue su evaluación] del efecto que esas políticas han tenido. ¿Existe evaluación? Nosotros en este momento no la conocemos mucho, y no la conocimos, ni tampoco conocemos esas grandes líneas. Cuando esas grandes líneas sean puestas a discusión capaz que podemos hablar, pero no para un amordazamiento profesional.
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Transcripción: María Lila Ltaif
