Entrevista con el diputado Rodrigo Goñi, presidente de la Comisión de Innovación, Ciencia y Tecnología de la Cámara de Representantes.
EN PERSPECTIVA
Viernes 15.07.2016, hora 8.30
EMILIANO COTELO (EC) —La irrupción de Uber y otras aplicaciones como Airbnb ha disparado varios debates, aquí y en muchos países. Por ejemplo, ¿es conveniente regular estas plataformas de la llamada economía colaborativa? Y en todo caso, ¿qué tipo de legislación necesitan? ¿Son una forma de competencia desleal para los prestadores de servicios tradicionales? ¿Qué impuestos deberían pagar?
En febrero de este año el presidente Tabaré Vázquez definió que la intención del gobierno no pasa por prohibir, sino por regular las aplicaciones informáticas. Y anunció que se trabajaba en un proyecto de ley con ese espíritu.
La iniciativa del Poder Ejecutivo, conocida como “ley Uber”, llegó al Parlamento en marzo de este año y comenzó a ser estudiada por la Comisión de Innovación, Ciencia y Tecnología de la Cámara de Representantes.
El proyecto ya ha sido objeto de discusión y modificaciones. De hecho, esta semana finalizó la ronda de consultas a las partes directamente interesadas.
Por eso parece un buen momento para pasar en limpio este asunto, para ver qué forma tomará finalmente este controvertido proyecto de ley.
A esos efectos, invitamos al diputado nacionalista Rodrigo Goñi, presidente de la Comisión de Innovación, Ciencia y Tecnología de la Cámara Baja.
RODRIGO GOÑI (RG) —Estamos ante un tema de una enorme envergadura, de una enorme relevancia, de una enorme trascendencia para cualquier país del mundo, como lo han reconocido todos los país, pero especialmente para Uruguay, que tiene muchísimo para ganar en este tema de la economía digital, pero también mucho para perder si hacemos las cosas mal.
EC —Para empezar, sería bueno definir qué es lo que se busca legislar. Todos tenemos claro que uno de los objetivos que motivaron este proyecto fue la irrupción de Uber. De todos modos, la ley, por lo que ha señalado, va más allá de Uber. Estamos hablando de actuar, o no, sobre aplicaciones que funcionan en lo que se denomina la economía digital. ¿Cómo definiría el alcance del proyecto?
RG —Lo primero que tiene que hacer un legislador cuando pretende abordar una regulación, una legislación, es entender el fenómeno. Y estamos ante un fenómeno que creo que el gobierno cuando mandó el proyecto de ley no entendía, no comprendía todas sus implicancias, sus efectos. Estamos hablando de las aplicaciones tecnológicas, de las plataformas tecnológicas, que son una parte de esta economía digital que cada vez se expande más y ocupa un espacio cada vez más relevante en la economía en su conjunto. Es decir, estamos hablando también de economía. Y estamos hablando de una herramienta que termina generando cientos de miles y probablemente en poco tiempo millones de mercados virtuales.
Nuestro país está siempre buscando abrir mercados, y lo que hacen las aplicaciones de este tipo es básicamente generar mercados. Podemos hablar de ferias para que se entienda más claramente, o en otro sentido de la figura de una bolsa de valores. Hay más de 1.000 millones de consumidores utilizando estas herramientas, que dicen “yo necesito algo”, cualquier cosa, cualquier necesidad, sea económica, sea social, sea la prestación de un servicio, sea cultural, sea médica. Estamos hablando de las necesidades más básicas del individuo, que dice “yo quiero esto” y aparecen los otros 1.000 millones que tienen posibilidades de ofertar. Para el Uruguay, que tiene un mercado interno de tan solo 3 millones, estamos hablando de nada menos que de más de 1.000 millones de mercados que le presentan estas aplicaciones.
Por lo tanto, lo primero que tenemos que entender es que estamos hablando de acceso a mercados, y de si vamos a facilitar el acceso a esos mercados, a más de 1.000 millones de consumidores, o lo vamos a restringir.
