Entrevista con el intendente de Maldonado, ingeniero agrónomo Enrique Antía.
EN PERSPECTIVA
Viernes 24.03.2017, hora 8.21
EMILIANO COTELO (EC) —Primero el cierre del Cambio Nelson y la fuga de Francisco Sanabria. Luego la polémica entre los diputados frenteamplistas Óscar de los Santos y Darío Pérez. Los dos hechos llamaron la atención sobre Maldonado en las últimas semanas. Sin embargo, aunque las repercusiones de esos temas se mantienen, hay otros asuntos ocurriendo en el departamento, que también vale la pena observar.
Los últimos días fueron movidos en la Junta Departamental de Maldonado. El viernes pasado, el Frente Amplio (FA) interpeló al intendente Enrique Antía para cuestionarlo sobre los reaforos de los inmuebles del departamento. Y unos días después, el intendente volvió a la Junta, pero en esa ocasión para presentar una serie de proyectos que, según el jefe comunal, implicarían una inversión cercana a los US$ 400 millones por privados en los próximos años.
Para averiguar más sobre estos puntos y algún otro, estamos en contacto con el intendente de Maldonado, Enrique Antía.
ROMINA ANDRIOLI (RA) —El viernes pasado, usted concurrió a la Junta Departamental a una sesión especial convocada para que respondiera por lo que el FA denominó “aumentos registrados en la contribución inmobiliaria, tasas, impuestos y adicionales que se cobran conjuntamente con ella en el ejercicio 2017”. La discusión se centraba en las medidas aprobadas el año pasado por la Intendencia, cuando resolvió, entre otras cosas, nuevos valores de los aforos de los inmuebles en varias zonas del departamento. ¿Por qué se tomó esa decisión?
ENRIQUE ANTÍA (EA) —El año pasado, cuando se votó el presupuesto, se introdujeron una serie de modificaciones que de ninguna manera implican un tarifazo. El grueso del presupuesto se incrementó solamente el IPC.
Después hubo modificaciones a nivel del terreno baldío, que se incrementó en un 50 %. Entendemos que es necesario aplicarles un incremento porque hay zonas principales de nuestro departamento donde hay terrenos de alto valor y de alto valor de especulación, donde tenemos todos los servicios, saneamiento, luz, agua, etcétera, que no se mueven, y precisamos que esos terrenos se transformen en propiedades que les den valor. El impuesto al baldío es un impuesto finalista que tiende a que aquel que está especulando o que tiene un terreno y no lo usa tenga que pagar por él, se incrementa el impuesto a los efectos de que movilice ese terreno para el área de la construcción. Es una decisión urbanística que tomamos y me parece razonable.
También se incrementó el mínimo, porque durante muchos años se había venido aumentando por porcentajes y se había creado un desfasaje muy importante entre lo que había en el departamento, y había localidades que pagaban $ 4.000 y $ 5.000 por año de contribución. Ese mínimo se llevó a $ 6.500 en todo el departamento. Es decir que todo aquel que tiene una propiedad, un terreno de 300, 400 metros, en las ciudades del departamento paga $ 6.500 por año por todos los servicios que brinda la Intendencia. Ese incremento del mínimo fue la base de la discusión del planteo de la 738. Y no pesa un 1 % en el ingreso de la Intendencia, así que no podemos hablar de que el objetivo fue recaudar. Es un ajuste para ir ordenando algo que estaba mal.
Por otro lado, quedó demostrado que el reaforo se hizo en toda la cosa.
