Lust es además candidato a diputado por Cabildo Abierto, e integra el grupo de asesores de la campaña electoral de Manini Ríos
EN PERSPECTIVA
Viernes 04.10.2019
EMILIANO COTELO (EC) —Buena parte de la atención política estaba centrada ayer en la comparecencia ante la justicia penal del general retirado Guido Manini Ríos, candidato a la Presidencia por el partido Cabildo Abierto (CA). El fiscal Rodrigo Morosoli había solicitado su procesamiento por un delito de omisión, y si la jueza Marcela Vargas aceptaba ese planteo iba a producir un hecho de impacto fuerte en la campaña electoral a tres semanas de los comicios. Pero finalmente el agua no llegó al río, la defensa de Manini presentó una acción de inconstitucionalidad que la magistrada estudió y aceptó, con lo cual la audiencia no se llevó a cabo y quedaron en suspenso las actuaciones judiciales.
El recurso cuestiona por un lado la constitucionalidad de la Ley 19.334, que creó la Fiscalía General de la Nación (FGN) como un servicio descentralizado dependiente del Poder Ejecutivo. Además, el escrito alega la inconstitucionalidad de varios artículos de la Ley 19.293, el nuevo Código del Proceso Penal (CPP).
La jueza Vargas aceptó el recurso, por lo que el proceso penal de Manini Ríos quedó en suspenso y el caso fue derivado ahora a la Suprema Corte de Justicia (SCJ) para que esta se pronuncie.
Ante ese panorama, no tuvo lugar la audiencia en la que el fiscal Rodrigo Morosoli iba a solicitar la formalización del excomandante en jefe del Ejército ya que entiende que Manini omitió denunciar las confesiones realizadas por el militar José Nino Gavazzo en un tribunal de honor del Ejército.
¿Qué viene ahora? ¿Qué se busca con los escritos que se presentaron ayer? ¿Cuál es la estrategia de la defensa de Manini?
Vamos a conversarlo con el doctor Eduardo Lust, abogado constitucionalista, integrante del equipo de asesores del presidenciable de CA.
Primero una aclaración: usted no es solo un abogado que asesora a Manini en este expediente judicial, usted se incorporó este año a CA. Es más, figura en los primeros lugares de la lista a la Cámara de Diputados en Montevideo.
EDUARDO LUST (EL) —Sí.
EC —¿Había militado en política antes?
EL —Sí, milité toda mi vida en el Partido Blanco.
EC —Viene del Partido Nacional (PN).
EL —Vengo del PN, de la época de la universidad, en un grupo que era los jóvenes blancos.
EC —¿Eso fue en qué año?
EL —En el año 79.
EC —¿Había llegado a integrar alguna agrupación? ¿Había sido candidato al Parlamento?
EL —No, nunca fui candidato a nada. Me dediqué a la docencia, a la investigación y a la profesión de abogado. Pero nunca integré ninguna lista porque, si bien me han invitado, no solamente del PN, tengo muchos compañeros de generación que hace muchos años que son diputados y senadores, con el correr del tiempo y especializándome en derecho constitucional tengo una posición que es mía, que es que el Uruguay, el sistema político, ha abandonado la Constitución del 67. Entonces cada vez que me invitaban yo iba con lo mío, “yo puedo aportar esto”, y nunca tuve recepción en ese tema, no era un tema atractivo.
EC —Por lo tanto no entraba formalmente a un partido, a un sector.
EL —Nunca entré porque no me sentía identificado. De los programas de gobierno, vivienda, salud, enseñanza, seguridad es lo que a la gente le importa, lo plantean todos los políticos, cada cual tiene su solución. Pero yo les decía a todos que por encima de las soluciones puntuales, que es lo que a la persona le importa, hay una estructura jurídica que facilita o dificulta esas soluciones, que es el seguimiento de la Constitución. Y si hay un apartamiento el Estado se desdibuja.
EC —¿Qué quiere decir con que se abandonó la Constitución del 67?
EL —Le pongo cuatro ejemplos. Por ejemplo, la Presidencia de la República claramente es un órgano de gobierno que es diferente del Poder Ejecutivo; al Poder Ejecutivo lo integran el presidente con los ministros, y la Presidencia es un órgano autónomo. Si fuéramos un gobierno parlamentario el presidente sería el jefe de Estado y el jefe de Gobierno sería el Poder Ejecutivo. Tenemos un sistema de gobierno mixto, o sea que no tenemos ni presidencialismo ni parlamentarismo. Pero en la Constitución del 67, que viene de la del 52, que era un gobierno colegiado, para que no fuera un impacto para el elector porque hay que hacer un plebiscito, se creó la presidencia unipersonal y al presidente se le dieron cinco competencias que son casi administrativas: elige secretario y prosecretario, designa los ministros, disuelve las cámaras si se dan ciertas circunstancias que nunca se dieron y representa al Uruguay en el exterior y en el interior. Eso es lo que puede hacer el presidente de la República. Y todas las competencias de gobierno se le dan al Poder Ejecutivo, que es el presidente con los ministros.
Nosotros desde el retorno a la democracia hemos dictado una enorme cantidad de leyes que le han dado competencias a la Presidencia de la República, en mi concepto inconstitucionales. Pero no en mi concepto, la cátedra de Constitucional sostiene que la Presidencia es un órgano de competencia cerrada, que nada puede entrar en la Presidencia, y hoy en ella tenemos 25 secretarías, que dominan todos los temas. Todos, patente, medioambiente, agua, energía, etcétera. El problema es que como a la Presidencia no se le permite hacer nada, no se la puede controlar. Es algo lógico, si usted no puede hacer nada yo no lo controlo. Entonces el constituyente no puso controles en Presidencia, porque el presidente no puede hacer nada. Pero por leyes tiene una cantidad de competencias que están fuera del control del Parlamento.
EC —Esto último cada tanto aparece en la discusión.
EL —Por ejemplo, nosotros hemos creado un Estado paralelo. El Uruguay tiene 120 sociedades anónimas, el gobierno uruguayo, que se rigen por el derecho privado pero el dinero es público. En el último período de gobierno se perdieron 2.000 millones de dólares por mal administrar sociedades anónimas, a las que no se les puede hacer nada porque son sociedades privadas. Ahí se empezaron la regasificadora, el puerto de aguas profundas, una cantidad de proyectos que cayeron. Por ejemplo Pluna, cuando Pluna quebró me llamaron del Parlamento para que asesorara como docente, como nos llaman a todos los docentes de todos los partidos. Y en un momento se planteó una comisión investigadora para Pluna. Y yo dije: “a Pluna la comisión investigadora no la puede investigar porque es una empresa privada, el Parlamento no tiene competencia”. Entonces no prosperó, tal vez por razones políticas, pero había una razón técnica.
Todas esas sociedades anónimas escapan al control del Tribunal de Cuentas. El déficit fiscal, que son tantos millones de dólares, está ahí, dinero que se escapa. Si usted tiene competencias en la Presidencia que no debería tener, tiene un Estado paralelo con sociedades anónimas que hacen el papel que deben hacer los entes autónomos y los servicios descentralizados. Si tiene una enorme cantidad de personas de derecho público no estatal y otras atribuciones que por ley se le han dado a la Presidencia de la República, la Constitución se va dejando de lado. La Constitución dice que en las leyes de presupuesto no puede haber temas que no sean de presupuesto, y además dice que no puede haber ninguna disposición que exceda el período de gobierno. O sea que el gobierno que viene no puede quedar atado por el gobierno anterior. Todas las leyes de presupuesto son inconstitucionales, porque todas tienen medidas que sobrepasan el período de gobierno y que obligan al gobierno siguiente. Tanto es así que la SCJ tiene sentencias que dicen “todas las leyes de presupuesto son inconstitucionales”, pero como todas son inconstitucionales, ya es la costumbre y no las declaran inconstitucionales.
EC —Ese debate que usted propone en los partidos no ha tenido eco, por lo menos en aquellos con los que usted fue conversando.
EL —En ningún partido.
EC —¿Y ahora en CA sí? ¿Por eso se incorpora a CA?
EL —La incorporación a CA fue si se quiere sin querer. El general Manini me había invitado hace algunos meses a una reunión para que le explicara el tema de UPM.
EC —Recordemos ese otro antecedente: usted había tenido una actividad pública muy notoria en los últimos meses con unos audios que difundía a través de WhatsApp cuestionando aspectos del contrato entre el Estado uruguayo y la compañía UPM por la segunda planta de celulosa.
EL —Otro apartamiento de la Constitución. Yo hago un análisis jurídico, que cualquiera puede rebatir, el tema es que no lo han rebatido. El general Manini me invita a que le comente sobre el tema UPM, mantuvimos una reunión de dos horas, y después me llamó gente de CA invitándome a incorporarme al partido, sobre todo a partir de junio de este año.
Yo […] estaba muy entusiasmado y estoy con lo que denomino las iniciativas legislativas locales, que están en el artículo 305 de la Constitución, de las que hay 12 en marcha actualmente. En diciembre del año que viene vamos a parar el tren de UPM, por muchas razones, pero porque para la Constitución uruguaya lo primero es la persona, después es el negocio, y el tren de UPM les va a cambiar la vida a 40.000 personas a las que les pasa por el zaguán, como decimos en Paysandú. Esas personas fueron olvidadas. Entonces le dije a la gente que me invitó: “Si yo hago política voy a contaminar esa actividad porque ningún partido nos apoya”. Todos los partidos dijeron que no porque apoyan a UPM, ningún partido está en contra de UPM. Largamos las iniciativas, en algunas localidades llegamos al 15 % de las firmas que la Constitución exige y en otras nos faltan algunas. Entonces mi papel en esas iniciativas estaba cumplido, yo informé que existía ese recurso, lo organizamos con la gente y después la gente salió a recoger firmas. Lo que viene ahora, tal vez en diciembre o el año que viene, es presentarlas en las juntas departamentales de las intendencias con el fundamento jurídico que ya está hecho.
EC —En eso está trabajando usted. ¿Entonces? ¿Paralelamente cómo se produce esto de que entra en CA?
EL —Seis o siete días antes de que venciera el plazo para presentar las listas, el 27 de setiembre, la gente de CA insiste con la invitación. Yo ahí estaba en una posición que ya no contaminaba mis iniciativas, porque ya estaban en marcha y culminadas prácticamente. Y ellos me dijeron: “Todo eso que hace desde la cátedra, desde sus audios, en los talleres, congresos, puede hacerlo en el Parlamento y va a tener más llegada”. Entonces estudié la estructura de CA, pedí algunas condiciones, que si me las aceptaban yo iba a considerar. Por ejemplo la libertad para moverme según mi creer y entender, lo que dijo san Agustín en el año 1500: “Si yo tengo que obedecer una ley o mi conciencia, ¿qué hago?” –san Agustín fue después, primero era Agustín, era un abogado de la Iglesia–. Y llegó a la conclusión de que había que ir a la conciencia y asumir las consecuencias de incumplir la ley. Eso es lo que hoy se llama disciplina partidaria u objeción de conciencia, que tiene recepción en Uruguay en derecho positivo en el tema del aborto, si un médico no quiere hacer un aborto está cubierto, hay sentencias que lo amparan. Entonces puse una serie de condiciones que me aceptaron. Y dije: “De pronto puede ser bueno, ya grande como estoy”, como dicen los argentinos…
EC —¿Qué edad tiene?
EL —Cincuenta y nueve, ya soy una persona muy mayor. Entonces hablé con mis hijos, les pregunté qué les parecía y me dijeron: “Sí, sí, si de alguna forma vivís en el Parlamento llamado por un partido u otro para que des tu opinión y después a veces no queda en nada; podés probar a ver cómo te va”. Por eso resolví este paso.
