El abogado penalista defendió el dictamen del fiscal de Crimen Organizado Luis Pacheco, que pidió el archivo de la denuncia contra el senador Leonardo de León.
EN PERSPECTIVA
Jueves 03.05.2018, hora 8.38
EMILIANO COTELO (EC) —El fiscal especializado en crimen organizado Luis Pacheco pidió a la jueza Beatriz Larrieu el archivo de la denuncia contra el senador Leonardo de León por sus gastos con la tarjeta corporativa cuando integraba el directorio de la empresa ALUR, subsidiaria de Ancap, entre los años 2011 y 2015.
El doctor Pacheco basó su resolución en que De León no era un funcionario público, en la empresa no existía un reglamento para el uso de la tarjeta, no se exigía comprobante de gastos, pero además la entidad de los gastos cuestionables fue relativamente escasa.
El fiscal sostiene que De León hizo un uso discrecional de las tarjetas en el país y en el exterior, por sumas significativas y sin rendir cuentas, pero acreditó que la mayoría de esos gastos respondieron a motivos de alojamiento, transporte o alimentación, rubros que pueden ser considerados usuales en viajes de negocios.
Preguntado por el diario El País por qué no tipificó delito, pese a que cuestiona la conducta de De León, por qué además se da la diferencia con lo que resolvió en el caso de Raúl Sendic, a quien por una conducta similar le tipificó reiterados delitos de peculados, el doctor Pacheco respondió: “Primero, porque Ancap es una empresa pública y ALUR es una sociedad privada con participación mayoritaria de dicho ente. Los funcionarios y directivos de ALUR no son funcionarios públicos, si fueran funcionarios públicos se les aplicarían una gran cantidad de otras normas de responsabilidad y administración financiera. Por ejemplo, los gastos de representación tienen que estar especialmente previstos en las empresas estatales. Y la otra gran diferencia es que ALUR no tenía una reglamentación sobre el uso de tarjetas corporativas”.
Pacheco reconoció que en este caso el delito de peculado no correspondería, en todo caso el delito que podría caber sería el de apropiación indebida, pero indicó que no pidió procesamiento por ese delito, primero, porque la propia empresa ALUR no lo denunció, ni tampoco el accionista minoritario, Pdvsa. En segundo lugar, “no pido el procesamiento de nadie por 1.500 pesos”. De esa forma, el fiscal alude al monto reducido de los gastos de De León que no tienen vinculación con ALUR.
Por otro lado, el fiscal admitió que hay dudas sobre algunos gastos en particular, que hay dudas sobre gastos que no estarían relacionados con ALUR. Por ejemplo, en cataratas de Iguazú en época de Semana de Turismo, pero recordó que en derecho penal la duda favorece al indagado.
Escuchamos más temprano al senador Pablo Mieres, del Partido Independiente, la colectividad política que presentó en su momento esta denuncia penal. El doctor Mieres entiende que este dictamen que se conoció ayer es escandaloso y que promueve el descrédito de la población a propósito de los políticos y su comportamiento. El doctor Mieres fue implacable en su crítica al fiscal.
Y preguntaba algún oyente: “¿Tendremos la otra campana?”. Procuramos la entrevista con el senador De León…
ROMINA ANDRIOLI (RA) —El senador De León va a dar una conferencia de prensa esta tarde, está prevista para las 19 horas.
EC —Hasta ese momento no habla, no da entrevistas, por ejemplo.
RA —También intentamos con el fiscal, el propio Luis Pacheco, quien declinó por ahora hacer declaraciones, por lo menos en entrevista con nosotros.
EC —Para tener un enfoque complementario, vamos a conversar con un abogado penalista muy experiente, el doctor Juan Fagúndez.
¿Qué dice usted? ¿Ha podido leer el dictamen?
JUAN FAGÚNDEZ (JF) —Sí, leí el dictamen y leí también una entrevista a Pacheco que publicaron ayer en Ecos.
EC —¿Y qué conclusiones saca?
JF —Para mí Pacheco es un prestigioso funcionario de la Fiscalía y con ese dictamen no hace más que honrar al instituto y demostrar que es una persona absolutamente coherente, cabal, honesta y que tiene cuero como para largar un dictamen de esa naturaleza y soportar las críticas de los políticos o de los interesados como denunciantes, aplicando a rajatabla todos los principios del derecho penal. Eso es lo que considero.
