Entrevista con Gustavo Salle, abogado penalista crítico del nuevo Código de Proceso Penal y de su principal impulsor, el fiscal de Corte Jorge Díaz.
EN PERSPECTIVA
Lunes 26.02.2018, hora 8.??
EMILIANO COTELO (EC) —Las críticas del doctor Gustavo Salle contra los gobiernos frenteamplistas son furibundas. Puede decirse, también, extremas. Incluso supo calificar al oficialismo de “asociación para delinquir”. Lo ha llamado “Fraude Amplio”. Es muy mediático y parece que disfruta de su papel como látigo opositor.
Pero en este mes de febrero el doctor Gustavo Salle se paró en la vereda contraria al gobierno en un terreno más técnico, en el que esos radicalismos políticos no son tan evidentes. Salle es, desde hace tiempo, uno de los principales críticos de la reforma del Código de Proceso Penal (CPP), que se aprobó por unanimidad en el año electoral del 2014 y recién comenzó a aplicarse a fines del año pasado, con varios tropezones.
El viernes 16 encontró una oportunidad apropiada para retomar sus embates contra el nuevo CPP. Actuando como abogado defensor de un colega que había amenazado de muerte al fiscal de Corte, Jorge Díaz, Salle presentó un recurso de inconstitucionalidad contra aquella reforma y, de esa manera, consiguió que el juicio quedara en suspenso.
¿Hay algo más que una chicana detrás de ese paso?
De eso y de algunas otras cosas más vamos a conversar con el doctor Salle.
Si fue un arranque de año movido en materia política, en materia noticiosa, para usted también lo fue. Usted estuvo en varios de los hechos que se dieron entre enero y febrero como protagonista, al menos como participante. Incluso estuvo el 23 de enero en Durazno.
GUSTAVO SALLE (GS) —Sí, correcto, estuve en la movilización de los autoconvocados sustancialmente a escuchar, a mirar, a informarme.
EC —Salió decepcionado, parece. No quedó convencido.
GS —No, a través de mi cuenta de Twitter manifesté mi decepción con el movimiento, particularmente con uno de los oradores, que lamentaba la renuncia del ministro del ramo, cuando en realidad la convocatoria era fundamentalmente por la política que había desarrollado el gobierno, y en particular el Ministerio de Economía, Presidencia de la República y el ministro renunciante.
EC —Está aludiendo al discurso de Eduardo Blasina.
GS —Sí, por supuesto. No entendía para nada lo que estaba pasando allí.
EC —¿Qué esperaba del 23 de enero?
GS —Yo esperaba algo que esperaba también un exministro de Economía que se encuentra ideológicamente en las antípodas mías, que es el Ignacio de Posadas. De Posadas saca un editorial en el diario El País en el que dice “no es revuelta, es revolución”. Hace referencia, en forma metafórica, a un suceso de la corona británica en que el rey ve que hay un movimiento de masas y dice: “Otra vez está la revuelta, otra vez están los revoltosos”, y el mayordomo le dice: “No, mi rey, no es revuelta, es revolución”.
EC —Usted esperaba eso, una revolución.
GS —No, yo esperaba un planteamiento de carácter revolucionario en cuanto a cuestionamientos estructurales de un modelo que se viene repitiendo desde hace décadas, que la izquierda describió intensamente y que se demuestra por los hechos, objetivamente, que está absolutamente agotado.
EC —Un hecho muy reciente en el que usted también terminó vinculado fue la publicación en el sitio web de Presidencia de la República de los antecedentes como deudor del colono Gabriel Arrieta, que había calificado de “mentiroso” al presidente Vázquez el lunes de la semana pasada en la vereda frente al Ministerio de Ganadería. Arrieta iba a contratarlo a usted como su abogado. ¿Finalmente eso se concretó? ¿Van a dar algún paso, van a ir a la justicia?
GS —En efecto, me consultó telefónicamente, por cuanto su abogado de confianza hasta el momento, el doctor López Goldaracena, en virtud de esa confrontación con el presidente de la República renunciaba a su patrocinio. Hay una instancia que es una inconstitucionalidad interpuesta por mi colega que está en la Suprema Corte de Justicia (SCJ), y que por lo tanto se va a agotar con la sentencia de la SCJ. Y también me contrata para enfrentar la campaña vindicativa, abusiva, en respuesta a ese incidente que promovió el presidente de la República cuando pensó que era todavía el líder popular y que iba a ser vitoreado por las masas, sin saber que ya estos tres gobiernos del FA han convertido a la Presidencia de la República en altamente impopular.
EC —¿Entonces? ¿Qué va a hacer usted?
GS —Por el momento estamos respondiendo a los aspectos de carácter mediático, estamos estudiando los elementos fácticos y jurídicos que tomaremos.
EC —¿Hay una violación de la ley en esa publicación que hizo Presidencia?
GS —Se ha relativizado el tema del manejo de los datos privados por cuanto la presidenta del Instituto Nacional de Colonización manifestó que había datos que eran públicos. Entonces tenemos que hacer una revisión de los elementos que efectivamente hayan tomado público antes de la publicación en la página de la Presidencia y lo que se publicó en la Presidencia. Si allí hay datos que no eran de dominio público y que la Presidencia, repito, en una desviación de poder y en una actitud vindicativa, manejó, eventualmente podemos realizar las acciones que están previstas en la Ley 18.331.
EC —Escuchándolo y evaluando el tono de su planteo da la impresión de que lo ve difícil…
GS —Lo veo difícil, porque estoy plenamente acostumbrado, y desgraciadamente para el pueblo uruguayo, a otro tipo de situaciones abusivas muchísimo más desproporcionadas. Es más, se lo dije ni bien me llamó Arrieta y cuando me planteó la proyección que él le daba al tema: “Arrieta, usted está en el Uruguay. Y estar en el Uruguay del siglo XXI entraña una situación muy peculiar, que no siempre la gente que tiene contacto con el poder puede llegar a ponderar en toda su magnitud”.
EC —¿A qué se refiere?
GS —Al nivel de avasallamiento del Estado de derecho, al nivel de arbitrariedades, al nivel de abuso y al nivel de corrupción.
EC —Pero si el panorama es así, debería haber cómo llevarlo a los tribunales, debería haber cómo plantear una denuncia.
GS —El problema está en los tribunales. El gran problema de nuestro país. Usted sabe porque usted está empapado, como periodista que es, de la realidad nacional, y para esta nota también usted manifestó cosas que yo he dicho. Yo he hablado de un golpe de Estado técnico en el país. He hablado de que a partir de la Ley 19.334, votada por todos los partidos, con excepción de Unidad Popular, ha habido un golpe de Estado técnico porque se ha vaciado de poder al Poder Judicial y se ha conferido todo ese poder, fundamentalmente en la órbita penal, a un individuo. No a una institución, sino a un individuo, un exmilitante del Partido Comunista, que a través de estos gobiernos que cambiaron política e ideológicamente ahora es un operador imperial, un operador de los Estados Unidos, que es el doctor Jorge Díaz. Él decide qué se investiga y qué no se investiga.
El ejemplo más grotesco que tenemos hoy de ese tipo de actuación es el expediente de ALUR, el archivo de ALUR. Por lo tanto, hablamos de que se le ha confiscado el poder al Poder Judicial, al poder controlador, y se lo ha entregado a una agencia del gobierno, lo cual es inconstitucional –más allá de lo que haya dicho la Corte–, porque los artículos 197 y 198 le dan la potestad al presidente de la República de revocar lo que diga Díaz. Si hay un Poder Ejecutivo que puede revocar por imperio de la Constitución lo que dice el fiscal general, estamos en una situación muy comprometida, de colapso de las instituciones democráticas, republicanas y fundamentalmente del Estado de derecho.
EC —La pregunta que yo le hacía a propósito del caso del colono de San José termina entonces vinculada con todo lo demás que estamos charlando hoy, especialmente con sus objeciones a la reforma del CPP. Pero acaba de aludir recién a otro tema en el que también está involucrado, otra noticia en la que está involucrado, que se conoció el viernes, se publicó en el fin de semana y hoy mismo tiene algunas versiones. Tras el dictamen del fiscal Luis Pacheco, la jueza especializada en Crimen Organizado Beatriz Larrieu archivó la denuncia por sobrecostos en la adjudicación de la planta de etanol de ALUR a la empresa Abengoa en Paysandú. La denuncia había sido presentada por usted a partir de declaraciones que formuló en su momento el ingeniero Gabriel Pérez Morgan, fundador de la empresa Serrana Bioenergía, en planteos públicos que hizo y también cuando se presentó en la comisión investigadora sobre Ancap en el Parlamento. ¿Cómo recibió esta novedad?
GS —No con decepción. Todo lo que sea denuncia de corrupción gubernamental-empresarial en este sistema que acabo de describir, de golpe de Estado técnico, será archivado. Yo ya sé que se archiva UPM, por ejemplo, el contrato ROU-UPM, por lo tanto sabía que se archivaba el expediente de ALUR. Usted podrá preguntar o se preguntará la gente: pero Salle, ¿por qué denuncia si sabe perfectamente bien que se van a archivar las denuncias? Porque genero esto que le traje, que es la fotocopia del expediente. Y genero las vistas, hago hablar al sistema, y eso es importantísimo, porque al hacer hablar al sistema se producen dictámenes y sentencias que son verdaderamente incongruentes, que son impresentables. Yo tengo particular estima por el doctor Luis Pacheco, es más, tengo excelente relación con el doctor Luis Pacheco.
EC —El fiscal.
GS —El fiscal que archivó. Y tengo excelente relación con casi todos los fiscales. Pero a partir de la Ley 19.743, que es un elemento más de la ingeniería jurídica para conferirle poder a Díaz, Díaz tiene potestades de dictar instrucciones. Y si bien la ley dice “instrucciones generales”, yo le traje aquí verdaderos códigos que ha dictado Díaz. Y después viene el ejercicio práctico, porque una cosa es el deber ser que se expresa en las normas y otra cosa es el ser, que es la actuación, el elemento operativo, fáctico del ser humano. En el aspecto operativo, Díaz da instrucciones sobre casos concretos. Usted podrá poner en duda lo que estoy diciendo, pero el propio Díaz se encarga de dar los elementos probatorios.
EC —¿A qué ejemplos se refiere?
GS —Usted recordará el caso Balcedo, cuando él viaja a Maldonado y en lugar de hablar del caso Morosoli, habla el propio Jorge Díaz ante los micrófonos y dice: “En este caso, tolerancia cero”. Dos aspectos. Primero, no es el fiscal del caso, no tenía por qué hablar. Y segundo, dijo una gran verdad: “En este caso, tolerancia cero”; en los otros, sobre todo en los del doctor Salle, impunidad total. Ahí ya tiene un elemento de prueba.
EC —Un elemento de prueba siempre que un planteo público como ese del doctor Díaz efectivamente incida en el fiscal, si el fiscal del caso se atiene a lo que el doctor Díaz dijo en declaraciones a la prensa. ¿Y eso después pasa?
GS —Pasa, porque después de Díaz habló Gabriela Fossati…
EC —Los fiscales tienen independencia técnica.
GS —No, no tienen independencia técnica.
EC —Teóricamente tienen.
GS —No, no tienen independencia técnica. Ya está confesado, la doctora Fossati acaba de salir a los medios de comunicación dando cuenta del nivel de terror que viven los fiscales. No tienen independencia técnica. Por supuesto, yo no tengo la potestad de manejar el Guardián, el Guardián lo manejan él y Bonomi, entonces no puedo traerle una interceptación telefónica. Pero no tienen independencia técnica, hay traslados arbitrarios, hay persecuciones y hay clima de terror. No lo planteo yo, lo planteó la propia fiscal Fossati, que acaba de ser sancionada. Fui el abogado defensor del fiscal Enrique Viana, que fue perseguido por el fiscal general Jorge Díaz.
EC —Vamos ahora al caso de ALUR y la planta de bioetanol.
GS —Le decía, nada contra el fiscal Pacheco, pero está sometido a directivas. El tema es así: yo formulo la denuncia el 25 de agosto del 2014 aportando elementos de prueba sobre un presunto o pretendido sobrecosto de pagar tres veces el valor internacional de una planta de etanol.
Algunas precisiones para los amigos que nos escuchan. Las plantas de etanol, como los vehículos, como cualquier elemento, son tasables, hay precios, más o menos hay precios. Entonces una planta que iba a producir 70 millones de litros a nivel internacional se cotiza entre US$ 35 y US$ 50 millones. Nosotros la pagamos en definitiva US$ 170 millones. Cuando uno ve esos números dice “acá pasa algo”. Yo como neófito en materia de ingeniería civil recojo esa información y la llevo a la justicia. El tema es el sobrecosto de la planta. La jueza y el fiscal tienen los mismos déficits en materia específica de eso, y después de prácticamente tres años y medio el fiscal Pacheco pide la gran prueba pericial de ingeniería civil conjuntamente con contadores.
EC —¿Por qué enfatiza eso?
GS —Ahora viene. Todos estábamos expectantes de esa gran pericia. Esa pericia, por razones burocráticas, no se hace. Y no obstante no hacerse la prueba de la investigación, se pide el archivo. Se lo voy a leer, porque usted no tiene por qué creerme.
EC —Yo no leí el expediente, sobre todo no leí esta resolución.
GS —Lo tengo acá, voy a la parte medular, porque la vista son tres carillas. “Respecto de eventuales sobrefacturaciones en el costo de la obra, tangencialmente mencionada en la denuncia, aunque no específicamente denunciada –la denuncia es específica sobre el costo–, la Fiscalía requirió, en reiteradas oportunidades, la realización de peritajes, habiéndose agregado distintos informes contables de asesoramiento emitidos por la contadora Élida Pardo y el contador Marcelo Arámbulo, de cuyas conclusiones no es posible extraer elemento de convicción que permita el inicio de un proceso penal, aclarándose que no se ha podido contar con un peritaje específico que pudiera determinar o ilustrar los costos de una obra civil de esta naturaleza”. Porque los contadores le dijeron al fiscal: “Nosotros somos contadores, no podemos tasar una planta de etanol, tenemos que trabajar con peritos que nos suministren la información en el aspecto de ingeniería civil”.
EC —¿Y qué pasó con ese pedido que hicieron los peritos?
GS —No se hizo el peritaje, no se hizo la reunión.
EC —¿Por qué no?
GS —Por razones burocráticas, está más allá de mí determinar por qué. Pero lo importante es que el peritaje central no se hizo. Es como que en el caso de una mala praxis no se haga el peritaje o la junta técnica de los médicos que diga “sí hubo error médico”, o “no hubo error médico”.
EC —Si las cosas son como usted me está contando…
GS —Usted las tiene a la vista.
EC —… el fiscal debió haber dicho “hasta no tener el peritaje no puedo seguir”. ¿Cómo es que resolvió que archivaba?
GS —No me lo tiene que preguntar a mí, yo soy el que está molesto con eso, no con Pacheco.
EC —Por eso, no entiendo por qué no está molesto con Pacheco, porque el que resuelve es Pacheco.
GS —Porque Pacheco está sometido a directivas y si sigue adelante y pide la pericia termina de fiscal en Bella Unión, y no porque ser fiscal de Bella Unión sea un demérito, pero es todo un problema de carácter existencial para Pacheco terminar administrando justicia en Bella Unión. La cosa es muy clara, el que manda y dice quién va preso y quién no es el doctor Díaz.
Pasó otra cosa importantísima en este expediente: antes del archivo el fiscal pidió que mi denuncia se acumulara con la denuncia posterior que habían hecho los políticos de mi país, siempre tarde, siempre dos o tres años más tarde que el doctor Salle. Entonces la jueza le dice que no se puede acumular mi denuncia a una denuncia posterior, que en todo caso se acumule la denuncia posterior a la mía. Y ahí retira el pedido de acumular, porque no pueden admitir que sea la denuncia del doctor Salle la que se esté tramitando. Es preferible que sea la del ámbito político, la de los compañeros de la Cámara.
EC —A partir de una resolución como esta, el archivo, que usted acaba de conocer, ¿qué le queda, qué va a hacer?
GS —Voy a seguir insistiendo como insistí hasta llegar al tribunal de apelaciones con el tema del pacto tributario criminal entre Mujica y Paco Casal. Los tribunales dicen, con cierta razón –artículo 22 de la Constitución–, que el titular de la acción pública es Jorge Díaz, la Fiscalía General. Por lo tanto yo no tengo legitimación activa, cuando voy al tribunal y llego apelando la decisión del archivo y la decisión que dice que yo no tengo legitimación, llego hasta el tribunal de apelaciones. Y el tribunal de apelaciones me dice: “Salle, vos no sos nadie, no tenés legitimación. Aquí el que tiene legitimación es Díaz”. Por lo tanto si Díaz pide el archivo está frito. Pero no está frito Salle, yo no voy en nada, a mí nadie me paga.
EC —Supongo que esa es una pregunta que se están haciendo varios oyentes.
GS —Yo no soy el abogado de Pérez Morgan, el abogado de Pérez Morgan fue…
EC —Quién financia todo este trabajo suyo, etcétera.
GS —Lo financia el ejercicio liberal de la profesión mía y hasta hace poco de la odontología de mi señora, que era odontóloga, ahora se jubiló; supongo que va a ser en parte el Estado a través de la pasividad que mi señora está cobrando. A mí no me financia nadie, yo no soy ni siquiera el abogado de Pérez Morgan, lo puede consultar. Fue el doctor Donnángelo el abogado de Pérez Morgan. Yo tomo la información que da a nivel púbico Pérez Morgan. Yo aquí estoy defendiendo la probidad de la Administración Pública, estoy defendiendo el Estado de derecho y estoy defendiendo el bolsillo de todos y cada uno de los uruguayos, por simple responsabilidad ciudadana, hasta si se quiere por retribución a la Udelar, que me dio la oportunidad de ser abogado.
EC —A propósito de esta noticia del archivo de la denuncia sobre el caso de ALUR y su planta de bioetanol, la producción de En Perspectiva consultó anoche al fiscal Luis Pacheco, queríamos entrevistarlo para conocer sus argumentos. La respuesta fue que por ahora por lo menos no va a realizar declaraciones, entre otras cosas porque se le ha acumulado mucho trabajo.
***
EC —Vamos al asunto que fue el disparador de la invitación. Usted y el exfiscal Enrique Viana son los representantes legales de Juan José Ayala, el abogado sospechoso de haber amenazado de muerte al fiscal de Corte. ¿Cómo llegó a este caso, cómo termina vinculado a este caso?
GS —Me llama la señora de Ayala por teléfono [y me dice] que Ayala está en la Fiscalía General.
EC —Usted es amigo de él.
GS —Lo conozco desde el 25 de junio de 1980, cuando entré a trabajar como administrativo 2 en la Fiscalía del Crimen de cuarto turno a cargo del fiscal Miguel Langón. Él era un abogado ya maduro –tiene 72 años– y yo era el muchacho que llevaba y traía los expedientes de Fiscalía, una especie de conserje. Allí lo conocí, como conocí a la cantidad de veteranos que están hoy en el foro.
EC —Recordemos el episodio de la amenaza. El sábado 18 de noviembre del año pasado de noche alguien llama a la Fiscalía de Corte y al agente de policía que atiende le dice: “Somos el Comando de Restauración Nacional. Dígale a Jorge Díaz que va a morir en la calle”. Usted había conocido esa noticia. Hasta ahora, hasta esta semana en la que se produjo la audiencia judicial, ¿había tenido algún contacto más con este tema? Había hablado con el doctor Ayala.
GS —No, en absoluto. Yo voy a la Fiscalía a atender un problema cuya etiología desconocía, me iba a informar a la Fiscalía. Veo cámaras, veo que está lleno de cámaras, están mis amigos periodistas allí y le pregunto a la funcionaria Alicia de Facio, con quien nos conocemos también de aquella época: “¿Qué pasa, Alicia, que hay cámaras?”; “Está el fiscal general”; “Ah. ¿Y por qué?”; “Por la amenaza de muerte”; “Ah… Yo vengo por Ayala”; “Pero precisamente, Ayala está detenido por la amenaza”; “¡Ah, no sabía! Creía que era por otro asunto”.
EC —Usted iba por Ayala, ¿por qué tema?
GS —No sé, iba a averiguar en Fiscalía General por qué tema era. Me encuentro con que está vinculado al tema de las amenazas. Es más, pido para hablar con la fiscal, Mónica Ferrero, a quien aprecio mucho y conozco desde hace muchísimos años. Después de que termina de declarar el fiscal general, que pasa, no saluda, por supuesto –no me preocupa mucho–, pido para hablar con Mónica. Y le digo: “Yo voy a ser el abogado de Ayala”, y ella me dice: “Pah, hay un problemita, vos estás en las escuchas”.
EC —Sí, porque la fiscal a cargo de la investigación había ordenado una serie de actuaciones, entre ellas la interceptación de llamadas telefónicas. Y en una de ellas, por lo menos en una, aparece usted.
GS —Claro, sí. Entonces me dice: “Por razones éticas, capaz que no te conviene asumir”; “No hay problema, llamo por teléfono a Enrique y que venga él y asuma”. Y efectivamente hago eso. Enrique Viana viene, escucha la ratificación solamente de la denuncia por parte del fiscal general, no acepta acceder a ningún otro mecanismo de prueba, a otra recolección de prueba que está en la carpeta, y de allí en más me informa que no hay ningún elemento que me impida tomar la defensa. Por lo tanto asumo como codefensor. Y allí la estrategia que planteamos con Enrique, coherente y congruente con nuestra posición con respecto al Código, es la de que nuestro defendido no declare en Fiscalía, y además, obviamente, preparar la interposición de la inconstitucionalidad, que el doctor Enrique Viana, con su enjundia jurídica, ya tenía prácticamente armada, más de 80 fojas con citas de todo tipo de ilustres constitucionalistas y publicistas. Por lo tanto nuestro defendido no declara y nosotros aguardamos la audiencia de formalización.
EC —Vamos un poco más a los detalles. En una de esas grabaciones de conversaciones telefónicas él admite, de hecho, haber sido quien hizo esa llamada telefónica con la amenaza. “Estoy escondiendo el revólver, el 32 nuevo que tengo. Cuando yo amenacé a Díaz dije que era un comando y se cagaron, yo preví que me hicieran un allanamiento, así no me podían joder, y escondí tanto el 32 nuevo que no lo encuentro, lo metí en el gimnasio con bolsas y todo. Ahora ando con un revólver de un coronel. Vos sabés que ahora tiene lío Díaz. El ministro Bonomi, por el asunto del Código y esas cosas, y Díaz sacándose fotos en el interior. Lo van a matar entre Zubía y Salle, yo estoy atento para caerle arriba y despedazarlo”, dice Ayala en una conversación con su mecánico.
GS —Sí.
EC —Ayala está comprometido en este caso, está complicado.
GS —Ayala está, como acaba de decir usted, con el grado de compromiso que implica esta escucha. Ahora, vayamos por partes…
EC —Ayala ahí reconoce que fue quien llamó.
GS —Fíjese que usted tiene esa escucha y Huberto Álvarez no, el juez. ¿Se da cuenta? Todo el pueblo uruguayo escuchó esas grabaciones y escuchó otra grabación.
EC —Yo no las tengo, salieron en televisión, las difundió Subrayado.
GS —Salieron en televisión, y salió otra, la de Ayala hablando conmigo. Ahora, miren qué curioso, todo el pueblo uruguayo está enterado de esas grabaciones, del contenido, patatín patatán; el juez no. Qué curioso, porque el artículo 16 de la Constitución de la República dice que en la pirámide del orden jurídico es de máxima jerarquía, todo lo otro está por debajo, o sea, el Código está por debajo. El artículo 1 de la Constitución de la República dice que quien toma declaraciones al indagado inmediatamente y bajo la más seria responsabilidad es el juez instructor. ¿Sabe qué pasa?
EC —Acá tengo los artículos 15 y 16. Artículo 15: “Nadie puede ser preso si no en in fraganti delito o habiendo semiplena prueba de él por orden escrita de juez competente. Artículo 16: “En cualquiera de los casos del artículo anterior, el juez, bajo la más seria responsabilidad, tomará al arrestado su declaración dentro de 24 horas, y dentro de 48 horas, lo más, empezará el sumario. La declaración del acusado deberá ser tomada en presencia de su defensor, este tendrá también el derecho de asistir a todas las diligencias sumariales”.
GS —Bien. ¿Dónde dice allí que es el fiscal general o el fiscal delegado que le toma declaraciones? No dice, el constituyente no le dio participación alguna en esta etapa al fiscal.
EC —Ahí está manejando uno de los argumentos que usted y el doctor Viana tienen para sostener que la reforma del CPP es inconstitucional.
GS —Es fundamental, porque, como dijo Díaz, “vamos a modificar el ADN de la justicia”. El ADN de la justicia, del proceso penal, está en la Constitución de la República, por lo tanto, señor Díaz, usted tendría que haber consultado al pueblo, y no a través de una ley querer llevarse por delante la Constitución. Entonces nosotros respetamos la Constitución y le dijimos a Ayala: “Usted no declara, usted declara ante quien dice la Constitución de la República, que es el juez”. Es más, toda la recolección de prueba que dice la Fiscalía es inconstitucional, porque está a cargo del juez, les guste o no a Díaz y a la Embajada de Estados Unidos. Y mire que voy más allá del aspecto de la discusión de si está bien o mal el proceso acusatorio, ese es otro tema.
EC —Sí, porque se han manejado argumentos a propósito de esta reforma, por ejemplo el argumento de que lo más adecuado es que el juez sea absolutamente imparcial y que para eso su trabajo debe reducirse a resolver, si investiga de algún modo está tomando parte, la imparcialidad se ve afectada, entonces lo único que debería hacer es evaluar, sopesar y decidir a partir de una investigación que encabeza el fiscal. Esa es la médula del proceso acusatorio.
GS —Ese es un argumento de carácter filosófico del proceso acusatorio que no voy a entrar a discutir. Solamente le voy a decir lo siguiente: nuestra Constitución no lo prevé, prevé un sistema inquisitivo acusatorio. Esta primera etapa es inquisitiva. Por lo tanto, si se quería traer el acusatorio puro, había que modificar la Constitución. Punto, ahí me quedo.
EC —Pero ¿la Constitución prohíbe que sea el fiscal quien investigue? ¿O la Constitución establece lo que acabamos de leer, que el interrogatorio tiene que hacerlo el juez?
GS —No, como la Constitución indica quién debe hacer el interrogatorio, cualquier otra forma de proceder en contra de lo que prevé el constituyente es inconstitucional. Sin duda. Acá no se trata de un problema de prohibiciones, sino de un principio.
EC —¿Y qué pasa si la investigación la hace el fiscal y el primero que interroga es el juez, de acuerdo a lo previsto en el artículo…?
GS —Ya interrogó el fiscal, y no puede. Por eso mi cliente no declaró. Pero es más, este código admite que se llegue al juez pidiendo la formalización, que es el procesamiento de antes, sin que el juez haya visto la semiplena prueba, cuando en realidad el requisito constitucional es que el juez obtenga la semiplena prueba para procesar. Aquí se violaron los artículos 15 y 16 de la Constitución, y basta con que se viole uno… El Código es inmoral, inconstitucional y criminal, o sea que ya no es un problema solo de Constitución; tendríamos horas para hablar de este código.
EC —Sí, la argumentación de los doctores Viana y Salle es extensa, larga.
GS —Es un código que mercantilizó la justicia penal.
EC —¿Por qué la mercantilizó?
GS —Porque admite el pacto, al admitir el pacto admite la extorsión y la falsificación ideológica.
EC —¿Qué es el pacto?
GS —El pacto es el proceso abreviado. Usted está preso, tiene a su señora presa, ejemplo Balcedo, la tiene en un campo de concentración…
EC —¡¿Campo de concentración?!
GS —Sí, campo de concentración, el CNR (Centro Nacional de Rehabilitación). O vamos a Las Rosas o al Comcar, pasamos una noche si quiere, si nos dan autorización. Mire que este país tiene 12 quemados vivos en la cárcel de Rocha y no pasó nada, se archivó el expediente.
EC —Ahí está hablando de la calidad de las cárceles.
GS —Sí, de los campos de concentración. Entonces usted está en esa situación, la justicia lo tiene acorralado, a usted y su esposa, como en el caso de Balcedo, y allí viene el planteamiento del fiscal: si confesás, el delito es menor. No importan los hechos, porque se extinguió, se eliminó el principio de legalidad. Esto no es invento mío, el principio de legalidad está expresamente eliminado. Entonces yo puedo pactar las figuras, puedo cambiar la realidad fáctica por aquella que se acomode al pacto, a la transacción hecha en condiciones de extorsión, porque estoy preso, porque mi familia, porque tienen escuchas… Ese mecanismo en el derecho público no es un problema de inconstitucionalidad, es un problema de inmoralidad, es un código inmoral, y es lo peor que le puede pasar a un país, que su sistema legal admita la inmoralidad. Y eso es el nuevo código.
EC —¿Esas son las razones que llevan a su cliente a amenazar de muerte al fiscal de Corte, Jorge Díaz?
GS —No. Primero, él no ha declarado, no se ha declarado inocente, no ha explicado el tema.
EC —Las grabaciones lo comprometen.
GS —Las grabaciones lo comprometen, pero…
EC —Se lo pregunto teniendo en cuenta la grabación que divulgó de la conversación entre usted y él, porque ahí aparecen otras razones. Ayala dice: “Ahora hubieron (sic) amenazas contra Díaz”, y usted responde: “Eso es verso, ¿quién va a amenazar al mequetrefe ese, no sirve para nada”. Resultó que por lo visto la amenaza había sido del propio Ayala. Pero más adelante Ayala dice: “¿Qué solución práctica puede haber?”, y usted contesta: “Ninguna, seguir aguantando la mecha. Los uruguayos se acostumbraron a aguantar la mecha”. Y dice Ayala: “El trabajo me bajó radicalmente”, y usted acota: “No hay laburo, está todo paralizado”. Ayala: “Estatizaron a la justicia penal”, usted: “A la defensa estatizaron”; Ayala: “Habrá que seguir empujando, a ver si se cae el nuevo código”; Salle: “Este pueblo está muy bajo”. Parecía haber en Ayala una disconformidad, un malestar porque como consecuencia del nuevo CPP su trabajo había bajado.
GS —Sí, es una realidad, pero no lo decimos los abogados, lo dice el Ministerio Público, lo dicen los fiscales: 27.000 denuncias en carpeta sin que se hayan abierto. Lo dijo Fossati: 1.500 investigaciones para realizar, ¡1.500! Yo fui funcionario de Fiscalía, no existe eso, porque si tienen 1.500 hoy, a fin del 2018 va a tener 17.000. Colapsó el sistema judicial penal del Uruguay. Pacheco le dice que no puede venir, ¿sabe cuántas vistas tiene para realizar? Seiscientas, ¡600 casos complejos! ¿De qué estamos hablando?! Efectivamente es un colapso. Y por supuesto, si hay un colapso, si no se investiga, si los delincuentes siguen presos, los abogados trabajamos menos. Pero no es la preocupación fundamental nuestra que haya bajado el trabajo, la preocupación nuestra es el colapso de la justicia y la violación de la Constitución, la violación del Estado de derecho, el golpe de Estado técnico, el estado de situación que vive hoy el país. Esa es nuestra preocupación.
EC —Me llamó la atención la columna del viernes pasado del doctor Leonardo Guzmán en el diario El País, que en esa ocasión hace referencia al recurso de inconstitucionalidad que usted presentó. Más allá de que destaca la gravedad de que se haya amenazado de muerte al fiscal de Corte y que ese sea el fondo del asunto, también agrega, palabra más, palabra menos, que al recurso de inconstitucionalidad hay que prestarle atención, hay que evaluar con seriedad los argumentos.
GS —¿Qué le parece lo que acabamos de decir?
EC —¿Qué está pasando con ese recurso? ¿Qué trámite está teniendo? Empezó mal…
GS —Empezó mal y termina mal.
EC —Empezó mal porque usted había recusado a la Corte.
GS —Recusamos a la Corte porque inéditamente varios integrantes de la actual Corte salieron a hacer propaganda, y si no salieron a hacer propaganda avalaron la propaganda que en su momento realizó el exministro Pérez Manrique con respecto a este código y a esta ingeniería jurídica, un conjunto de normas que vienen contextualizando el código. Entonces nosotros agregamos prueba de todo ello, decimos: si la Corte se embanderó con este código, si el ministro Chediak dice “yo no voy a hablar de las críticas a este código, voy a hablar de lo bueno de este código”, si expresamente flecha el discurso de la Corte a favor del Código, evidentemente esta Corte sobre la inconstitucionalidad no puede fallar, porque ya adoptó posición. Ya no es imparcial, ya es parcial, ya está a favor del Código.
EC —Pero esa recusación fue rechazada.
GS —Pero cuando usted recusa a alguien, ese alguien no puede ser el que juzgue sobre la recusación, porque si no es juez y parte. La Corte tendría que haber designado una corte ad hoc, tendría que haber traído ministros del tribunal de apelaciones y haber dicho: “Señores ministros, juzguen ustedes si nosotros incurrimos en un prejuzgamiento, en parcialización de la temática y digan si está bien o mal la recusación de Viana”. No, ¡la Corte se convierte en juez y parte! Este es el Uruguay en el que le decía a Arrieta que vivimos, ¡la SCJ, que tiene que dar ejemplo de probidad, de tecnicismo, emite una resolución, una sentencia que causa precedente en la que justifica ser juez y parte! Es una barbaridad. Y claro, ¿qué va a hacer la Corte, si rechazó la recusación en estos términos y se arrogó ilegítimamente el derecho de juzgar sobre la recusación? Va a decir “somos competentes”, como dijo, y que el Código es constitucional. No sé cómo lo va a decir, lo más probable es que busque alguna excusa de carácter formal, como falta de legitimación activa, porque ya hay una sentencia en menores que viene por ese lado.
EC —Falta de legitimación activa…
GS —No, falta de interés legítimo personal y directo de quien presenta el recurso.
EC —Que en este caso es Ayala, a través de ustedes.
GS —Sí. En una sentencia de adolescentes se especificó que como todavía el individuo no estaba preso, en menor no estaba privado de libertad, no había surgido el interés directo. Y aquí me puede decir la Corte –fíjese lo rebuscado del caso– que Ayala todavía no tenía el interés directo porque no estaba preso. ¿Qué quiere con esto la Corte? Inventó, pienso –si es que esta es la sentencia que va a sacar, esto es una inferencia, una conjetura, una proyección de futuro– que lo que quiere es extinguir el efecto suspensivo del recurso de inconstitucionalidad, no quiere que se cumplan la Constitución y la ley en cuanto al efecto suspensivo y va a buscar eludirlas por esto. Por supuesto, yo estimo que Díaz está muy preocupado.
EC —Pero de esa manera no estaría contestando el fondo del asunto.
GS —No…
EC —Si fuera por el lado que usted interpreta o cree no estaría contestando.
GS —Claro. ¡Mejor todavía!, porque no tiene que dar explicaciones de la violación del artículo 16.
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Transcripción: María Lila Ltaif
