Entrevista con Carlos Díaz, secretario nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
EN PERSPECTIVA
Martes 05.04.2016, hora 7.51
EMILIANO COTELO (EC) —Las revelaciones de la investigación periodística conocida como “Panama Papers” están generando repercusiones en todo el mundo. En la prensa se informaba ayer que países como Alemania, Austria, Australia, Brasil, EEUU, Francia, Holanda y Suecia habían comenzado indagatorias para comprobar si había ciudadanos suyos involucrados en delitos.
Todo empieza con este trabajo desarrollado por un consorcio internacional de periodistas [The International Consortium of Investigative Journalists] y más de 100 medios de comunicación, que procesaron 11,5 millones de documentos pertenecientes al bufete panameño Mossack Fonseca donde aparecen diversas personalidades mundiales vinculadas –por ejemplo el presidente [ruso] Vladimir Putin o el futbolista [argentino] Lionel Messi– [o personas cercanas a ellas] que figuran como titulares de empresas de papel constituidas en paraísos fiscales.
El caso tuvo su “pata” uruguaya. Algunos detalles en ese sentido: aparecen mencionado el contador Juan Pedro Damiani y su despacho, que trabajaron para siete sociedades offshore vinculadas a Eugenio Figueredo, ex vicepresidente de la FIFA, acusado de fraude y blanqueo de capitales por el FBI en EEUU. También el estudio de Damiani hizo, aparentemente, de intermediario en una empresa registrada en Nevada, EEUU, vinculada a Hugo y [Mariano] Jinkis, padre e hijo, acusados de pagar millones de dólares en sobornos para adjudicarse derechos de televisación de campeonatos organizados por la Conmebol.
Otro de los documentos menciona que el futbolista argentino, Lionel Messi, utilizó un despacho uruguayo para constituir una sociedad panameña con el objetivo de seguir facturando sus derechos de imagen sin que se pagaran los impuestos a la impositiva española. El estudio en cuestión aquí, en Montevideo, fue Abreu, Abreu y Ferrés.
¿Cómo se está siguiendo este nuevo panorama desde la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo? Estamos con su titular, Carlos Díaz.
¿Cómo ha tomado estas novedades, desde el Gobierno uruguayo y desde esta agencia en particular?
CARLOS DÍAZ (CD) —En general no son demasiadas novedades para nosotros, no ha habido una información que no tuviéramos. Lo que nos ha llamado la atención, sí, es el proceso a través del cual se filtró la información, pero, sobre todo en uno de los casos, el que está en la justicia, esta información ya se tenía.
EC —¿Por qué dice que le llamó la atención el proceso por el cual se filtró esta información?
CD —No es habitual que firmas que tienen estas características no tengan determinados blindajes para custodiar la información con la cual trabajan, que es tan sensible. Precisamente una de las características del servicio que ofrecen a sus clientes es la confidencialidad. ¿Cómo se les escapó?… bueno, bienvenido sea que así haya sido, pero llama la atención, solamente eso.
EC —Usted dice: “Bienvenido sea”, ¿por qué? En principio toda la actividad de creación y operación de estas sociedades es algo legal…
CD —Sí, es algo legal, ha ido cambiando la propia legislación de Panamá, Panamá ha estado incluido en una lista gris y va a ser ahora evaluado nuevamente por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) a propósito, precisamente, de su particular régimen, que permitía todo este tipo de liberalidades. Las consecuencias, como hablábamos hace no mucho con usted, cuando un país tiene determinadas características, son de este tipo: a través de instrumentos legales, de un entramado legal, se atrae lo que es absolutamente lícito, lo que es más o menos y lo que no. El capital escondido allí, el que no pueda determinarse quiénes son sus titulares… atrae todo tipo de capitales, los que sirven, los que no… En fin.
De todas maneras, lo bueno, que no tiene una relación directa con esto, estimo yo, no lo sé, es que Panamá ha transformado sustancialmente su régimen, el Gobierno panameño está precisamente en una pulseada fuerte con este tipo de estudios. No es casualidad, tampoco -nosotros veníamos siguiendo este tema-, que en enero esta firma tuviera unos problemas relativamente importantes en Brasil, incluso fueron detenidos e indagados trabajadores de la firma, y que en marzo Ramón Fonseca tuviera que renunciar a un cargo que sería de asesor del Gobierno de Panamá, por un problema que tuvo o que tenía su estudio con la Justicia española.
O sea, hay un cambio en la propia Panamá. Eso no implica que… en principio para nosotros son cosas distintas.
EC —Desde el punto de vista uruguayo tenemos dos frentes posibles para considerar. Por un lado el que yo mencionaba recién: figuras o personas de nuestro país que hayan abierto empresas radicadas en Panamá a través de un estudio jurídico como este. Desde ese punto de vista usted dice que no hay mayores novedades.
CD —Hasta ahora no, no quiere decir que no pueda haberlas. Las personas que se han manejado como abriendo cuentas o teniendo cuentas, absolutamente todas, han estado en conocimiento nuestro y de la Justicia. Algunas están indagadas, otras no. No nos olvidemos que en Uruguay el delito fiscal, como podría ser el caso del jugador de fútbol al que está vinculado un estudio, no es delito precedente de lavado de activos. Por ese lado delictual no hay una investigación. En el otro caso es notorio, en el caso el vinculado con FIFA sí hay una investigación abierta, y en ese caso esa información ya se tenía, se le proporcionó a la jueza.
EC —Por un lado está la eventual apertura de sociedades en Panamá por parte de ciudadanos uruguayos. Por otro lado está la actividad de los intermediarios. En ese sentido el informe que ha preparado este Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación [ICIJ] ubica a Uruguay entre los diez países donde operan más intermediarios para ese estudio panameño: 298 empresas uruguayas figuran entre los más de 14.000 bancos, estudios de abogados y otros intermediarios que ayudaron a crear sociedades con Mossack Fonseca. ¿Esto qué le dice a usted?
CD —Tiene varias lecturas, porque eso… Usted dice: ¿por qué una economía relativamente más pequeña que las que lo preceden en esa lista de diez…? Fíjese que primero está Hong Kong, después Inglaterra, Suiza, EEUU, Panamá, Guatemala, Brasil…
EC —En cuanto a cantidad de intermediarios primero está Hong Kong, después Reino Unido, Suiza, EEUU, Panamá, Guatemala, Luxemburgo, Brasil, Ecuador y después Uruguay, con 298 intermediarios.
CD —¿Por qué? Supongo que porque el régimen societario que Uruguay tenía era atractivo. A medida que ha ido evolucionando la transparencia en cuanto a las sociedades, precisamente, Uruguay fue dejando de ser atractivo. Quizás hace un tiempo estuviera en un lugar más alto en el ranking, con seguridad al día de hoy no ocupará el décimo lugar, porque ya no es tan fácil de enmascarar.
EC —A su vez, ese lugar que ocupaba Uruguay con la normativa anterior, ese papel destacado que jugaba en la relación con este bufete panameño, ¿se explica por negocios provenientes de Argentina más que de Uruguay? Esa es una especulación con la que ayer se manejaban varios oyentes.
CD —Eso sería demonizar a Argentina, que es un país con el cual somos vecinos y tenemos que tener las mejores relaciones. Si se ve desde el aspecto tributario, podría entendérselo así. De todas maneras, Argentina siempre ha sido un lugar que se ha refugiado o instalado en Uruguay: en 1930 teníamos el hotel de los argentinos en la rambla de los argentinos. Durante toda la historia, por razones más que nada de seguridad jurídica, [los argentinos] se han instalado en Uruguay. También es cierto que las primeras Sociedades Anónimas Financieras de Inversión del año 1948 eran todas argentinas.
En fin, no lo podemos afirmar, no lo sabemos, entra dentro del secreto bancario, podría ser Argentina o podría ser otro país.
EC —La secretaría que usted encabeza, ¿piensa tomar algún tipo de acción a partir de esta información?
CD —La secretaría ya tiene toda una estrategia planteada. En cuanto a la información que ha surgido hasta ahora, ya estaba, no es novedosa, estamos hablando de un volumen difícilmente mensurable, son alrededor de 11 millones de datos que se están procesando y que, supongo yo, irán produciendo más información y más datos. En la medida en que haya algo que no conozcamos tenemos que verificarlo.
Definitivamente la secretaria a partir del 1º de enero tiene un rol diferente al que tenía y, prescindiendo de su actividad como auxiliar de la Justicia, tiene la obligación, per se, de hacer las verificaciones, inspecciones e investigaciones que lleven a determinar si los que intervinieron en la creación o vinculación con estas sociedades tomaron todas las medidas y si hicieron todos los controles para identificar tanto a los clientes que están detrás de las transacciones que se han hecho como el origen de los fondos.
EC —Eso es lo que debe verificar la secretaría.
CD —Eso es lo que debe verificar la secretaría.
EC —¿Que se haya hecho, por ejemplo, la declaración de operaciones sospechosas, etcétera?
CD —No sé si se habrán hecho declaraciones sospechosas, eso le corresponde un poco más a la Unidad de Información y Análisis Financiero. Pero lo que importa, más que hacer la declaración o no, es por lo menos haber hecho el control, en absolutamente todos los casos, 100 % de los casos, así la operación pueda no resultar sospechosa.
EC —A los efectos de ese control, ¿la secretaría puede utilizar estos documentos que se han filtrado, teniendo en cuenta justamente que es información obtenida de manera ilegal?
CD —Eso no lo sé definitivamente, en cuanto a si es pertinente o no utilizar la información. Si toma conocimiento la Justicia o… lo que sucede además es que habría que interpretar, y en ese sentido estamos un poco nuevos, la facultad que tiene la secretaría otorgada por la ley que le confiere “las más amplias facultades de investigación”. Sería una información que estaría allí arriba y que podría ser importante, o no, podría ser prioritaria, o no, depende. La secretaría tiene un plan de acción ya trazado y no puedo decir en este momento… Con lo que tenemos no cambiaríamos el plan que tenemos, no hay ninguna novedad, como le decía, como para priorizar esta información que está surgiendo sobre otras actuaciones que ya están previstas para esta semana que viene.
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Transcripción: Andrea Martínez