Entrevista con Christian Mirza, interlocutor del Gobierno con los exreclusos de Guantánamo.
Carol Milkewitz/EnPerspectiva.net
EN PERSPECTIVA
Viernes 9.9.2016, hora 8.24
EMILIANO COTELO (EC) —Jihad Diyab estuvo preso durante 12 años en la cárcel Guantánamo, acusado de ser un militante jihadista especializado en falsificación de documentos. En diciembre de 2014 llegó a Uruguay –junto a otros cinco exreclusos de Guantánamo– en calidad de refugiado, pero no demoró en mostrar su disconformidad con el país y con las condiciones en que fue traído.
Ahora, en estos días, esa disconformidad alcanza su punto más crítico.
En un video difundido esta semana por sus allegados, Diyab, de 45 años, dice que en Uruguay sufre “más tortura y más prisión” que en Estados Unidos. La imagen lo muestra acostado en una cama y con apariencia débil, debido a la huelga de hambre de 25 días que, según dice, lleva adelante, para que le faciliten la reunión con su familia. Su esposa y sus tres hijas, a quienes no ve desde 2002, se encuentran en Turquía.
El gobierno está trabajando para hallar una salida, pero hasta ahora no encuentra un país de origen árabe que acepte recibirlo.
Para conocer más detalles de la situación y de las posibilidades para adelante, recibimos a Christian Mirza, interlocutor del gobierno con los exreclusos de Guantánamo.
Primero nos gustaría presentarlo brevemente, los oyentes seguramente hayan escuchado mucho su nombre pero quizás no tienen presente cómo ni por qué usted fue elegido por el gobierno para jugar este papel de nexo, de intermedio con los exreclusos. ¿Cómo es esto?
CHRISTIAN MIRZA (CM) —Esa es una pregunta recurrente. En realidad yo formo parte del Comité de Apoyo al Pueblo Palestino hace años, y en ocasión de la llegada de los refugiados de Guantánamo la comisión decidió ir a visitarlos, en febrero de 2015, puesto que entre los seis hay uno que es palestino. Ese fue el primer contacto que tuve personalmente con los seis refugiados de Guantánamo. Una vez que asumió el presidente Tabaré Vázquez y, concomitantemente, fue designado como canciller Rodolfo Nin Novoa, este último me convocó para realizar un intercambio y me pidió impresiones y opiniones respecto a la situación de los refugiados de Guantánamo. Una vez terminada esa conversación informal, le dije al ministro que estaba a las órdenes para la mano que pudiera dar. Esa mano se transformó formalmente en una resolución que me designa como nexo y punto focal entre el Gobierno uruguayo y los seis refugiados de la cárcel de Guantánamo.
EC —¿Usted nació en Egipto?
CM —Sí, yo nací en Egipto, vine en el año 63, cuando tenía seis años, y soy ciudadano legal, hice todos los trámites correspondientes. Varias veces me preguntaron por qué a mí, y yo digo que a lo mejor porque soy asistente social o asistente universitario, qué sé yo, no sé, podrían haber más razones. En realidad la percepción que tengo es que el ministro, obviamente con el aval del presidente de la República, me designó por una razón de confianza personal y política.
ROMINA ANDRIOLI (RA) —Su cargo es honorario.
CM —Absolutamente honorario. Yo insisto mucho en esto porque por ahí en las redes y en los comentarios que se suscitan a veces alguno cree que yo cobro un sueldo, y no. No puedo cobrar, porque yo soy docente universitario en régimen de dedicación total, profesor agregado grado cuatro, y por lo tanto no puedo tener otro empleo público, tampoco privado, puedo hacer cosas muy puntuales. O sea, esto es absolutamente ad honorem, en carácter voluntario.
EC —Vayamos al fondo del asunto.
RA —Si, recordemos en primer lugar en qué régimen fue que llegaron los seis exreclusos de Guantánamo y qué compromisos asumieron, ellos y el Gobierno.
CM —Bien. Ellos cuando llegan a Uruguay después de haber realizado los chequeos médicos y haberse diagnosticado básicamente la situación de salud de cada uno de ellos, se les propone incorporarse a un programa de inserción, de integración a la sociedad uruguaya. Este programa lo lleva adelante, hasta ahora, el Servicio Ecuménico para la Dignidad Humana (SEDHU), una organización no gubernamental que trabaja hace muchos años con refugiados en general, aquí en Uruguay hay más de 300 refugiados. Esto se hace en el marco de un convenio entre esta organización y la cancillería y este programa se presenta a los refugiados como una opción de trabajo y como forma de llevar adelante procesos de integración. En ese programa, y en la carta compromiso específicamente, se detallan los derechos y obligaciones de los refugiados.
EC —Básicamente, en este caso, ¿cuáles serían?
CM —En los ítems podemos señalar la atención de salud, la obligación de aprender el idioma español y de calificarse o insertarse en el mercado de trabajo, obviamente el respeto a las normas y leyes uruguayas. También se establece la obligación de otorgarles un subsidio que es aproximadamente de $ 15.000 mensuales, más la cobertura de alojamiento por un tiempo determinado. El programa expira en febrero de 2017.
EC —¿Todo eso lo paga el Estado?
CM —Sí, esos son recursos que son provistos en el marco del convenio a SEDHU, que los administra y los transfiere.
