Según el catedrático de Derecho del Trabajo, en el texto "no hay nada nuevo", pero sí "se reúne toda la normativa en la materia", incluida una ley de la época de Pacheco Areco que nunca se aplicó hasta ahora
Transcripción de la entrevista
Una de las condiciones que UPM había puesto para concretar la inversión en su segunda planta de celulosa era que se acordaran “Procedimientos de Prevención y Solución de Conflictos, así como la regulación de Piquetes y Ocupaciones”.
Esta semana la compañía finlandesa comunicó que había tomado la Decisión Final de Inversión. Y junto con la resolución se conoció un decreto del Poder Ejecutivo que incluye mecanismos para prevenir y controlar los conflictos laborales colectivos e individuales que puedan surgir en la etapa de construcción.
Una de sus piedras angulares es la instalación en el lugar de una oficina de la Inspección General del Trabajo y otra de la Dirección Nacional del Trabajo, dotadas de amplias potestades para intervenir a efectos de “que se cumpla con la obligación de paz pactada en los convenios colectivos respectivos, así como para la obligación de no adoptar medidas, en tanto se cumplan las instancias de mediación y conciliación previstas (…)”.
Desde el PIT-CNT se enfatiza que el procedimiento anunciado no innova para nada en cuanto a la normativa vigente; es más, el dirigente Fernando Pereira explicó que, si se dan las circunstancias, podrán producirse ocupaciones.
¿Cuáles son las fortalezas de esta fórmula? ¿En qué medida puede ser efectiva para prevenir conflictos sindicales? Ayer lo hablamos con Milton Castellano, presidente del Instituto Cuesta Duarte del PIT-CNT. Esta mañana, En Perspectiva lo retomó con el doctor Juan Raso, catedrático Grado 5 de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social de la Universidad de la República.
Raso subrayó:
-Desde la opinión de un técnico, digamos, llamemos especialista… Para mí es el texto más interesante que creo que haya aprobado el Uruguay desde el siglo XX hasta ahora.
-No esperaba que fuera tan contundente su juicio.
-Lo que dicen desde el PIT-CNT es cierto. En realidad acá no hay nada de nuevo, pero lo que sí de alguna manera debe señalarse, es que el Gobierno, el Estado, reúne toda la normativa que existe en la materia, normativas a veces que se aplican, normativas que a veces no se aplican, y dice a UPM: ‘Esta es la normativa uruguaya y yo me comprometo a aplicarla’. Este es un texto que desde ese punto de vista, significa un compromiso de una política pública del Estado en que se cumplan estas reglas.
Respecto al texto, Raso destacó que el decreto incluye normativa laboral en cuanto a prevención de conflictos que hasta el momento no se aplicaba, pero que comenzarán a implementarse:
-Lo que tiene de muy curiosa esta resolución es que mezcla algunas normas que son importantes en la historia laboral de nuestro país. La primera cuestión, Emiliano, que quizás nadie note bien es que en el decreto del Poder Ejecutivo se dice que el Estado aplicará el preaviso obligatorio de siete días para la huelga y el lockout, de la ley 13.720. En el número 5 de los visto. ¿Y qué significa esa ley? Es una ley que se aprobó en la época de Pacheco Areco. Era una ley que se aprobó con la idea que tenía Pacheco Areco de hacer una ley contra los sindicatos. Él pidió asesoramiento a los laboralistas de la época, uruguayos, y nadie aceptó hacerle una ley. Entonces pidió a un profesor famoso brasileño, Victor Russomano, que hiciera una ley, y él hizo esta ley, pero mínima, que no definía la huelga, no ponía sanciones. Solo decía "toda medida de huelga o de lockout tiene que tener siete días de preaviso". Esta ley, luego de la dictadura (1973-1985) jamás se aprobó, siempre se consideró que era una historia de la época de Pacheco.
-Lo que usted marca que es una ley que está vigente, pero que no se utilizaba.
-No, y hoy el Gobierno dice, el Gobierno del Frente Amplio, dice: ‘Voy a aplicar esta ley’. Esa es una cuestión que yo considero que no es menor. Tiene razón Milton Castellano, el Gobierno dice ‘no hay novedades, no vamos a hacer cosas nuevas, pero atención, les recuerdo que hay un protocolo del Sunca, les recuerdo que hay un convenio colectivo, un laudo del Consejo de Salarios del Sunca y de la Construcción del 2013, que establece reglas muy similares a lo que dice esta resolución’. Entonces, esta resolución, repito, no innova, pero dice ‘atención, todo esto que estaba un poco en la nebulosa, todas estas cosas, que parecían retóricas, nosotros las vamos a publicar’.
Un detalle llamativo del decreto es la instalación en la zona del obrador de una oficina de la Inspección General del Trabajo y otra de la Dirección Nacional del Trabajo para actuar de oficio o a demanda. Raso señaló que no hay antecedentes de una medida de este tipo y afirmó:
Un bosque se puede incendiar, siempre puede suceder alguien que haga un asado y empiece a hacer un asado y empiece a saltar una chispa en el bosque. Pero tener un dotación de bomberos al lado del bosque ayuda a apagar el incendio desde el vamos. Es muy diferente. Hay una norma que es importante, Emiliano, la número seis: ‘Los responsables de las oficinas referidas, se comunicarán directamente con los jerarcas del MTSS’. Es decir, no son unos sheriffs abandonados allá en Pueblo Centenario. Son personas que tienen autoridad para llamar al ministro, subsecretario o director de Dinatra. ‘Aquí apareció una chispa, vengan los camiones de bomberos’.
Raso destacó que con este decreto, “el empresariado va a tener más elementos para decir: ‘Se están violando derechos consagrados en la Constitución’”.
-En términos prácticos y en un caso concreto. Si se va a una ocupación, lo que acá está diciendo en la medida que habla de los derechos previstos en la Constitución es que también existirá el derecho del trabajador que quiera trabajar, y del jerarca de la empresa que quiera entrar a cumplir sus funciones…
-Y cuando la empresa pida el desalojo de una ocupación, la empresa seguramente se va a fundar en este decreto. Este decreto, repito, no es un saludo a la bandera. Se va a fundar en estas cosas, que no se cumplieron los pasos, que no se dio cuenta a la comisión, no se siguió el protocolo de la construcción. Con lo cual, me parece, el empresariado va a tener más elementos para decir: ‘Se están violando derechos consagrados en la Constitución’.
Transcripción de la entrevista
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Foto en Home: Agustín Magallanes
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