Referentes del asentamiento Casitas Blancas de la Cruz de Carrasco y de la organización social La Pascua hablan de los miedos de los vecinos, entre grupos de delincuentes que perdieron ciertos "códigos" y la amenaza latente de que el Gobierno demuela viviendas irregulares
Era diciembre de 2017. Sonia vio la noticia en el informativo de televisión, respiró hondo y enseguida pensó: “eso se viene para acá”. En la crónica se relataba cómo grupos de narcotraficantes habían usurpado casas de vecinos a punta de pistola y los habían obligado a irse del barrio Casavalle.
Ella sabía desde hacía años lo que era vivir en una de las mal llamadas “zonas rojas” con grupos criminales conquistando terreno. Es más, sabe, al día de hoy, quiénes integran esas maffias, pero no lo denuncia. Tiene miedo.
Años atrás a Sonia solían llegarle por Whatsapp mensajes claros, del tipo: “Dentro de un rato se va a poner bravo”. Pero eso era antes, cuando los narcos tenían ciertos “códigos” y le avisaban a los vecinos que podía darse una balacera, para que tomaran precauciones y no salieran a la calle. Sonia agradecía que le mandaran esas advertencias que le permitían estar alerta. Pero esos Whatasapp también la inquietaban: podía quedar como cómplice, ¿o no?
Luego esos avisos desaparecieron.
Y a comienzos de 2018 lo que Sonia temía efectivamente ocurrió. El fenómeno de Casavalle se había contagiado y replicado en apenas unos días: vecinos de La Cruz de Carrasco también debían dejar sus casas amenazados por delincuentes pesados.
Rumores, más rumores, hasta que en marzo arribó el primero de una serie de operativos del Ministerio del Interior. Al tiempo fueron demolidas dos viviendas donde presuntamente se había incautado algo. Luego más operativos, más demoliciones.
¿Eso traía calma? No, no necesariamente. El miedo ahora era otro e invadía a todo un barrio. “Se vienen a demoler todo lo que está edificado sobre el colector”. Esa era la especulación que corría. “Van a procesar a todos los que estamos colgados a la luz y el agua”, era otro comentario.
Blanca, por las dudas, empacó todo. Si le iban a derribar la casa, por lo menos quería poder irse con sus pertenencias. Ella sabía que el terreno no le correspondía y que la construcción era irregular. Así pasó varios meses, con sus cosas guardadas en cajas. El rumor era que las autoridades venían y te daban tres horas, no más. La confusión reinaba.
Ese ambiente llevó a que por primera vez pudiera hacerse una asamblea de vecinos promovida por la organización La Pascua, que trabaja allí en el territorio. Más de 150 personas se agolparon en el local tratando de obtener algo de información. “¿En serio nos sacan?”, “¿cómo hacemos con la luz y el agua?”, se preguntaban.
A la segunda reunión lograron que asistieran las autoridades del Ministerio del Interior (MI), de la Intendencia de Montevideo (IM) y de otros organismos. Después de meses, algo quedó claro: no se los iba a procesar sólo porque estuvieran conectados de manera irregular a UTE y a OSE. El Estado no podía dar ese paso. Años atrás algunos vecinos habían querido regularizar la situación, así que habían firmado un convenio con OSE; empezaron a pagar pero nunca les instalaron los contadores. Entonces, ¿cuál de las dos partes estaba verdaderamente omisa e irregular?
Recién a partir de ese encuentro quienes llevan décadas habitando en la zona de “las casitas blancas”, las viviendas precarias ubicadas casi detrás de la parroquia de Camino Carrasco y Juan Agazzi, se enteraron de que ese terreno pertenece desde 1992 al Banco Hipotecario del Uruguay. Tuvo que pasar mucho tiempo, demasiado.
Pero lo bueno era que ahora aparecía una esperanza. “¿Y si empiezan los trámites para regularizar?”, les planteó un jerarca de la IM. Eso los entusiasmó.
Si comienzan a pagar el terreno de alguna manera en cómodas cuotas, o el BHU se lo cede… ¿será la forma de que terminen teniendo calles asfaltadas? ¿Dejará de correr el agua por los caminos embarrando todo? ¿Podrán llamar a UTE para que les retiren el cable pelado que quedó tirado en el pasaje arriba del colector? Solo la idea les genera expectativas.
Así que se agruparon, se organizaron, y hacia allí van.
Otros son más temerosos o no tienen tanta información.
– “Y, ¿qué se sabe?, ¿alguna novedad?”, pregunta un vecino mientras Ángela y “el chileno” recorren la zona.
– “Sí, hay novedades buenas. Después te cuento, quedate tranquilo”, le responde Ángela
Esta mañana, En Perspectiva se acercó a lo que se vive del otro lado de los operativos encabezados por el MI y otros organismos del Estado. Esos operativos que, en general, se ven como necesarios.
Para preparar este enfoque, Romina estuvo dos veces en “las casitas blancas”, el asentamiento de La Cruz de Carrasco, visitó viviendas, charló con sus habitantes y consultó a organizaciones que trabajan allí. Hoy se contactó por teléfono, y visitaron el estudio del programa algunos vecinos y referentes del barrio: Baldemar González, coordinador de La Pascua, una organización católica que trabaja en la zona a través de un convenio con el INAU, y que es una institución de referencia barrial (trabaja allí como educador desde hace 15 años); Ángela Barboza, referente del barrio e integrante de la Comisión de la Cruz; y Eric Sáez, también referente del barrio y cocinero, quien es chileno y está radicado hace casi dos años en la zona.
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